El Supremo de EE.UU. bloquea la polémica ley de Florida que criminaliza a las personas indocumentadas
- La ley SB 4-C permite que la policía estatal arreste y encarcele a personas sin estatus regular que entren a Florida desde otros estados
- Organizaciones de derechos humanos han celebrado la decisión, aunque advierten que "la lucha legal continuará"
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La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido este miércoles mantener, por el momento, el bloqueo a la ley SB 4-C de Florida, considerada una de las más agresivas contra los inmigrantes indocumentados en el país, ya que convierte en delito estatal su entrada al estado.
En una orden breve y sin mayores explicaciones, el máximo tribunal ha rechazado la petición del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien había solicitado revocar la suspensión dictada previamente por un tribunal inferior. Esta decisión mantiene paralizada la implementación de la medida impulsada por el gobernador Ron DeSantis.
La jueza federal Kathleen M. Williams había ordenado el 18 de abril frenar temporalmente la aplicación de la ley y declaró en desacato al fiscal de Florida por no acatar su decisión.
Williams argumentó en su fallo inicial que la legislación "es probablemente inconstitucional", por lo que concedió una orden judicial preliminar mientras continúa el proceso legal. La Corte Suprema, por su parte, no ha emitido un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.
La jueza Williams subrayó que la ley plantea serias dudas constitucionales, pues "infringe competencias federales exclusivas en materia migratoria y penaliza a personas por un estatus que la ley federal regula".
El impacto de la polémica norma
La ley SB 4-C criminaliza la entrada de personas sin estatus regular a Florida desde otros estados, permitiendo que la policía estatal las arreste y encarcele.
Según organizaciones de derechos civiles, la norma permite la detención de personas, incluso si ya han regularizado su estatus migratorio y no han cometido ningún otro delito. Además, establece que estas personas permanezcan en prisión preventiva sin considerar sus circunstancias particulares.
La Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF) y varias personas afectadas presentaron una demanda para frenar su aplicación. Argumentan que es inconstitucional porque "la política migratoria es competencia exclusiva del Gobierno federal y no de los estados".
Símbolo de la estrategia republicana para endurecer la política migratoria
Desde su aprobación en febrero, la ley se ha convertido en símbolo de la estrategia republicana para endurecer la migración irregular, con otros estados considerando medidas similares. Por ello, el fallo final de la Corte Suprema tendrá repercusiones que van más allá de Florida.
El fiscal general James Uthmeier había pedido al Supremo su intervención para permitir la entrada en vigor de la norma, afirmando que "Florida tiene derecho a proteger sus fronteras y a detener a quienes entren ilegalmente". Sin embargo, las organizaciones demandantes sostienen que su implementación generaría miedo y criminalización de comunidades enteras.
Florida alberga a unos 5 millones de personas nacidas en el extranjero, es decir, uno de cada cinco residentes es inmigrante. El estado ha sido un bastión en la aplicación de la política migratoria del presidente Donald Trump.
Bajo el mandato de DeSantis, se han aprobado leyes que obligan a las autoridades locales a cooperar estrechamente con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), reforzando la política de deportaciones y detenciones.
"La lucha legal continuará"
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes han celebrado la decisión de la Corte Suprema de mantener el bloqueo, aunque advierten que "la lucha legal continuará y es probable que el caso regrese al Supremo para una decisión de fondo".
El gobernador DeSantis no ha emitido declaraciones tras la decisión del tribunal, pero ha defendido en reiteradas ocasiones la SB 4-C como una herramienta clave de su agenda para "combatir la inmigración ilegal y proteger a los floridanos".
Por su parte, el Gobierno federal mantiene su postura de que la ley es inconstitucional y que solo el Congreso y las agencias federales pueden establecer y ejecutar políticas migratorias.
