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El Gobierno de coalición aprueba la prórroga del escudo social hasta el 31 de octubre

  • El Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la extensión de las medidas que expiraban el 9 de agosto
  • Entre estas medidas, se encuentra la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid.

El Gobierno prorrogará hasta el 31 de octubre el escudo social frente a la pandemia de coronavirus, que incluye medidas como la suspensión de los desahucios y otras destinadas a la protección de las personas más vulnerables y la respuesta urgente a los hogares con más dificultades.

Según han confirmado fuentes del Ejecutivo a RTVE, la prórroga será aprobada en el próximo Consejo de Ministros y ha sido acordada en un trabajo conjunto y coordinado entre todos los ministerios implicados.

En concreto, el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la extensión de las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 8/2021 que expiraban el 9 de agosto para garantizar la protección social de todos los ciudadanos.

Las últimas conversaciones llevadas a cabo entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, han concluido con el acuerdo para prorrogar este Real Decreto-ley, explican las fuentes del Gobierno de coalición.

Suspensión de los desahucios y moratoria en el pago de alquileres

Entre estas medidas, se encuentra la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres, la prohibición de cortes de luz, agua y gas para primeras viviendas de personas vulnerables y la ampliación del derecho al bono social, el descuento directo en la factura dirigido a los consumidores vulnerables.

En el ámbito de la vivienda, se mantiene la posibilidad de solicitar el aplazamiento del pago del alquiler de vivienda habitual a las familias en situación de vulnerabilidad siempre que los arrendatarios sean grandes tenedores de viviendas (diez o más). También se amplía el plazo para pedir una moratoria de tres meses en el pago de hipotecas y créditos.

A ello se suma la prórroga de la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, así como las medidas urgentes dentro de este ámbito; la flexibilización temporal del uso del fondo de educación y promoción de las cooperativas con la finalidad de paliar los efectos de la pandemia.

En esta prórroga del escudo social también se incluyen las medidas especiales de orden jurisdiccional contencioso-administrativo y la compatibilidad de la pensión de jubilación de los profesionales que ejercen la medicina y la enfermería con su actividad realizada para la gestión de la situación de crisis sanitaria.

Casi un año y medio desde las primeras medidas

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, su titular Ione Belarra, que había pedido la ampliación de esas medidas hasta el 31 de diciembre, ha señalado que el escudo social sigue "siendo muy importante para proteger de las consecuencias de la pandemia a quienes más las están sufriendo" y ha instado a "seguir protegiendo a la gente que más lo necesita".

El Gobierno aprobó por primera vez las medidas del escudo social el 31 de marzo de 2020, tras decretarse el estado de alarma a causa de la pandemia de coronavirus, y desde entonces se ha ido dando luz verde a sucesivas prórrogas para seguir manteniéndolas en vigor. El último decreto de ampliación de las medidas se aprobó el 9 de agosto.

Además, el pasado 8 de junio se aprobó un real decreto que permite a las comunidades autónomas utilizar los recursos del Plan de Vivienda para pagar a los propietarios la compensación por la paralización en determinados supuestos de los desahucios y de los lanzamientos de inquilinos de vivienda en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional durante la pandemia.