El Gobierno aprobará este mes una orden para prohibir las llamadas comerciales desde un número móvil
- Solamente se permitirán estas comunicaciones desde los números 800, 900 o con el prefijo de una provincia española
- Los consumidores podrán denunciar estas malas prácticas en caso de que persistan y habrá sanciones
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El Gobierno aprobará antes de que acabe el mes de febrero una orden ministerial para prohibir las llamadas comerciales desde números de teléfonos móviles, una medida que ha sido elaborada en colaboración con las empresas de telefonía y que busca proteger a los consumidores frente al llamado spam telefónico.
"El objetivo es doble: combatir las estafas e identificar las llamadas comerciales, ya que todos tenemos derecho a saber cuando es comercial y no confundirlas con la de un particular", ha señalado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en una entrevista en RTVE.
Una vez que se apruebe la norma, solo se permitirán estas comunicaciones desde un número que empiece con 800, 900 o con un prefijo de una provincia española (por ejemplo, el 91 en Madrid), lo que facilitará la identificación del origen de la llamada.
El Ejecutivo da así un paso más para acabar con estas prácticas, después de que en 2023 entrase en vigor la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que protege explícitamente el derecho de los consumidores a no recibir llamadas o mensajes con fines comerciales sin haber prestado un consentimiento previo para ello.
Habrá multas para los infractores
En el caso de que las empresas persistan en estas malas prácticas, una vez haya entrado en vigor la orden ministerial, López ha señalado que los consumidores podrán denunciar cada caso en la Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones.
Asimismo, habrá sanciones para quien no cumpla la ley, aunque el ministro no ha adelantado los importes. "Todos hemos sido víctimas o conocemos a alguien que ha sido víctima bien de una estafa o de una llamada comercial no identificada en horario intempestivo", ha denunciado.
En su opinión, "hay toda una industria detrás" de este tipo de prácticas, un problema creciente que afecta a miles de ciudadanos españoles cada año, por lo que se ha mostrado a favor de trabajar para "mejorar la ciberseguridad" y la seguridad en las comunicaciones electrónicas.
