La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE urge proteger los derechos ante la presión migratoria de terceros países
- El organismo alerta que en cinco años varios gobiernos fuera de la UE han usado la migración para desestabilizar Europa
- El informe publicado pone como ejemplos a países como Bielorrusia, Turquía o Marruecos
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La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha hecho un llamado urgente a los países miembros para que respeten las normas comunitarias y el derecho al asilo, incluso en contextos de fuerte presión migratoria inducida por terceros Estados.
Este miércoles, la FRA ha subrayado que a pesar de las tácticas utilizadas por gobiernos externos para instrumentalizar a migrantes y refugiados —como ha ocurrido en los casos de Bielorrusia, Marruecos y Turquía—, los Estados miembros deben mantener su compromiso con los derechos humanos.
En palabras de la directora de la FRA, Sirpa Rautio, "en lugar de castigar a los inmigrantes y refugiados que están siendo utilizados y maltratados con fines políticos, los países de la UE deben dirigir sus medidas contra los actores hostiles". Esta declaración enfatiza la importancia de diferenciar entre las personas migrantes, que muchas veces son víctimas, y los Estados o entidades que las usan como herramienta política.
Instrumentalización de migrantes y sanciones propuestas
El informe publicado este miércoles por la FRA revela que, en los últimos cinco años, varios gobiernos no pertenecientes a la Unión Europea han "alentado o incluso organizado" la llegada masiva de migrantes con el objetivo explícito de desestabilizar a Estados miembros.
El documento advierte que "la acción se lleva a cabo con el objetivo de desestabilizar a la UE o a un Estado miembro", señalando así una estrategia deliberada para ejercer presión política mediante la migración irregular. La agencia europea insta a los países de la UE a responder de manera firme, pero siempre respetando los derechos fundamentales de las personas que tratan de llegar al bloque.
Para ello, la FRA propone imponer sanciones dirigidas a los Estados que llevan a cabo estas acciones hostiles, como restricciones en la emisión de visados o la retirada de licencias a empresas de transporte que colaboren en el traslado de migrantes. Estas medidas buscan castigar a quienes utilizan a las personas migrantes como arma política, evitando que se vulnere la dignidad y los derechos humanos de los afectados.
Prácticas contrarias al derecho internacional humanitario
El informe también reconoce que la respuesta de algunos Estados miembros a estas presiones migratorias ha derivado en prácticas contrarias al derecho internacional humanitario. Entre ellas se destacan las devoluciones colectivas, las detenciones arbitrarias y las restricciones indebidas al procedimiento de asilo, todas acciones que vulneran el marco legal y los derechos de los migrantes. Rautio advierte que "las medidas contra ese uso político de los migrantes no deben convertirse en el modelo general para tratar a quienes cruzan la frontera de forma no autorizada".
Este llamado es una alerta para evitar que las políticas excepcionales aplicadas en situaciones de crisis se transformen en la norma, lo que podría poner en riesgo a todas las personas migrantes. La FRA insiste en que deben respetarse los derechos fundamentales, entre ellos la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos, así como el principio de no devolución, que prohíbe enviar a migrantes a países donde su vida o integridad puedan estar en peligro.
Casos emblemáticos de instrumentalización migratoria
Un ejemplo claro de esta instrumentalización es Bielorrusia, donde el régimen de Alexander Lukashenko ha facilitado desde 2021 visados a migrantes procedentes de Oriente Medio y África para luego trasladarlos hacia las fronteras con Polonia, Lituania y Letonia, todos países miembros de la UE. El informe documenta que migrantes interceptados en estas fronteras sufrieron un "uso excesivo de la fuerza, malos tratos y abandono en bosques y pantanos de la zona sin comida ni protección", según denuncias de la ONU, el Consejo de Europa y diversas ONG.
Entre 2023 y 2024, casi 60 migrantes murieron por hipotermia intentando cruzar en condiciones extremas, un dato que refleja la gravedad de la crisis humanitaria generada por estas tácticas.
Por otro lado, Marruecos permitió en mayo de 2021 la entrada masiva de más de 8.000 inmigrantes a la ciudad española de Ceuta como respuesta a una crisis diplomática con España relacionada con el tratamiento hospitalario en territorio español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. El informe describe estas acciones como "un intento de presionar a España tras una disputa diplomática por el tratamiento en un hospital español de un líder rebelde del Sáhara Occidental".
El caso de Turquía también figura en el informe. En febrero de 2020, el Gobierno turco anunció que dejaría de impedir el paso de migrantes hacia la UE y, según testimonios, adoptó medidas para facilitar la entrada de personas en Grecia. Estas acciones se interpretan dentro de un patrón de utilización de la migración irregular como herramienta política.
Amenaza híbrida y vulnerabilidad de los migrantes
La FRA califica la implicación de terceros países en la migración irregular hacia las fronteras exteriores de la UE como una “amenaza híbrida”, equiparable a ciberataques o campañas de desinformación. Esta caracterización subraya la dimensión estratégica y multifacética de la presión migratoria inducida con fines políticos.
Sin embargo, la agencia advierte que un enfoque excesivamente centrado en la defensa y la seguridad puede invisibilizar la vulnerabilidad real de las personas afectadas. Sirpa Rautio recuerda que "muchas de las personas instrumentalizadas necesitan protección internacional" y que las políticas deben equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos humanos y la protección de quienes se encuentran en situación de riesgo.
