Juana Rivas entregará a su hijo menor al padre este viernes y las partes abordan cómo hacerlo con intimidad
- El pasado martes no fue posible la entrega prevista del menor a su padre, que tiene la custodia
- El Juzgado cita a las partes para realizar el intercambio teniendo en cuenta el bienestar y la intimidad del menor
El Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada ha celebrado este miércoles un encuentro con los representantes legales de Francesco Arcuri y Juana Rivas y con la Fiscalía, una reunión para abordar cómo se hará la entrega del menor de la madre al padre, que se mantiene para este viernes.
Ante la imposibilidad de ejecutar el pasado martes la resolución judicial de los tribunales italianos y que ha avalado la Justicia española de entregar a Daniel, de 11 años, al padre, que tiene la custodia, ese juzgado convocó a las partes con el fin de encontrar una solución para realizar el intercambio teniendo en cuenta el bienestar y la intimidad del menor.
Se ha planteado un escenario diferente al del martes, cuando las partes fueron citadas en el punto de encuentro familiar de Granada, un espacio en el que se concentraron numerosos medios de comunicación y varias decenas de simpatizantes de Juana Rivas.
Según las fuentes citadas por Efe y Europa Press, la jueza ha analizado también el informe emitido por los tres profesionales que atendieron al niño durante las alrededor de tres horas que estuvo en el punto de encuentro, del que la madre, Juana Rivas, salió en ambulancia tras sufrir un ataque de nervios.
La juez dictará cómo hacer el intercambio
La juez dictará ahora cómo y cuándo se vuelve a fijar el intercambio, al que deben acudir los padres sin acompañamiento o asesores para salvaguardar "el superior interés del menor y sin sometimiento del mismo a exposiciones innecesarias para su beneficio", según se especificó en las diligencias de este martes.
Fuentes judiciales han explicado a EFE que este tipo de medidas no son extraordinarias y que en muchos otros casos de intercambio de niños entre progenitores se dictan aplazamientos por el bien del menor.
Daniel llegó al centro el pasado martes para la entrega acompañado de su madre y de su hermano, mayor de edad, que en días previos, había escrito una carta relatando el "desamparo" y el "temor" de su hermano ante la vuelta programada para con su padre, misiva en la que hablaba de "infierno". Tras más de tres horas en el centro, en el que el niño estuvo asistido por psicólogos, el intercambio no pudo producirse. Según fuentes presenciales a TVE, el niño no quiso irse con su padre.
La abogada de Juana Rivas, María Martos, insiste en que debe escucharse al menor, que "está decidido a quedarse aquí" y que "tiene la madurez necesaria para explicar su sufrimiento" como para ser tenido en cuenta. Por su parte, la defensa de Francesco Arcuri, Enrique Zambrano, calificó de "bochornoso" y "lamentable" que el menor fuera expuesto a la presión mediática y a un "paseíllo" que no ayuda a su bienestar.
El intento de entrega de Daniel se produjo tras el pronunciamiento 'in extremis' del Tribunal Constitucional, que minutos antes de la hora prevista para que Arcuri se quedase con su hijo, inadmitió la petición de medidas cautelares solicitada por Juana Rivas para suspender el intercambio.
El menor vivía en Italia desde el año 2017 y vino a España estas pasadas navidades con un permiso especial. En ese momento, Rivas acudió a la Justicia para que permitiese al niño quedarse con ella y un tribunal lo aceptó provisionalmente. La jueza escuchó al menor, que hablaba de "terror" a volver con su padre, investigado en Italia por maltrato a sus hijos y con un juicio pendiente para el próximo 18 de septiembre en Cagliari (Italia) por presunto maltrato habitual, físico y psicológico a sus hijos.
Esta última decisión judicial, avalada también por el Tribunal Constitucional, determina que el niño vuelva al municipio italiano de Carloforte, a la residencia de su padre, y establece que la madre pueda visitarlo exclusivamente en Cerdeña.
Es el último capítulo del complejo entramado judicial que Juana Rivas vive desde hace ocho años. El mediático caso comenzó en 2017 cuando Rivas desobedeció a la Justicia y no dejó pasar el verano a sus hijos con su padre, condenado por violencia de género en España. Tras un mes en paradero desconocido, terminó entregándose con los pequeños y afrontó una condena de cárcel y la pérdida de la custodia de los niños. Uno de los hijos ya es mayor de edad y está en España con su madre, pero el pequeño sigue bajo tutela de su padre en Italia. En abril de 2021, el Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores.
Justicia examinará la petición del Ayuntamiento de Macarena de detener la entrega
Fuentes del Ministerio de Justicia han informado de que están examinando "detenidamente" la solicitud recibida desde el Ayuntamiento de Maracena (Granada), en la que pide que el Ministerio intervenga para que se suspenda la entrega del hijo de Juana Rivas a su padre. Desde la cartera que dirige Félix Bolaños prevén dar una respuesta antes del viernes 25, fecha fijada por la Justicia para la entrega del menor.
El equipo jurídico de Juana Rivas también había remitido un escrito al ministro de Justicia, en el que le insta a que, como "autoridad central española", intervenga para evitar el próximo viernes la entrega de su hijo menor al padre, el italiano Francesco Arcuri, invocando una excepción incluida en el Convenio de La Haya de 1980.
En el escrito, los abogados esgrimen la petición, formalizada anoche, con el objetivo de salvaguardar el interés superior del menor, de 11 años, hasta que tenga lugar el juicio contra Arcuri por presunto maltrato hacia sus hijos, que está previsto que se celebre el próximo septiembre en Italia.
El Convenio de La Haya sobre la sustracción internacional de menores obliga a los estados firmantes a que, en caso de sustracción ilegal, los menores sean devueltos a su último país de residencia, que, en el caso del hijo de Juana Rivas, cuya custodia tiene el padre, sería Italia.
Pero entre sus excepciones incluye la de no hacerlo si existe un "grave riesgo de que la restitución -del menor- lo exponga a un peligro físico o psíquico" o lo coloque en una situación "intolerable".
