Madres nicaragüenses tras el asesinato de sus hijos por el régimen de Ortega: "Por buscar justicia estamos exiliadas"
- RTVE.es ha contactado con dos madres exiliadas por pedir justicia por el asesinato de sus hijos
- El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más cifra en cerca de 800.000 las personas desplazadas
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Tras las violentas protestas de abril de 2018 en Nicaragua, lideradas por miles de jóvenes universitarios que pedían la salida de Daniel Ortega, y que se saldaron con más de 300 asesinatos y miles de encarcelamientos, la exigencia de justicia por las víctimas ha obligado a miles de ciudadanos al exilio. El gobierno los tacha de 'traidores a la patria', en un intento de silenciar la demanda de rendición de cuentas.
Lizeth Dávila, de 45 años, posee una voz suave pero firme. De estatura baja, tiene una mirada brillante que refleja melancolía y tristeza. Recuerda con dolor cómo su hijo Álvaro Conrado, de 15 años, fue herido de muerte por un francotirador en 2018 mientras llevaba agua a los jóvenes que protestaban contra una ley que afectaba a las pensiones de los nicaragüenses. Al ser trasladado al Hospital Cruz Azul de la capital Managua, le negaron la atención médica por considerarlo opositor al gobierno formado por el matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Fotografía cedida de las conocidas como "madres de abril".
Siete años después del asesinato de su hijo, Lizeth vive exiliada en Suiza junto a Josefa Meza, madre de Jonathan Morazán Meza, quien también fue asesinado a los 21 años mientras participaba en una marcha multitudinaria el 30 de mayo de 2018. Un disparo en la cabeza truncó su vida.
Josefa, de 62 años, está profundamente comprometida con la demanda de justicia. Recuerda con nostalgia cómo sus dos hijos se acurrucaban a su lado y le decían a cada momento cuánto la querían. Jonathan, que ahora tendría 28 años, anhelaba convertirse en diseñador gráfico.
Fotografía cedida de Josefa Meza.
En una entrevista con RTVE.es, ambas madres expresaron su temor a ser localizadas, por lo que se reunieron con el equipo en una zona cercana a Zúrich, Suiza. Las amenazas y el acoso no han cesado, y eso las obliga a mantener en secreto su lugar de residencia.
Fotografía cedida de Jonathan Morazán Meza.
"Volver a nacer"
Mientras realizaban una gira por Europa en 2020 para denunciar la muerte de sus hijos y la represión estatal en Nicaragua, Lizeth y Josefa recibieron la noticia de que se habían emitido órdenes de arresto en su contra y que no podían regresar a su país. "Decidimos quedarnos aquí y solicitar asilo. Necesitábamos proteger nuestras vidas", recuerda Lizeth.
A esta situación se le sumó la preocupación por la seguridad de sus otros dos hijos, que aún se encontraban en Nicaragua. "Lloraba constantemente, estaba abrumada por el miedo, la soledad y la incertidumbre", dice Dávila.
"Decidir quedarme en Suiza fue muy difícil. Tenía a mis dos hijos que me quedaban después del asesinato de Álvaro. Fue un momento muy complicado y tuve que buscar ayuda para quedarme aquí. No sabía qué hacer".
Fotografía cedida de Álvaro Conrado.
Mientras dormía en el suelo de un refugio en Suiza, Lizeth confesó a RTVE.es que se sentía "insignificante". Su única compañía era Josefa.
"Fue como volver a nacer en un país completamente diferente, con otra cultura, gastronomía y forma de pensar. Fue un shock, porque no sabíamos cuánto tiempo estaríamos allí, ni si recibiríamos una respuesta positiva o negativa", reconoce Lizeth.
“Decidir quedarme en Suiza fue muy difícil“
"Sin nacionalidad"
Dávila y Meza consideran injusto que el Estado de Nicaragua las haya despojado de la nacionalidad. "Por buscar justicia y pensar diferente es que nosotras estamos aquí. Perdimos a nuestros hijos porque ellos querían ayudar. La vida nos cambió en cuestión de segundos".
Desde febrero de 2023, Ortega y Murillo, la pareja presidencial, han oficializado la retirada de la nacionalidad a quienes consideran "traidores de la patria". Actualmente, ningún ciudadano fuera de Nicaragua sospechoso de vínculos con las protestas de 2018 puede solicitar pasaporte, acta de nacimiento, certificado de antecedentes penales o actualizar su documento de identidad.
En los ayuntamientos se verifica que ya no figuran en el sistema y se les exige presentarse personalmente para realizar los trámites. Sin embargo, se les niega la entrada al país.
Un reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado en la ONU, revela que "la persecución se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua, debido a los efectos de la privación de nacionalidad y personalidad jurídica, la falta de acceso a documentación oficial y apoyo consular, y otras violaciones que impiden la reunificación familiar y afectan gravemente las condiciones de subsistencia".
El organismo también detalla que la represión ha afectado a los hijos de opositores políticos: "Los niños han sido víctimas de violencia debido a su relación parental o a las actividades y opiniones de sus padres o familiares. Las deportaciones y prohibiciones de entrada a Nicaragua han separado a muchos niños de sus padres. A algunos se les ha negado la expedición de pasaportes válidos para reunirse con sus padres en el extranjero".
Más de 800.000 nicaragüenses desplazados
Yader Valdivia, coordinador del área de documentación y acompañamiento del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señala que han contabilizado alrededor de 800.000 casos de personas desplazadas entre Costa Rica, Estados Unidos, España y Países Bajos.
"Desde el inicio de las protestas de 2018 hasta hoy se han registrado más de 800.000 nicaragüenses obligados a salir de Nicaragua debido a graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Estos casos también están registrados en el Acto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)".
Para este defensor de los derechos humanos, los exiliados a causa de la represión estatal se encuentran en una situación de "apatridia", con escasas posibilidades de regresar. "Un grupo de expertos sobre Nicaragua ha determinado que se han cometido crímenes de lesa humanidad como tortura, desaparición forzada, detenciones arbitrarias y traslados forzosos, y que actualmente ningún nicaragüense considerado opositor puede regresar al país", afirma Valdivia.
Fotografía de Lizeth Dávila junto con otras "madres de abril" en 2019.
Luchar por la vida y la justicia
Josefa Meza lamenta que el Gobierno nicaragüense le haya arrebatado la vida de su hijo mayor, en primer lugar, y después, la pensión y el destierro sin garantías de regresar. A pesar de las dificultades, asegura que sigue firme en su lucha por la justicia y el derecho a la vida.
Desde la Asociación Madres de Abril (AMA), creada por familiares de ciudadanos asesinados en 2018, Josefa continúa denunciando la impunidad y la violencia que truncó los sueños de más de 325 personas.
El museo itinerante de AMA, que ha recorrido varias ciudades españolas, entre ellas Zaragoza, Madrid y Bilbao, y su versión digital on line, narran la historia de cada joven asesinado, sus sueños y las circunstancias de su muerte. Con este trabajo, buscan justicia y que los responsables de estos crímenes no queden impunes.
"El museo presenta semblanzas de las víctimas de la violencia estatal, así como información y relatos de los hechos, fotos, materiales audiovisuales y documentos que permiten comprender el contexto de la protesta social", detalla el sitio web del museo.
Lizeth y Josefa se sienten seguras y agradecidas por la acogida en Suiza, donde han retomado sus vidas. Han aprendido alemán, tienen trabajo y se han reunido con sus hijos. Ambas mantienen la esperanza de regresar a sus hogares, reunirse con sus familias y caminar de nuevo por las calles de su barrio en su país natal.
*María G.M. es alumna del Máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional de la Universidad de Alcalá de Henares y RTVE. Esther G. Pérez, redactora jefa de Sociedad, ha supervisado la elaboración completa de este texto.
