Alquileres disparados e hipotecas inaccesibles: ¿qué proponen los partidos en materia de vivienda el 23J?

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La vivienda es ya el séptimo problema que más preocupa a los españoles, según el último barómetro del CIS.

Hablar de vivienda es hacerlo de alquileres disparados e hipotecas inaccesibles, pero también de desahucios y de ocupación ilegal. Muchos de estos temas dominan el debate público y los partidos, aprovechando la campaña de las elecciones generales del 23 de julio, se han lanzado a captar el voto con un goteo de promesas a izquierda y derecha, dirigidas tanto a los jóvenes como a las familias más vulnerables.

Y es que la vivienda se ha convertido en el séptimo problema que más preocupa a los españoles, según el último barómetro del CIS. La falta de oferta, sobre todo en las grandes ciudades, ha empujado al alza los precios del alquiler después de que en la segunda mitad de 2021 cambiara la tendencia bajista implantada desde la irrupción de la COVID-19.

A esta escasez de vivienda se ha unido también el freno en la compraventa de inmuebles, auspiciado por la rápida subida de los tipos de interés y, por consiguiente, del euríbor. En apenas un año, el índice al que están referenciados la inmensa mayoría de los préstamos a tipo variable en España ha pasado de valores negativos a superar la cota del 4% en junio, su mayor nivel en casi 15 años.

“Indudablemente, como cualquier medida que se tome, la subida de los tipos de interés beneficia a unos y perjudica a otros. En el caso de la sociedad española, donde el endeudamiento principal obedece a la adquisición de la vivienda, podemos decir que los colectivos más afectados son las familias con hipoteca variable o aquellos que estaban pensando en comprar una vivienda”, apunta a RTVE.es el profesor del Centro de Estudios Financieros (CEF)-UDIMA, Javier de la Nava.

En el caso de los primeros, la cuota mensual de una hipoteca variable que se revise a partir de ahora se encarecerá en más de 250 euros mensuales de media. Los segundos, por su parte, tendrán que hacer frente a tipos de interés que ya superan el 3% para los préstamos a tipo fijo, según los últimos datos del INE, lo que supone un incremento de más de 100 euros mensuales en la cuota inicial respecto al año pasado.

Los tipos seguirán subiendo

Las consecuencias de todos estos incrementos ya se están notando en la economía de las familias. El Banco de España alertaba recientemente de que el porcentaje de hogares que no pueden hacer frente con sus ingresos a los gastos esenciales -como la alimentación y los suministros básicos, pero también el pago del alquiler o la deuda- ha aumentado del 7% al 9%, afectando ya a 1,6 millones de familias. Son unas 300.000 más desde que comenzase la escalada de precios agudizada por la invasión rusa de Ucrania.

A esto hay que añadir la situación de los jóvenes, quienes ven como una quimera la posibilidad de emanciparse: sus bajos salarios les impiden no solo pagar un alquiler en solitario, sino ahorrar para poder tener acceso a la compra de una vivienda. Y es que, según un informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), solo el 15,6% de la población joven (entre los 16 y 29) años vive de manera independiente, una cifra aún lejana de la registrada antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

No obstante, parece que “lo peor ya se ha dejado atrás”, afirma a RTVE.es la profesora de economía en la Universidad de Granada, Virginia Rosales, pues la inflación “se está moderando” (cerró en junio en el 1,9%) y la subyacente -sin alimentos no elaborados ni productos energéticos-, aunque “sigue alta” (5,9%), ya ha iniciado “una senda descendente”.

De esta forma, los expertos consultados se muestran convencidos de que el Banco de España pondrá freno a las subidas de tipos, tal como decidió hace escasas semanas la Reserva Federal de Estados Unidos tras una ronda histórica de diez subidas consecutivas desde marzo de 2022. Sin embargo, consideran que aún habrá que esperar unos meses, pues en la mayoría de países de la UE la inflación sigue siendo muy elevada: en Letonia o Eslovaquia supera el 11%, mientras que en Países Bajos o Alemania aún no ha conseguido bajar del umbral del 6%.

Donde sí se espera que se produzca una caída en los precios es en el mercado de la compraventa. Según el portal inmobiliario Fotocasa, es “cuestión de tiempo” que el precio comience a dar indicios de “moderación” y que “vuelva a la senda estable”, después de que el cambio en la política monetaria haya ocasionado que la demanda de compra resurja y tensione los precios debido a la escasez de oferta. No obstante, “hay que tener en cuenta que la inflación hace mella en el bolsillo de los hogares y la capacidad de ahorro se está viendo mermada”, sostiene la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, lo que limita también las posibilidades de los compradores: según sus cálculos, el 28% de ellos se han visto obligados a paralizar el proceso de adquisición, mientras que el 31% se plantea si continuar o no con la compra.

Morosidad y ocupación, entre las posibles consecuencias

Con todo, los expertos consultados insisten en trasladar que el BCE con la subida de tipos de interés busca “un bien mayor colectivo”, como es “frenar la inflación que afecta de forma generalizada a todos”, y que está siendo “efectiva”. Sin embargo, puede provocar otros efectos inesperados: “Siempre digo que la economía es como una alfombra: tiras de un lado, pero te encoge de otro”, ironiza Rosales.

Una de estas posibles consecuencias es la morosidad. El aumento de los tipos de interés conlleva que muchas familias no puedan hacer frente al pago de las hipotecas y terminan dejando de pagar. Basta con echar la vista atrás en el tiempo, cuando los estragos de la burbuja inmobiliaria llevó a que muchas familias fueran desahuciadas.

Sin embargo, en esta ocasión la morosidad se sitúa en mínimos históricos, gracias a la fortaleza del mercado laboral, al ahorro acumulado de la pandemia y a una mayor resistencia de lo esperado de la economía. Además, cabe recordar que los desahucios a hogares vulnerables se mantienen suspendidos hasta mayo de 2024, medida que está vigente desde la irrupción de la pandemia.

A esto hay que sumar los casos de ocupación de viviendas, una práctica que no es legal en España pero a la que se sigue recurriendo por diferentes motivos, en su mayoría por necesidad. La propia Ley de Vivienda alude a esta problemática y, aunque no paraliza el proceso de desalojo, sí que lo puede alargar con el fin de proteger a las familias vulnerables en caso de desahucio.

Se trata de una práctica que para algunos colectivos supone “una alarma social” que crece año tras año en España. Sin embargo, los datos del INE desmontan estas afirmaciones: y es que de las 26 millones de viviendas que hay en España, en el año 2021 se registraron 17.274 denuncias por ocupación, es decir, una cifra que representa el 0,01%. Mientras, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior al equipo de VerificaRTVE, en 2021 se registraron 17.274 denuncias, que descendieron a 16.726 en 2022 y que han continuado retrocediendo en lo que llevamos de 2023.

¿Qué proponen los partidos?

Lo cierto es que durante esta legislatura se han puesto en marcha medidas para luchar contra los altos precios como el límite del 2% a la actualización de los alquileres, la prórroga automática de los contratos de arrendamiento, el protocolo de ayudas acordado con la banca y, por supuesto, la primera ley de vivienda de la democracia. No obstante, los partidos políticos coinciden en que hay que ir más allá y, para ello, proponen las siguientes medidas el 23J:

El PSOE se compromete a lanzar un plan de vivienda para el alquiler asequible para poner promover más de 200.000 inmuebles a través de la Entidad Pública Estatal de Suelo (SEPES) -construidas con los fondos europeos o con préstamos-, a las que se le añadirán otras 50.000 de la SAREB. Además, propone la rehabilitación de 500.000 viviendas y reservar un 50% de las vivienda de protección oficial en los nuevos desarrollos urbanísticos a alquiler social.

Sin perder de vista a los jóvenes, el presidente del Gobierno también se ha propuesto avalar el 20% de la hipoteca de los menores de 35 años y promover una cuenta de ahorro bonificada para la compra de una primera vivienda para jóvenes de hasta 39 años. Los socialistas también proponen poner en marcha una ley para garantizar el desalojo de los ocupas ilegales en un plazo máximo de 48 horas.

El PP también propone avales hipotecarios para jóvenes hasta los 35 años con el fin de financiar hasta el 95% del precio de la vivienda. Asimismo, pretende promover el alquiler asequible y la vivienda social con la movilización de suelo público.

Los populares, si consiguen gobernar, derogarán la nueva Ley de Vivienda y pondrán en marcha un plan 'antiocupación' que permita desalojos en un plazo de 24 horas. En este sentido, incrementarán hasta tres años de cárcel la pena por usurpación e introducirán el supuesto de que se realice por un grupo organizado.

Al igual que el PP, Vox derogará la Ley de Vivienda y promoverá la liberalización de suelo. Además, se comprometen a poner en marcha medidas fiscales como la eliminación del IVA en la adquisición de la primera vivienda habitual, al tiempo que recuperarán la deducción en la declaración de la Renta e incrementarán los beneficios fiscales a las rentas de alquiler para los arrendadores.

Su programa también dedica una serie de medidas para luchar contra la ocupación ilegal. En concreto, la formación de Santiago Abascal se compromete a reformar tanto el Código Penal como de las Leyes de Enjuiciamiento Criminal y Civil para “expulsar” a los ocupas “en cuestión de horas”, y a eximir del pago del IBI a los propietarios durante el periodo que dure dicha ocupación.

Por último, desde Sumar plantean ampliar el parque público con dos millones de viviendas para el alquiler y crear un bono de emergencia por valor de 1.000 euros dirigido a los hogares hipotecados a tipo variable en los últimos diez años.

Además, se comprometen a realizar mejoras en la Ley de Vivienda para incluir, entre otros, el alquiler social obligatorio para grandes tenedores o la dación en pago. Y al mismo tiempo a establecer precios de referencia del alquiler en las zonas tensionadas, que servirían para eliminar las deducciones fiscales en el IRPF a los inquilinos o establecer un recargo en el impuesto de sociedades para los fondos y empresas que alquilen viviendas por encima de los mismos.

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