Ricardo Navarro, ingeniero: "La ganancia que Bukele espera con la minería no cubre el daño ambiental y social"

• El presidente quiere compensar los gastos millonarios en seguridad, aviones y campañas que ha realizado en los últimos años
• En diciembre de 2024 se derogó la ley sin tener en cuenta los riesgos ambientales ante la falta de recursos naturales en el país

Bukele reabre la puerta a la minería metálica en El Salvador pese al rechazo de los activistas

El 23 de diciembre de 2024, el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador derogó la Ley General de Minería Metálica aprobada en 2017 para prohibir esta actividad debido a sus graves impactos ambientales y sociales. Con esta decisión, el país enfrenta nuevamente la amenaza de la explotación minera, lo que ha encendido las alarmas entre comunidades, organizaciones ambientalistas y expertos. En esta entrevista, el reconocido ingeniero, activista y ambientalista Ricardo Navarro advierte sobre las consecuencias de esta actividad y recalca que "la ganancia económica que Bukele espera generar con la minería no cubre el daño ambiental y social que provoca".

Nacido en la ciudad salvadoreña de Sonsonate, Navarro ha dedicado su vida a la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Fundador del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), ha liderado proyectos para fomentar el uso de la bicicleta como alternativa de transporte sostenible, la gestión de desechos sólidos con iniciativas de reciclaje, y la promoción de huertos agroecológicos. También ha trabajado en la rehabilitación de bosques, la conservación de especies como las tortugas, la educación ambiental y en la investigación del cambio climático.

Su activismo le ha llegado a costar amenazas de muerte en el pasado. En la década de los 90, fue incluido en una lista de 13 personas marcadas para ser asesinadas por un escuadrón de la muerte. Aunque logró salvarse, otros ambientalistas no corrieron la misma suerte. En 2009, cuatro activistas de San Isidro fueron perseguidos por oponerse a proyectos mineros en sus comunidades.

El interés de Ricardo Navarro por la lucha contra la minería comenzó a finales de los años 90, cuando, como presidente de la ONG Amigos de la Tierra Internacional, participó en una reunión organizada por Naciones Unidas en Nairobi. En ese encuentro, se discutía cómo unir a grandes empresas mineras con organizaciones ambientales. Fue allí donde comprendió el impacto devastador de la minería y decidió llevar el debate a El Salvador, donde hasta ese momento el tema no tenía mucha visibilidad. Desde entonces, Navarro ha mantenido un discurso muy firme en contra de esta industria, denunciando sus efectos en el agua, los ecosistemas y la salud de las comunidades.

PREGUNTA: ¿Cuáles son los principales riesgos de la minería para la salud de la población y para el medio ambiente?

RESPUESTA: Para empezar, en las zonas donde están las minas hay gente que tiene la piel completamente dañada por la exposición a químicos utilizados en la minería. Esto se debe a que el cianuro, que es el químico más usado en la extracción de oro, es un veneno extremadamente potente. Con apenas 1 gramo de cianuro se puede matar a tres personas adultas de 90 kg cada una.

Por cada gramo de oro extraído, se dejan atrás un millón de gramos de roca contaminada con residuos tóxicos, incluyendo cianuro. Y por lo tanto, cada vez que llueve, la contaminación se filtra poco a poco en el suelo y el agua, provocando enfermedades graves a largo plazo, tanto a personas como a animales.

La contaminación del agua es particularmente grave en zonas cercanas al río Lempa, que es la principal fuente de agua potable del país. En San Isidro, por ejemplo, se realizaron experimentos con cianuro en el agua, y se ha observado que vacas que bebieron de esa agua se murieron debido a la toxicidad. Esto se debe a que el cianuro interfiere con la transmisión de oxígeno entre los glóbulos rojos y los órganos, lo que provoca que el cuerpo de las personas quede gravemente afectado, impidiendo la correcta oxigenación.

Además, para llevar a cabo la explotación minera, se destruyen ecosistemas naturales a raíz de la tala de árboles, que afecta a la vegetación y los hábitats.

P: El presidente Bukele aseguró que la minería actual es "más responsable y con menor impacto ecológico". ¿Es eso cierto?

R: Aunque el Gobierno asegura que la minería moderna es más "sostenible", las técnicas no han cambiado demasiado. Se ha reducido el consumo de agua y se recicla parte del cianuro, pero el impacto ambiental sigue siendo alto, con deforestación, destrucción del territorio y desplazamiento de comunidades.

Existen métodos menos contaminantes, como la biominería utilizada en Chile, pero son más costosos, por lo que más del 90% de las empresas mineras siguen usando cianuro debido a su bajo costo. Aunque la nueva ley salvadoreña prohíbe el mercurio, no menciona el cianuro, que sigue siendo altamente dañino. A pesar de décadas de búsqueda, no se ha encontrado un químico menos contaminante para la extracción de oro.

P: ¿Y qué ocurre con las comunidades cercanas a los posibles yacimientos? ¿Se les consultó antes de reactivar la minería?

R: En absoluto. El Salvador es un país pequeño, con 20,000 km² y alrededor de siete millones de habitantes, lo que implica que en cualquier parte del país hay gente viviendo. Lo que suele suceder es que desplazan a las personas y las compensan económicamente por ello. Sin embargo, esta compensación no refleja el valor real de lo que cada hogar representa para las personas. Por ejemplo, conocí el caso del desplazamiento de una señora, quien explicó que solo le dieron 150 dólares por su casa. Aunque era pequeña, el entorno donde estaba le proporcionaba recursos esenciales como acceso a agua y comida. Es decir, su hogar, aunque precario, le daba lo necesario para sobrevivir.

Este desplazamiento afecta principalmente a los más pobres y, aunque la minería promete beneficios económicos, estos no se reparten equitativamente, dejando a las comunidades más vulnerables en desventaja.

P: ¿Cómo reaccionó cuando en diciembre de 2024 se derogó la ley que prohibía la minería en El Salvador?

R: Fue como un terremoto inesperado. Para mí, cuando se aprobó la ley en 2017 que prohibía la minería, fue como cerrar un capítulo. Mis proyectos en sostenibilidad, a partir de ese momento, se centraron más en temas como huertos, producción agroecológica y cambio climático. La minería era un tema que ya habíamos trabajado y cerrado.

La derogación de la ley fue una sorpresa. Además, pensábamos que tendríamos tiempo para reaccionar, pero el Gobierno actuó rápido y la ley se aprobó en diciembre. Nos tomó completamente desprevenidos porque no había habido un debate público previo, ni se consultó a las comunidades afectadas ni a las organizaciones ambientales.

P: ¿Cuáles han sido las justificaciones del Gobierno para reactivar la actividad minera?

R: El presidente ha presentado argumentos sumamente débiles para justificar la reactivación de la minería, fáciles de demostrar como inadecuados. Por ejemplo, afirmó que en El Salvador había "tres billones de dólares en oro", lo que implicaría que habría casi 35.000 toneladas del metal en el país.

Sin embargo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la cantidad de oro extraíble a nivel mundial es de aproximadamente 54.000 toneladas. Es decir, de acuerdo con los cálculos del presidente, El Salvador poseería el 65% del oro extraíble del planeta. Esto es completamente absurdo, especialmente considerando que El Salvador representa solo una de 7.500 partes de la superficie terrestre, sin contar los océanos.

El presidente también intentó justificar sus afirmaciones diciendo que Dios nos ha dado ese "regalo". Pero, si seguimos esa lógica, ¿por qué habría Dios de darle más oro a China o a otros países grandes y no a El Salvador? Es un argumento que no tiene base alguna.

P: Bukele ha planteado la minería como una solución para el crecimiento económico del país. ¿Es realmente viable?

R: En mi opinión, no. Hay que tener en cuenta que, en El Salvador, la concentración de oro es de 1 gramo por tonelada de roca, lo que es una concentración de baja ley. Las empresas mineras son quienes se benefician, mientras que el costo de reparación no se paga, dejando a las comunidades y al medio ambiente con el impacto negativo.

Es importante tener en cuenta que, actualmente, el presidente está en busca de dinero, ya que ha gastado enormes sumas de dinero en propaganda y en proyectos como el Bitcoin, que no han servido para nada. Se habla de que destinó 400 millones de dólares solo en infraestructura para el Bitcoin y que asignó cientos de millones a su cuenta personal para manejarlo. Es decir, una serie de gastos millonarios.

“En El Salvador, la concentración de oro es de 1 gramo por tonelada de roca.“

P: ¿Piensa entonces que esta crisis fiscal es, en parte, la razón por la que se ha reactivado la minería?

R: Sí, estoy casi seguro de que esa es la razón. El Gobierno de Bukele ha realizado gastos exorbitantes, superando a los anteriores, que incluyen la compra de un helicóptero que ronda los 506 millones de dólares, un despliegue masivo de seguridad y una costosa campaña publicitaria en el extranjero. Además, ha utilizado alrededor de 10.000 millones de dólares de los fondos de pensiones y enfrenta denuncias de corrupción por montos millonarios.

Por estos motivos, el presidente busca desesperadamente fuentes de financiamiento y piensa que la minería le generará ingresos significativos. Sin embargo, creo que están evaluando mal la situación, porque el dinero que se obtiene de la venta del oro va principalmente a los inversionistas. Al Gobierno solo le quedaría algún impuesto o un porcentaje que no sería muy grande.

P: ¿Quiénes son los principales beneficiarios de la minería en El Salvador?

R: El que invierte es el que gana. Aquí tenemos un dicho: "El que paga el mariachi, pide la canción". El inversor es quien se queda con las ganancias, mientras que la sociedad asume los costos: los daños ambientales, sociales y económicos. Muchas de las empresas mineras son extranjeras, como Titán, una empresa estadounidense que opera en San Isidro con posibles inversiones de bancos hondureños.

Además, sospecho que el Gobierno chino está presionando para permitir la minería aquí, tal como lo han hecho en otros países dentro de distintos ámbitos. Por ejemplo, en Costa Rica los chinos presionaban para que se permitiera cortar las aletas de tiburón, algo que va en contra de las leyes ambientales del país.

Paralelamente, el presidente ha realizado inversiones sin transparencia en el negocio del café, lo que me hace pensar que grandes empresas extranjeras, de China, Estados Unidos o Australia podrían estar detrás del interés en la minería salvadoreña.

P: ¿Usted cree que la población salvadoreña en general es consciente de los riesgos que supone la minería?

R: Honestamente, me ha sorprendido la fuerte reacción de la población salvadoreña ante la derogación de la ley que prohibía la minería. Aunque los ambientalistas llevamos años advirtiendo sobre los riesgos de la minería, ha sido la derogación de esta ley lo que realmente ha despertado la conciencia colectiva.

La Iglesia Católica, las universidades, gremios y hasta el Colegio Médico han reaccionado con una gran firmeza. El arzobispo, que en ciertos aspectos podía ver con buenos ojos a Bukele, sorprendió a muchos al decir que la minería metálica no podía permitirse.

Pero quizás lo más interesante ha sido la participación de la juventud, con grandes movilizaciones y el uso de redes sociales para convocar a miles de personas a protestar. Entonces, yo sí veo un interés genuino y un rechazo claro de la población hacia la minería. Es algo sumamente interesante, porque demuestra que la oposición a la minería se ha transversalizado y ha sido adoptada por distintos sectores de la sociedad.

P: ¿Cómo está respondiendo el Gobierno salvadoreño ante la oposición a la minería por parte de la población?

R: Viendo la gran respuesta en contra de la reactivación de la ley por parte de la población, el Gobierno ya ha movilizado al ejército. Muchas personas tienen miedo, no solo por la presencia militar, sino por las represalias que pueden sufrir por parte de las autoridades.

Además, el Gobierno está utilizando una fuerte estrategia de propaganda, creando y difundiendo videos que presentan una narrativa favorable a la minería. Muchos ciudadanos, sin investigar a fondo, creen en estos mensajes. El presidente incluso defendió que la contaminación del río San Sebastián no es culpa de la minería. Esta afirmación es una falacia, ya que la contaminación causada por minas puede perdurar durante siglos, como se ha visto en lugares como España, donde el agua sigue contaminada por minas romanas.

P: Si la minería implica tantos riesgos, ¿cuáles podrían ser alternativas económicas viables para el país?

R: En primer lugar, deberíamos fomentar la producción propia de alimentos. Actualmente, el 80% de las verduras, frutas y hortalizas que consumimos provienen de los países vecinos. Esta producción podría llevarse a cabo a pequeña escala y de manera agroecológica. Esto crearía un mercado local donde los pequeños productores realmente se beneficien, ya que, a diferencia de los grandes productores, no están tan enfocados en subir los precios, sino en sobrevivir.

Otro aspecto a considerar es el sistema de distribución de agua. Cuando se recoge el agua del río Lempa, la mitad se pierde en el camino, y solo la otra mitad llega a la distribución de San Salvador. En lugar de invertir en proyectos como un nuevo estadio o un aeropuerto con fondos chinos, el Gobierno debería utilizar esos recursos para mejorar el sistema de distribución de agua.

También hay muchas otras estrategias que podrían promoverse. Por ejemplo, fomentar el uso de energías renovables. Hay distintas formas de impulsar el desarrollo económico de manera sostenible sin comprometer el medio ambiente ni la salud de las personas.

P: Teniendo en cuenta el fuerte rechazo social hacia la minería y los antecedentes de contaminación y crisis hídricas en El Salvador, ¿cómo piensa que va a actuar el Gobierno próximamente?

R: Yo creo que el presidente va a seguir tratando de impulsar la minería, pero el asunto es que hay una oposición extensa a nivel nacional. La situación podría agravarse, ya que la población está decidida a impedir que la minería avance, debido a los graves impactos ambientales que ya se han evidenciado.

Es probable, por lo tanto, que el Gobierno incremente la represión, encarcele a algunos opositores y recurra al miedo como estrategia para contener las protestas, aunque habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

*Helena Salas es alumna del máster de Reporterismo Internacional de la UAH con el Instituto de RTVE. Este artículo ha sido supervisado por el jefe de internacional del Telediario, Luis Pérez.