El Gobierno aprueba este martes el plan ante los aranceles de Trump: avales y extensión de la moratoria contable
- El Ejecutivo movilizará un total de 14.100 millones de euros, de los cuales 7.400 son de nueva financiación
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El Consejo de Ministros aprobará este martes el real decreto-ley con su plan de respuesta para "mitigar" los efectos negativos de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump. En un borrador al que ha tenido acceso TVE, el Gobierno desgrana a través de seis artículos y tres disposiciones las medidas que va a desplegar con el fin de favorecer la inversión, la liquidez y la actividad exportadora de las empresas afectadas. Entre otras acciones, ofrecerá avales para facilitar el acceso a financiación o la extensión hasta 2026 de la moratoria contable por las pérdidas generadas en la pandemia.
En total, como ya avanzó el presidente Pedro Sánchez, el Gobierno movilizará un total de 14.100 millones de euros, de los cuales 7.400 son de nueva financiación y otros 6.700 se van a emplear de instrumentos ya existentes para impulsar las medidas, tanto financieras como comerciales.
"Van destinadas a ayudar a las empresas a adaptarse a la nueva situación, protegiendo nuestra economía y garantizando a nuestros trabajadores y empresas que podrán contar con todo el apoyo necesario para que no solo el impacto sobre la actividad sea el mínimo posible, sino para que puedan aprovechar esta oportunidad para abrir nuevos mercados", afirma el Ejecutivo en la exposición de motivos. En él también dice atender un "doble objetivo": desplegar una "red de protección inmediata" que permita amortiguar el impacto de los aranceles y "relanzar la actividad" para reforzar la "autonomía estratégica".
Para ello, se trabajará tanto en la mejora de la capacidad productiva, como en la búsqueda de mercados alternativos. Un objetivo por el que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha apostado de manera reiterada en los últimos días. Precisamente, este mismo lunes ha instado a la UE a la ratificación de acuerdos con Mercosur "antes de las vacaciones de verano" para que "antes de final de año" pueda estar aprobado.
Dos líneas de avales y financiación del ICO
A partir de este martes, el Gobierno pondrá en marcha dos líneas de avales, por valor de 5.000 millones de euros hasta el 30 de junio de 2026 –aunque abre la puerta a prórrogas–, y financiación intermediada del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dotadas con 6.000 millones de euros, para facilitarles el acceso a financiación y satisfacer sus necesidades de circulante.
Estarán dirigidas a las empresas exportadoras e importadoras que tengan una "exposición significativa, directa o indirecta" para paliar las tensiones de liquidez generadas por la disminución de los ingresos. Sin embargo, el documento aún no concreta los umbrales que se establecerán para determinar qué empresas pueden beneficiarse.
Moratoria contable hasta 2026
El Gobierno señala en su borrador cómo diversos sectores económicos aún están recuperándose de los efectos de la crisis de la COVID-19 o la inflación por la guerra en Ucrania. Por ello, dice ver necesario ofrecer un "plazo adicional" para absorber las pérdidas que trajo la pandemia, ampliando la moratoria contable hasta el año 2026 a las empresas afectadas "por el impacto del 'shock' arancelario".
Asimismo, se establece que en caso de que ya se hubiesen formulado cuentas anuales antes de la entrada en vigor de este real decreto ley, estas podrán ser reformuladas en el plazo de un mes. De este modo, les ofrece que no se tengan en cuenta las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 a efectos de la causa de disolución. Esta moratoria ya ha sido ampliadas en varias ocasiones, extendiéndose a las compañías afectadas por la dana del pasado mes de octubre en Valencia.
"Si, excluidas las pérdidas de los años 2020 y 2021 (...), en el resultado del ejercicio 2022, 2023, 2024, 2025 o 2026 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente", indica el artículo seis del decreto.
Fondos para reorientar capacidades y encontrar nuevos mercados
Para cumplir los objetivos de reorientar la capacidad productiva, el Ejecutivo también recanalizará 5.000 millones de euros del Plan de Recuperación para que aquellas industrias y empresas afectadas puedan transformar y reorientar sus capacidades productivas hacia nuevos sectores con alta demanda.
A la vez, ayudará a empresas a encontrar nuevos mercados y ampliar sus exportaciones con 2.000 millones de euros en seguros de crédito y coberturas de riesgo a la exportación (CESCE), con 500 millones para la internacionalización de pymes y con un plan específico del ICEX, que ayudará a los sectores afectados a afianzar su posición en Estados Unidos y acceder a nuevos mercados.
Adicionalmente, el real decreto-ley eleva el límite a la cobertura que puede otorgar CESCE en 6.000 millones, hasta los 15.000 millones, "de manera que se pueda seguir reforzando el apoyo público a la actividad exportadora sin que el límite actual de 9.000 millones suponga un freno". También incrementará el presupuesto del Fondo para Internacionalización de la Empresa (FIE) desde los 500 hasta los 700 millones, una tarea que consideran "imprescindible".
Por otro lado, impulsará el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, dotado de 200 millones de euros, para dar préstamos y participación en capital para modernizar o instalar nuevas plantas productivas y ejecutará el nuevo plan Moves, dotado con 400 millones de euros, que servirá de estímulo al sector del automóvil.
El PP remite al Gobierno las medidas del PP para el decreto
El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha conversado este lunes por la tarde con Carlos Cuerpo, sobre las medidas que plantea su partido para mejorar el decreto sobre aranceles que aprobará el Consejo de Ministros. Posteriormente, ha remitido al ministro un documento con las propuestas de los 'populares', que han defendido que "pueden mejorar el texto del Ejecutivo", al tiempo que "se comprobará también" el "interés" del Gobierno "en abordar este asunto con la unidad que requiere".
En la carta a Cuerpo, Bravo señala que la imposición de aranceles por parte de los Estados Unidos "exige una respuesta firme, coordinada e inteligente por parte de la Unión Europea y del Gobierno de España, en coordinación con las Comunidades Autónomas". Bravo señala que es "urgente articular un marco de respuesta que combine medidas inmediatas con una visión a medio y largo plazo que incluyan medidas estructurales". "Una estrategia que no se limite a paliar los efectos, sino que refuerce la competitividad de nuestras empresas, garantice el equilibrio territorial y proteja especialmente a los sectores más expuestos, como el industrial y el primario, con especial atención a las pymes", añade.
Fuentes de Moncloa aclaran que en este real decreto están incluidas todas las medidas anunciadas el jueves por el presidente del Gobierno, pero que, aunque las conversaciones con el PP van bien, no incluye nada de lo que han solicitado este lunes los de Alberto Núñez Feijóo.
Entre sus propuestas, el PP plantea elaborar con las comunidades un plan de coordinación y refuerzo de las políticas aduaneras y vigilancia de mercado, fomentar que las ayudas del Plan Moves lleguen a los que no se pueden comprar un coche eléctrico y que exista una línea de ayudas para promover la comercialización de vehículos eficientes de cualquier tecnología.
Asimismo, pide contar con las autonomías para que los fondos reasignados de los Next Generation lleguen a los sectores afectados y no ocurra lo que ha pasado con la pandemia y la dana; crear un fondo específico español a disposición de las empresas afectadas, financiado con los aranceles que se quedan en España; y definir en el real decreto ley un mecanismo de asignación de ayudas transparente y flexible. También apuesta por bajar las cotizaciones y los incentivos fiscales, con mayor intensidad a las empresas más expuestas y más vulnerables.
