La Fiscalía pide imputar a tres de los hermanos Martínez de Irujo por los pozos "no legalizados" de la Casa de Alba
- También solicita que se prorrogue el plazo de instrucción por otros seis meses
- El Ministerio Público alude a una posible "extracción sistemática y de carácter industrial" de agua
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La Fiscalía de Medio Ambiente ha pedido al juzgado de Sevilla que investiga pozos "no legalizados" de la Casa de Alba, que prorrogue el plazo de instrucción por seis meses y que se cite a nuevos investigados de la sociedad que lleva los terrenos donde se encuentran las perforaciones. Concretamente, el juez investiga los yacimientos localizados en la finca Aljóbar de Aznalcázar, en el entorno de Doñana.
Así lo ha solicitado en un escrito dirigido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor, en la que indica que para concluir "en debida forma" la instrucción, también pide que declaren como investigados la persona jurídica Eurotécnica Agraria SA y los diferentes miembros del Consejo de Administración de la referida entidad mercantil encargada de gestionar la finca. Estos serían los hermanos Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo.
Junto a esto, la fiscal ha precisado que traslada esta petición por considerar que "concurren indicios suficientes" para continuar la instrucción del procedimiento. Además, ha señalado que los hechos que se investigan serían "cuanto menos" constitutivos de un presunto delito contra el medio ambiente.
En esta causa ya declaró como investigado el nieto de la duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, quien aseguró el pasado 20 de febrero que inició la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que motivó luego la causa judicial.
"Extracción sistemática" de agua
En concreto, el Ministerio Público ha aludido a una posible "extracción sistemática y de carácter industrial" de agua en una superficie "muy extensa y mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural", tal y como se refleja en las actuaciones.
Por esto, ha solicitado al juzgado que prorrogue el plazo de instrucción de la causa por seis meses más, que tendrá que computarse a partir de este 9 de abril, fecha en la que finaliza el plazo actualmente vigente.
La fiscal también pretende que el juzgado reclame a la CHG para que, "a la mayor brevedad", remita copia de cuantos expedientes sancionadores haya abierto a esa empresa mercantil, con referencia expresa a las sanciones impuestas en su caso.
El juzgado que investiga los pozos ya pidió informes al organismo de cuenca para concretar si las extracciones de agua habían causado "daños sustanciales" al medio ambiente en el entorno.
Declaración del nieto de la duquesa de Alba
El nieto de la duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo, declaró en febrero que había iniciado la regularización de los pozos a raíz de la denuncia de la CHG, la misma que luego motivó la causa judicial.
Explicó que accedió a la gestión de la finca en 2016, como parte de una herencia de su abuela, pero que no estaba presente en el funcionamiento diario de esta explotación agraria. Cuando llegó, se estaba finalizando una balsa para el riego que se abastecía de distintos pozos, según entendía él, de acuerdo a lo permitido.
Sería a raíz de una denuncia en 2023 de la CHG cuando se inició la regularización de los pozos, a pesar de que este organismo de cuenca ya había estado con anterioridad en la finca y, según su declaración, no habría manifestado nada sobre estos, indicaron las fuentes.
