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La UE pone en marcha por primera vez el proceso para bloquear el desembolso del presupuesto a Hungría

  • El mecanismo comunitario vincula los fondos europeos al cumplimiento de una serie de principios
  • Pueden pasar meses hasta que la Comisión presente el caso a los Estados miembros y se tome una decisión formal

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Banderas de la Unión Europea ondeando
Banderas de la Unión Europea ondeando

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que iniciará contra Hungría el nuevo mecanismo comunitario para vincular el desembolso de fondos europeos al cumplimiento de una serie de principios básicos del Estado de derecho.

Von der Leyen ha señalado al pleno del Parlamento Europeo, en una sesión de preguntas y respuestas, que la Comisión ha decidido enviar por primera vez a las autoridades húngaras una carta de notificación formal para poner en marcha este proceso, si bien pueden pasar meses antes de que Bruselas presente el caso a los Estados miembros para tomar una decisión formal de retención de fondos.

Esta herramienta, que aunque existe desde enero de 2021 todavía no se ha usado, permitirá por primera vez congelar el desembolso de fondos comunitarios cuando se detecten violaciones de principios del Estado de derecho -como la independencia judicial, la igualdad ante la ley o la separación de poderes- que afecten al buen uso de los fondos europeos.

Ante los eurodiputados, Von der Leyen ha explicado que el análisis por parte de la Comisión de las explicaciones recibidas del Gobierno húngaro les ha llevado a la conclusión de que "hay que avanzar al siguiente paso" con el envío de la notificación formal del inicio del proceso.

"Esto activa un proceso que tiene su calendario específico, hay un proceso en marcha", ha señalado la presidenta de la Comisión, que ha asegurado que "no se ha perdido ningún caso" de violaciones del Estado de derecho que puedan poner en riesgo el buen uso de la financiación comunitaria en Hungría, país en tensión con Bruselas desde hace años por sus problemas de corrupción y falta de independencia judicial.

Hungría, gran beneficiario de las partidas de cohesión

El uso de este mecanismo permitiría, en última instancia, llegar a congelar el desembolso de fondos de cohesión, agrícolas e incluso del fondo de recuperación a Hungría, gran beneficiario de las partidas de cohesión con 22.500 millones de euros hasta 2027.

La Eurocámara ha recibido con una ovación el anuncio tras meses de insistir en que este instrumento debía utilizarse para proteger los fondos europeos en países como Polonia o Hungría y de incluso llevar a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia comunitario por no poner en marcha sus propios mecanismos.

Boletines RNE - La Comisión Europea activa el mecanismo para congelar el envío de fondos a Hungría - Escuchar ahora

El anuncio de la puesta en marcha de este mecanismo llega apenas dos días después de que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, lograse este domingo un cuarto mandato consecutivo tras apuntarse una contundente victoria en las parlamentarias de este domingo y citase como "adversarios" a las instituciones europeas y al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El TJUE avala el mecanismo

El pasado mes de febrero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestimó los recursos de Hungría y Polonia y avaló la legaliad de condicionar los fondos europeos al respeto al Estado de derecho

En dos sentencias, la Gran Sala del Tribunal europea consideró que este instrumento ha sido adoptado sobre una base jurídica adecuada, es conforme con otros procedimientos existentes en los Tratados y respeta, en particular, los límites de las competencias atribuidas a la Unión y el principio de seguridad jurídica. Además, advierte de que los intereses financieros de la Unión pueden verse "seriamente amenazados" por la vulneración de los principios del Estado de Derecho" en un Estado miembro.

De esta forma, el TJUE rechazó las alegaciones de los gobiernos húngaro y polaco, que pidieron su anulación al considerar que carecía de base jurídica y que colisionaba con otros instrumentos que ya existen en los Tratados de la UE para actuar ante riesgos graves para el Estado de derecho, como el artículo 7 que permitiría en última instancia suspender el derecho a voto de un Estado miembro incumplidor.