Estudiantes madrileños se encierran en la Complutense contra "la asfixia de la universidad pública"
- Denuncian que "la universidad pública está en crisis" tras 14 años de "infrafinanciación" de la Comunidad de Madrid
- El Gobierno respalda las protestas y la comunidad defiende que las universidades tienen "financiación suficiente"
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
Más de 400 estudiantes de varias universidades madrileñas se han encerrado en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense (UCM) para protestar contra la "asfixia" de los centros públicos de la comunidad. En un manifiesto, que han leído este martes tras el encierro frente al Rectorado, denuncian que "la universidad pública está en crisis", con asignaturas sin profesores y estos haciendo "docencia extra sin remuneración", mientras los precios de las matrículas son "los más caros de todo el Estado y la inversión por alumno es un 21 % menor que la media estatal".
En el texto, que carga contra la futura ley de universidades del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, denuncian que las facultades "se vienen abajo" y "nada de esto es casualidad". Es el fruto, señalan, de 14 años de infrafinanciación pública que ha llevado las universidades "a números rojos", en un "desmantelamiento" que remonta a la crisis económica durante la cual la Comunidad de Madrid ha "asfixiado" las universidades públicas mientras favorecía la "proliferación sistemática de universidades privadas".
El proyecto autonómico de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) pretende ampliar las competencias del Consejo Social, "aumentando el poder y control que las empresas privadas tienen en él, mermando la autonomía de las universidades" y obligándolas a "mendigar financiación privada, incluso creando fondos de inversión", reza el manifiesto. Todo ello "institucionalizando la infrafinanciación y sometiendo la capacidad económica de las universidades a los intereses empresariales", como parte de un proyecto "de privatización de la enseñanza, subordinación de la educación a intereses mercantiles y elitización del acceso a la universidad".
La Comunidad defiende que las universidades tienen "financiación suficiente"
Tras las protestas, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha afirmado que la Comunidad de Madrid está dotando a las universidades públicas de "financiación suficiente" que está llegando "en tiempo y forma" a estas instituciones, con las que seguirán trabajando para mejorar el marco normativo y los recursos que reciben.
García ha dicho que la Comunidad de Madrid está dotando a las universidades públicas de "la financiación suficiente para poder abordar ese servicio público tan importante que tienen que realizar", que está incluida en los presupuestos autonómicos con más de 1.160 millones de euros.
En esta línea, ha señalado que la inversión para las universidades públicas ha crecido un 20% desde que Ayuso es presidenta de la comunidad, un presupuesto que en 2025 ha crecido por encima del 4% tras la financiación adicional acordada con los rectores a finales del año pasado.
El Gobierno carga contra el "maltrato sistemático" de Ayuso a la pública
Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha celebrado las protestas, que ha calificado como un "despertar de la voz de la comunidad universitaria" frente al "maltrato sistemático al que está siendo sometido la universidad pública en la Comunidad de Madrid", que está "al borde del crack".
En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, Morant ha recordado que, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba un aumento del 35% de la financiación de la única universidad pública dependiente del Estado, la UNED, los centros de Madrid "solo han conseguido un aumento del 4%".
Morant ha cargado contra el "plan oculto" de Ayuso de "privatización" de la universidad pública y ha recordado que en los últimos 25 años las comunidades no han abierto ni un solo centro público mientras que han creado 26 universidades privadas y hay "diez peticiones más sobre la mesa". Según la ministra, "la primera fase del plan es la infrafinanciación, la segunda la precarización y el desprestigio, y la tercera es la apertura de la puerta de la privatización".
