Abusos a menores tutelados: radiografía de una realidad perversa
- Agresores y redes de explotación sexual aprovechan la vulnerabilidad emocional de los menores
- Los primeros estudios encargados por las Comunidades Autónomas revelan datos alarmantes
Naiara vivió de los 14 hasta los 18 años en un centro de menores. La suya es una de esas historias marcadas por el vacío emocional. Su madre, con problemas de alcohol, la maltrataba. También maltrataba a su hermana, que hoy sigue bajo el sistema de protección.
Su paso por los centros de acogida no fue fácil: un camino de intentos de fuga constantes, casi siempre en busca del afecto que llevaba tiempo sin sentir. “Quería que alguien estuviera pendiente de mí, como el padre que te dice que está orgulloso”, cuenta Naiara. Empezó a acercarse a adultos, que fuera del centro le ofrecían drogas a cambio de sexo. “En esos minutos, hiciera lo que hiciera, me sentía querida. Me decían 'te quiero', y eso en mi casa nunca me lo habían dicho.
Durante 14 años vivió Raúl en centros de menores tutelados de la Comunidad de Madrid. En ese tiempo, asegura que vio cómo algunas de sus compañeras caían en redes de prostitución y abuso. Dice que casi todos los menores, en algún momento de su vida, han tenido la percepción de que se acercaban y contactaban con ellos con voluntad perversa. “Somos carne de cañón, y esto lo saben estas redes”, afirma.
Las carencias emocionales, su mayor vulnerabilidad
Sin entender la vulnerabilidad emocional de los menores, dicen los expertos, nunca llegaremos a entender por qué son un blanco fácil para agresores y redes de explotación sexual. “Ellos han detectado esas necesidades, y lo que hacen es ofrecerles esa atención, ese afecto, esa relación especial con un adulto”. Una relación con un adulto que en un centro debe tejerse con un profesional formado de referencia, que sepa orientar y poner límites al menor.
Quien nos lo explica es Noemí Pereda, profesora de victimología en la Universidad de Barcelona. Lidera el Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA). Han trabajo con varias comunidades autónomas para evaluar la dimensión del problema y proponer soluciones. Su primer trabajo fue, en 2020, para el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), a raíz, precisamente, de un caso en Baleares.
Datos incipientes, pero alarmantes
En Mallorca, por ejemplo, más de la mitad de educadores sociales encuestados declaraba haber conocido al menos un caso de explotación sexual a lo largo de su carrera. Datos similares a los que se dan en Aragón. Otro informe elaborado por GReVIA para el Gobierno de Cantabria cuantificaba las situaciones de abuso sufridas por los adolescentes que viven en centros residenciales. Casi 1 de cada 5 menores de 14 a 17 años encuestados reconocía haber estado involucrado en algún caso de explotación sexual. El 13% admitió haberse desnudado o haber mandado fotos y vídeos a cambio de dinero, alcohol, drogas o regalos. El 10% había mantenido relaciones sexuales.
En nuestro país no hay un registro de casos de abusos. El grueso de las competencias está descentralizado. Y la falta de datos, como en casi todos los ámbitos, complica la toma de decisiones. El problema no es sólo español. Es, como mínimo, europeo. Países como el Reino Unido están empezando a cuantificarlo para actuar. Lo que está claro, dicen los expertos —y en eso coincide el Gobierno— es que hay avanzar hacia un sistema en el que el acogimiento familiar sea el mayoritario para esas chicas y chicos.
“Cuando para esos menores ya no es posible seguir con la familia de origen, la opción debería ser una de acogida. La última opción debe ser un centro. Y si es un centro, debe ser lo más pequeño posible para que se parezca a una familia. No puede ser que haya centros de más 30 plazas”, subraya Pereda. En España, casi la mitad de los 35.000 menores en el sistema de acogida vive todavía en centros residenciales.
Márgenes de mejora: los planes del Gobierno
El Gobierno es consciente del problema. Los casos que periódicamente salen a la luz —el último de una menor en Cataluña— evidencian que algo falla. El Ministerio de Infancia y Juventud, en diálogo con otros, con comunidades autónomas y con profesionales del sector, prepara un real decreto para mejorar las condiciones de los centros de menores. Pretenden aprobarlo antes de que finalice el año.
Con ese real decreto, el Gobierno quiere establecer unos estándares comunes para todas las comunidades autónomas, para que los 17 modelos de gestión aseguren unos mínimos de calidad en la atención al menor. Los planes pasan, por ejemplo, por definir un tamaño máximo de los centros de menores, que deberán estar integrados en núcleos urbanos y no aislados, o por reforzar inspecciones cuyos resultados deberán ser remitidos al Ministerio.
Además, el Gobierno prevé elevar las ratios de profesionales por cada menor atendido, aumentando también los requisitos de personal formado, para asegurar que las empresas que se presenten a las licitaciones estén preparadas. Este es uno de los males del sistema, señala Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud e Infancia. “Hemos visto centros sin educador social, que para nosotros es una figura central y nuclear del sistema de protección. Hemos visto intrusismo profesional. Hemos visto abandono de trabajadores que se acaban quemando”, explica Pérez.
El rol central del educador social
En esas condiciones laborales ponen énfasis desde el Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales. Demasiada precariedad, demasiada temporalidad, cuentan. “El vínculo educativo que trabajamos con las chicas y los chicos se ve perjudicado con tanta rotación”, señala Lourdes Menacho, presidenta del Consejo. Y eso nos lleva al inicio: si no se atienden bien las carencias afectivas, y si no hay buenos educadores sociales atendiendo a los menores, las redes de explotación y los agresores aprovecharán ese vacío, que muchas veces empieza con un contacto a través de Instagram o Tiktok.
Por eso, más allá de dotar a los centros de más profesionales, con mejores condiciones, hay que actualizar su formación. “Necesitamos trabajos especializados y tener mucha formación en la detección, para identificar antes cuándo una chica o chico puede estar cayendo en este tipo de redes”, concluye Menacho. Porque las redes de explotación sexual siguen al acecho. Y aunque el riesgo cero nunca existirá, sí hay un margen de maniobra para minimizarlo.
