Escrivá defiende que el procedimiento de suspensión de los fondos europeos no hace referencia a España

• Bruselas publicó un documento sobre sanciones a países miembro por incumplir con hitos asociados a estos fondos
• España se podría ver expuesta a la sanción máxima si no aprueba a tiempo la reforma de las pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este miércoles que el procedimiento de suspensión de fondos europeos, publicado el martes por el Ejecutivo comunitario "no habla de España ni del sistema de pensiones español", sino que se trata de una norma de carácter "general".

El ministro ha denunciado que lo que se ha hecho en la prensa "es una interpretación" a partir del procedimiento que hizo público Bruselas para congelar los pagos en caso de incumplir los hitos y objetivos comprometidos por los distintos países.

"Es una interpretación que no soy capaz de valorar, porque la brecha entre lo que dice la norma y lo que dicen algunos titulares es bastante grande", ha subrayado Escrivá en rueda de prensa para presentar el balance sobre la acogida de refugiados ucranianos un año después del inicio de la guerra.

España se podría ver expuesta a la congelación de los fondos

Según la metodología publicada por la Comisión Europea, España se podría ver expuesta a la sanción máxima, que supondría la congelación del siguiente tramo de entrega de los fondos europeos, por valor de 10.000 millones de euros, si incumple con la entrada en vigor de algunos de los hitos voinculados a este tramo, como la reforma de las pensiones, que ya va con dos meses de retraso.

En caso de recibir una evaluación positiva al final de este plazo de seis meses, se desbloquearía la entrega del dinero, pero si la evaluación es negativa, se podría reducir parte del importe. El martes, fuentes comunitarias señalaban que incumplir con la reforma de las pensiones "costaría mucho".

Un acuerdo "inminente" sobre la reforma de las pensiones

Esta reforma debería haber sido aprobada al término de 2022, pero sigue sin haber acuerdo y no hay fecha prevista de aprobación. Tras superar el 31 de diciembre, el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguró que el acuerdo se cerraría antes de concluir febrero y el pasado lunes, en Bruselas, apuntó a Semana Santa como fecha probable. Este miércoles, Escrivá ha defendido que el pacto es "inminente" en tres ámbitos: con los agentes sociales, con las formaciones políticas y con Bruselas para el cumplimiento de los hitos.

"Tenemos que armonizar esos tres niveles, estamos en tiempo y vamos en el buen camino", ha asegurado Escrivá, que ha subrayado que la fecha límite para tener esta segunda parte de la reforma de pensiones (31 de diciembre de 2022) es una "referencia tentativa" en un calendario que se hizo hace dos años y medio.

"Es una referencia flexible, lo importante es que este hito se cumpla antes de que se haga la evaluación del cuarto desembolso por parte de la Comisión. Todavía hay tiempo. Ha habido otros hitos y objetivos en España y en otros países donde ha habido flexibilidad en calendarios de referencia", ha explicado. Por tanto, Escrivá "no ve" que haya riesgo de que España pueda ser penalizada por Bruselas a causa de la reforma de pensiones.

En todo caso, el ministro ha defendido que España tendrá esa reforma, no tanto porque sea un hito recogido en el Plan de Recuperación, sino porque es un compromiso con el Pacto de Toledo y con los agentes sociales. "Queremos hacerla por razones fundamentalmente nacionales, no porque haya alguien en Europa nos lo esté pidiendo", ha enfatizado.

La ampliación del periodo de cálculo de la pensión, principal escollo

Las conversaciones formales entre la Seguridad Social y los agentes sociales se encuentran estancadas por las discrepancias con la principal propuesta del Ministerio, la ampliación progresiva del periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años.

Preguntado por unas declaraciones a 'El Confidencial' del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en las que asegura que la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones "está descartada", Escrivá ha señalado que no es así y que la reforma contendrá "algún elemento" relacionado con esta medida.

En este sentido, ha explicado que el Plan de Recuperación y el Pacto de Toledo no hablan estrictamente de la ampliación del periodo de cómputo, sino de dar opciones a las personas cuyas carreras no son lineales y cuyos últimos años profesionales no son los mejores, todo con el objetivo de que no se vean penalizados en su pensión.

"En ningún caso esto va de recortar gasto en pensiones, ni lo dice el hito, ni lo dice el Pacto de Toledo ni aparecerá en la norma. Esa interpretación interesada es falsa", ha dicho Escrivá, que cree que Álvarez, con sus declaraciones sobre el descarte de la ampliación del periodo de cálculo, "no ha interpretado bien" lo que se va a hacer en la norma.