Reyero dice ante el juez que advirtió a Ruiz Escudero y a Mur de los protocolos en residencias: "Morirían de forma indigna"
- El exconsejero de Políticas Sociales ha asegurado en su declaración como testigo que hubo "discriminación"
- Los ex altos cargos Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca declararán como investigados el 17 de junio
El exconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha insistido ante el juez en que hubo "discriminación" a usuarios de residencias de mayores en la primera ola de la pandemia de covid-19 por los protocolos de no derivación hospitalaria. Así lo ha asegurado tras su declaración como testigo en la que ha explicado cómo cuando conoció los protocolos, el 20 de marzo de 2020, se dirigió al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y al firmante del documento, Carlos Mur, al que el juez ha citado como imputado por un presunto delito de denegación de la asistencia sanitaria, para advertirles que esas personas "morirían de forma indigna".
Reyero, que a su llegada a los juzgados de Leganés y tras sus declaraciones a la prensa ha recibido aplausos de los familiares de los fallecidos en las residencias, ha asegurado que explicó a los responsables de los protocolos que se estaba produciendo "una discriminación de personas que vivían en residencias y que tenían un nivel de discapacidad y dependencia elevada".
"Los protocolos tienen para mí una componente discriminatoria clara, una discriminación en función del lugar de residencia y del nivel de discapacidad y dependencia, el decidir si es delito a mí no me corresponde le corresponde a un juez", ha señalado en declaraciones a la prensa. Y ha dicho que si esos protocolos "hubieran venido acompañado de una medicalización se hubiera hecho lo correcto", sin embargo, ha agregado, esa medicalización no se produjo.
Abarca confirma que no hubo derivaciones directas a hospitales privados
Otro de los citados como investigado este martes en el marco de este proceso era Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid, que en su declaración, según ha informado Carlos Castillo, letrado de la asociación Mareas de Residencias y de 7291: Verdad y Justicia, ha confirmado que no fueron derivadas personas de las residencias a los hospitales privados que estaban bajo su control.
Abarca ha confirmado, según el letrado, que las derivaciones que hubo "se hicieron pasando previamente por un hospital público, es decir que no se utilizaron los recursos de los hospitales privados que estaban en manos de la consejería de Sanidad gracias al mando único que se estableció en la pandemia".
El letrado también ha explicado que el presidente de HM hospitales también ha confirmado en su declaración que en sus hospitales sí hubo residentes con problemas de movilidad o deterioro cognitivo, pero no derivados por el Sistema Público de Salud desde la consejería de Sanidad, es decir que si una persona con seguro privado llamaba a una ambulancia para que la atendiera, "esa ambulancia le recogía y la llevaba a un hospital".
La declaración de Burgueño queda suspendida
Por su parte Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como asesor de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para la lucha contra la pandemia, ha declarado según ha señalado el letrado, que en una reunión el 11 de marzo, en la que estaban Díaz Ayuso, Ruiz Escudero, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty y Miguel Ángel Rodríguez, planteó al Ejecutivo madrileño que debía haber un "mando único". A partir de entonces fue "nominado" como ese posible mando único.
La Fiscalía ha solicitado al juez a partir de ese momento de la declaración que se suspendiera la comparecencia de Burgueño como testigo, según ha asegurado Castillo, ante la posibilidad de ser citado en el futuro en calidad de investigado, por lo que en ese punto ha quedado aplazada.
Tanto Abarca como Burgueño han sido recibidos en los juzgados de Leganés entre gritos de "vergüenza" de las asociaciones de familiares de residentes que se han concentrado con motivo de esta causa. Después ha llegado Alberto Reyero. Ninguno de ellos ha hecho declaraciones a la prensa.
En este procedimiento judicial están investigados los ex altos cargos del Gobierno regional Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca. Los querellados declararán como investigados el próximo 17 de junio. También ha sido citada como investigada la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, María Jesús Molina.
En este procedimiento se les investiga por la presunta comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. La causa se encontraba archivada provisionalmente, pero fue reabierta el 1 de abril a solicitud de la Fiscalía Provincial.
Además de Carlos Mur, director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020, han sido citados a declarar como investigados, Javier Martínez Peromingo, el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado y Pablo Busca que era el director gerente del Summa 112 y responsable de las ambulancias en la primera ola de la pandemia.
Los familiares querellantes ven en esta causa "un avance"
En este caso el procedimiento que se sigue en el Juzgado 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por dos familiares de residentes, que este martes están citadas como testigos.
Carmen López, presidenta de Marea de Residencias y a la vez querellante en esta causa, ha asegurado antes de entrar en el juzgado a declarar como testigo, que la apertura de esta segundo procedimiento supone un "avance" para los familiares de los fallecidos en las residencias, "un motivo de alegría y esperanza" independientemente de cómo termine.
Preguntada por lo que espera de las declaraciones de Reyero y Burgueño ha señalado, respecto del primero que "siempre ha dicho su versión y no la ha cambiado en ningún momento", mientras que Burgueño en este sentido es "una incógnita" porque nunca ha declarado como testigo, y aunque está obligado a decir la verdad, depende de cómo lo enfoque.
Por su parte, Ana Cristina Gómez, querellante junto con Carmen, se ha mostrado "esperanzada", ante la apertura de esta segunda causa pero ha expresado sus "dudas", y ha manifestado su deseo de que "se depuren responsabilidades, se reconozcan errores y se sepa lo que pasó en las residencias".
El magistrado Joaquim Bosch, entrevistado en La Hora de La 1, considera que estas declaraciones "junto a los primeros pasos de los juzgados de instrucción estos días van a ser fundamentales" porque el delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria "tiene muy poco recorrido en la jurisprudencia", y los jueces tendrán que decidir si la causa tiene "encaje penal", tendrán que determinar "si únicamente intervinieron cargos de perfil más técnico o si también hubo cargos políticos que elaboraron esos protocolos". La declaración de Reyero puede arrojar luz sobre esto, según el magistrado.
En total, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas que alegaron la comisión del delito del artículo 511 del Código Penal, según recoge Europa Press. Algunos están aún pendientes de que los Juzgados decidan sobre su admisión, mientras que hay cinco causas que ya han llegado a la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados por los denunciantes o querellantes después de que los Juzgados de Instrucción rechazasen investigar los hechos denunciados.
Las asociaciones de familiares de los residentes han realizado varios homenajes y de protestas en los últimos meses, al cumplirse cinco años de la primera ola de la pandemia de covid-19. El pasado 13 de marzo se estrenó el documental '7.291', en el que se narra lo ocurrido durante la primera ola de la pandemia de coronavirus, en marzo y abril de 2020.
