El Constitucional de Portugal tumba la reforma migratoria impulsada por el Gobierno de Montenegro y la ultraderecha
- El presidente portugués ha vetado la modificación y la devolverá sin promulgar a la Asamblea de la República
- La reforma limita la reagrupación familiar de los migrantes y la expedición de visados de trabajo
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El Tribunal Constitucional de Portugal ha declarado este viernes la inconstitucionalidad de varias de las modificaciones introducidas por la reforma migratoria impulsada por el Gobierno del primer ministro conservador Luís Montenegro y la ultraderecha.
La ley fue enviada al alto tribunal por el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, quien consideró que las modificaciones que se introducen a la reagrupación familiar de los migrantes "parecen restringir de manera desproporcionada y desigual el principio de la unión familiar".
En una rueda de prensa este viernes, el presidente del Tribunal Constitucional luso, José João Abrantes, ha explicado que la decisión fue aprobada por mayoría en la corte. Al argumentar la decisión, ha precisado que las nuevas normas de reagrupación "pueden imponer la desintegración de la familia nuclear del ciudadano extranjero titular de un permiso de residencia" y violar los derechos consagrados en la Constitución.
Además, el tribunal ha considerado que imponer un plazo de dos años para pedir la reunificación, como planteaba la ley, es "incompatible con la protección constitucionalmente debida a la familia".
Ante la decisión del Constitucional, Rebelo de Sous ha vetado la reforma migratoria. Así, devolverá la reforma sin promulgar a la unicameral Asamblea de la República.
Montenegro asegura que "no renunciaremos a nuestro objetivo"
"No renunciaremos a nuestro objetivo, aunque tengamos que reformular la ley debido a una decisión del Tribunal Constitucional", afirmó el jueves por la noche Luís Montenegro, incluso antes de que el tribunal dictara su sentencia. "Si una disposición no se ajusta plenamente a los principios constitucionales, la mayoría respetará esta decisión y encontrará una solución jurídica", subrayó.
Por su parte, el líder del ultraderechista Chega, André Ventura, ha criticado este viernes que "no es comprensible" la decisión de inconstitucionalidad. En un mensaje publicado en su cuenta de X, ha sostenido que "no hay ningún derecho familiar que se anteponga a la seguridad del país y de sus fronteras".
"Es una mentalidad izquierdista que se ha apoderado de nuestras instituciones y contradice lo que los portugueses votaron el 18 de mayo", ha añadido.
En cambio, los partidos de izquierda han acogido la noticia "con satisfacción". El secretario general del Partido Socialista (PS), José Luis Carneiro, ha escrito en su cuenta de X que esta resolución supone "una victoria del humanismo sobre la inhumanidad que la coalición entre AD (la alianza gobernante) y (el ultraderechista) Chega quería imprimir a esta legislación".
Además, ha considerado que "se trata de una grave derrota política del Gobierno, de su arrogancia y de la incompetencia mostrada en esta materia".
Por su parte, el ecologista Livre también ha acusado al Gobierno de centroderecha de haber acatado las "propuestas inaceptables de la extremaderecha" y ha criticado la postura del Ejecutivo como "intransigente" en esta materia. Lo que supone un "claro atropello tanto del proceso legislativo normal como del Estado de derecho, lo que refuerza el estigma hacia las personas inmigrantes en Portugal", ha indicado el partido en un comunicado.
Una reforma aprobada con la ultraderecha
El Parlamento de Portugal aprobó el pasado 16 de julio con los votos del centroderecha y la ultraderecha una modificación de la Ley de Extranjeros, que entre otras cuestiones limita la reagrupación familiar de los migrantes, que solo podrán solicitarla después de dos años de residencia legal en el país, cuando antes no era necesario este tiempo.
La reforma también busca fomentar la expedición de visados de trabajo a personas que se dediquen a "actividades altamente cualificadas" y modifica los requisitos de residencia para los nacionales de países de lengua portuguesa, suprimiendo el régimen preferencial concedido a los nacionales de sus antiguas colonias.
Su aprobación vino acompañada de críticas por parte de los partidos de izquierda y de organizaciones de la sociedad civil, que pidieron audiencias con el presidente luso para trasladarle sus dudas sobre la legislación.
Rebelo de Sousa también se mostró crítico con la legislación, al considerar que "estas modificaciones pueden provocar un aumento de las rutas migratorias irregulares por parte de otros miembros de la familia que quedan excluidos del derecho a la reagrupación, como es el caso del cónyuge". Y avisó que podría contribuir "a una mayor estratificación entre las personas migrantes, en función de su cualificación y sector de actividad (…) comprometiendo el principio de igualdad y el principio de no discriminación".
El año pasado, el Ejecutivo ya derogó una disposición que permitía a los inmigrantes solicitar la regularización demostrando que llevaban al menos un año trabajando y cotizando a la seguridad social, incluso si habían entrado en territorio portugués con un visado de turista.
