El Gobierno aprueba el proyecto de ley de Función Pública, con una evaluación del desempeño como incentivo

• Dicha evaluación no supone el despido ni la pérdida de la condición de empleado público
• El proyecto de ley ha contado con el aval de CCOO y UGT, pero que ha sido criticada por CSIF: "Es papel mojado"

Aprobada la próxima Ley de Función Pública

El Gobierno ha aprobado este jueves el proyecto de ley de Función Pública, tras negociar con los sindicatos a partir del anteproyecto de ley presentado a finales del pasado año, una decisión que ha contado con el aval de CCOO y UGT, pero que ha sido criticada por CSIF.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el que se ha aprobado que el texto que regulará el funcionamiento de las administraciones públicas vaya ahora al Congreso para su trámite parlamentario.

"Este texto que ahora remitimos al Congreso nos va a permitir mejorar la organización y también la estructura de la Administración, con el objetivo de prestar unos servicios públicos de calidad", ha destacado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

Según Montero, con la aprobación de esta norma se desarrollan los aspectos más relevantes que quedaron pendientes del Estatuto Básico del Empleado Público, en materias relativas al acceso al empleo. "Hay que, no solamente ver lo que cada uno sabe, sino cómo transfiere ese conocimiento a su trabajo cotidiano", ha explicado la titular de Hacienda.

Evaluación del desempeño como incentivo

Entre los aspectos más importantes de la norma cabe destacar los procesos de evaluación al desempeño, ya anunciados en el primer texto y que generaron polémica en las centrales sindicales. Su enfoque se modifica, eliminando las menciones a efectos negativos para utilizarla como una medida de incentivo y de extensión de mejores prácticas en la Administración.

"Esta evaluación no supone el despido ni la pérdida de la condición de empleado público", destaca el Ministerio de Función Pública en una nota de prensa. De este modo, ahora se enfoca como un sistema de reconocimiento de los buenos resultados, lo que "se notará en la carrera profesional horizontal, en la formación o en el complemento de desempeño, cuya cuantía será pública".

Esta norma, además, fijará los criterios rectores de los procedimientos de evaluación del desempeño, que se desarrollarán a través del reglamento correspondiente. Se tendrán en cuenta tanto los objetivos individuales como los colectivos. A esto se sumará el contexto y los recursos de cada unidad o centro de trabajo en el que se preste el servicio público.

Creación del Grupo B y aumento de las plazas de promoción interna

El proyecto de ley prevé la creación del Grupo B y la creación de tres Cuerpos y Escalas adscritos a este grupo, lo que contribuirá al desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos. En lo que respecta al directivo público profesional y su régimen jurídico, uno de los aspectos determinantes de esta legislación, se clarifica la delimitación entre el personal directivo funcionario o laboral. Como ejemplo, los primeros se desempeñarán en los ministerios, mientras que los segundos lo harán en entidades públicas empresariales.

Por otro lado, la ley fomenta la promoción interna con la reserva de al menos un 30% de las plazas para ello, la formación permanente, aumenta hasta el 10% la reserva de plazas para personas con discapacidad en las ofertas de empleo y reconoce los derechos y deberes de los empleados públicos.

Esto, a su vez, se acompañará de una mayor territorialización de las pruebas selectivas y del aumento del plazo de toma de posesión. También se reconocerá la movilidad para que pueda producirse antes de dos años y se reduce de 10 a 4 años el periodo de servicios prestados necesario para poder acceder a la movilidad interadministrativa.

Refuerzo del principio de igualdad

Se contempla un refuerzo del principio de igualdad en las Administraciones a través de un fomento de la perspectiva de género. Esto se trasladará a la elaboración normativa, el contenido de los temarios, el teletrabajo o la desagregación por sexo de los registros o estadísticas realizadas.

En el marco de la actuación de la Administración frente al acoso por razón de sexo, se tipifican las faltas de acoso como faltas muy graves y se introducen medidas para asegurar la efectividad del régimen disciplinario en casos de acoso. La ampliación de la protección de las mujeres en la excedencia por violencia de género es otra de las reformas, con un mayor plazo de la reserva de puesto y la percepción de retribuciones para esos casos.

CCOO y UGT avalan el proyecto y CSIF lo rechaza

Desde CCOO, aunque aseguran que seguirán trabajando en el trámite parlamentario, "avalan" el proyecto y destacan que establece "una planificación y ordenación de los recursos humanos", así como una mejora en el funcionamiento de las ofertas de empleo público.

Asimismo, el sindicato valora la "garantía de permanencia" en el puesto de trabajo y la implantación de la carrera profesional horizontal, así como el "reconocimiento y refuerzo de los derechos a la provisión y movilidad y la promoción interna".

Para UGT, el proyecto de ley "recoge las mejoras necesarias y cumple las expectativas que tanto los empleados públicos como la ciudadanía tenían depositadas en la ley". Sobre la evaluación del desempeño, este sindicato destaca que será tanto colectivo como individual y que en el proceso estará presente la parte sindical.

Sin embargo, CSIF cataloga el proyecto de ley como "papel mojado" y asegura que "no garantiza la evaluación del desempeño, la carrera profesional, las 35 horas, ni el teletrabajo".

El sindicato ha denunciado que el texto llega con 15 años de retraso y carece de dotación presupuestaria, limita el derecho a la movilidad y "favorece el enchufismo" del personal directivo, según traslada a través de un comunicado. "Lo que nos hace falta es dotación presupuestaria para que tenga eso una implementación real", ha dicho el presidente de CSIF, Miguel Borra.