Los ataques en Sudán del Sur dejan más de 180 muertos y 250 heridos desde marzo, según la ONU
- Los enfrentamientos y saqueos han obligado a cerrar seis instalaciones sanitarias en la región Alto Nilo
- El país más joven del mundo tiene grandes reservas de petróleo; sin embargo es uno de los más pobres
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
Más de 180 personas han muerto y más de 250 han resultado heridas por la violencia desatada en varias regiones de Sudán del Sur, especialmente en el norte del país, desde principios de marzo, según ha informado la ONU.
"Desde marzo de 2025, los enfrentamientos armados y los bombardeos aéreos han causado más de 180 muertos, más de 250 heridos y unos 125.000 desplazados", ha afirmado este martes en un comunicado la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Sudán del Sur.
La agencia ha señalado que la violencia también "se ha cobrado la vida de cuatro trabajadores humanitarios, y seis instalaciones sanitarias se han visto obligadas a cerrar debido a los saqueos y la destrucción".
Uso de armas incendiarias y suspensión del servicio sanitario
La región norteña de Alto Nilo fue azotada en marzo por una ola de violencia sin precedentes desde la guerra civil sursudanesa (2013-2018). La milicia Ejército Blanco, vinculada a la oposición armada del país, atacó a una guarnición de tropas gubernamentales en la ciudad de Nasir, cerca de la frontera con Etiopía, el pasado 4 de marzo.
El ataque derivó en una serie de asesinatos y arrestos y el Gobierno, con el apoyo de Uganda, respondió con una serie de bombardeos sobre la región. Según Human Rights Watch (HRW), Sudán del Sur lanzó "armas incendiarias improvisadas" desde el aire que mataron a al menos 58 personas, incluidos niños, dejaron varios heridos con quemaduras graves y destruyeron infraestructuras civiles.
"Estas armas han matado a decenas de personas, incluidos niños, y han dejado a los sobrevivientes con graves quemaduras que les causan daños a largo plazo", ha declarado Nyagoah Tut Pur, investigadora de Human Rights Watch sobre Sudán del Sur. "El Gobierno debe cesar de inmediato el uso indiscriminado de armas incendiarias contra las comunidades y facilitar el acceso seguro a la ayuda humanitaria", ha señalado.
Por su parte, la coordinadora humanitaria para Sudán del Sur de la OCHA, Anita Kiki Gbeho, ha pedido a "todos los actores implicados en la violencia" que se abstengan de "dañar a la población, incluido el personal humanitario que arriesga su vida cada día para entregar ayuda". Gbeho ha hecho estas declaraciones durante una visita a Malakal, la capital del estado de Alto Nilo, ciudad donde comenzaron las hostilidades a principios de marzo.
El pasado lunes se suspendieron los servicios en el Hospital de Ulang, una "línea de vida para 174.000 personas, tras el saqueo generalizado de varias instalaciones de la zona", según ha indicado Gbeho. "El acceso humanitario sigue restringido y los suministros médicos críticos se están agotando rápidamente en medio de un brote de cólera que ya se ha cobrado 919 vidas y ha infectado a casi 49.000 personas", ha añadido.
Gbeho, que se ha reunido con las comunidades afectadas por el conflicto, así como con responsables políticos y de ONG durante su visita a Malakal, ha asegurado que este "último aumento de la violencia debe cesar". "Esta violencia se produce en un momento en que la financiación humanitaria está disminuyendo y las necesidades urgentes están aumentando, no sólo en Alto Nilo, sino en todo Sudán del Sur. Hoy, 9,3 millones de personas en todo el país necesitan ayuda", ha denunciado.
La coordinadora también ha recordado que el plan de respuesta humanitaria de 2025 para Sudán del Sur "sólo está financiado en la actualidad en un 12,6%".
"Ante la inminencia de la estación de lluvias y la aceleración del brote de cólera, se necesita urgentemente un acceso rápido y sin trabas a las comunidades vulnerables, así como la entrega de suministros críticos, para salvar vidas", ha subrayado.
"Al borde de una segunda guerra civil"
A finales de marzo, el arresto del vicepresidente -y líder de la oposición- de Sudán del Sur, Riek Machar, puso al país en el ojo de mira de las grandes potencias. Machar, antiguo rival del presidente sursudanés, Salva Kiir, fue acusado de incitación a la rebelión y de apoyar a los rebeldes del Ejército Blanco. Ambos mandatarios, el primero representante de la etnia nuer y el segundo de la dinka, las dos mayoritarias del país y enfrentadas entre sí, firmaron un acuerdo de paz en 2018 con el que ponían fin a una guerra civil que dejó más de 400.000 muertos.
Cuando Kiir ordenó el arresto de Machar, la comunidad internacional temió que fuera el desencadenante de otra guerra civil y llamó a la moderación. El país más joven del mundo (logró su independencia de Sudán en 2011), tiene grandes reservas de petróleo. Sin embargo, es uno de los más pobres: el 75% de su población necesita ayuda humanitaria, incluidos 4,5 millones de niños, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
