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Brahim Gali niega ante el juez de la Audiencia Nacional las acusaciones de torturas y genocidio

  • El juez Pedraz rechaza las medidas cautelares que habían pedido las acusaciones
  • Su abogado asegura que ha hecho un "gran esfuerzo por colaborar" y ha negado los hechos
  • Su presencia en España ha provocado una crisis con Marruecos

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Brahim Gali comparece en la Audiencia Nacional y niega las acusaciones de tortura y lesa humanidad

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha interrogado este martes durante casi dos horas al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, por dos querellas en las que se le acusa de presuntos delitos de lesa humanidad, genocidio y torturas, entre otros. 

Gali, de 71 años, ha negado los hechos y ha asegurado que las querellas tienen fines políticosEl juez ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones (prisión preventiva y retirada del pasaporte) para que no pudiera abandonar España. 

Gali ha comparecido por videoconferencia desde el hospital San Pedro de Logroño, en el que lleva ingresado más de un mes tras entrar a España desde Argelia para ser tratado de COVID-19. Es la primera vez que un magistrado de la Audiencia consigue tomarle declaración desde la presentación de las querellas. 

El ingreso del líder saharaui en España ha provocado una crisis con Marruecos que ha derivado en una entrada masiva de marroquíes y migrantes de otros países en Ceuta. Rabat exige que Madrid aclare su postura sobre el Sáhara Occidental y ha advertido que la crisis no se cerrará con la salida de Gali de España.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchezha calificado de "inadmisible" que Marruecos justifique el "ataque de fronteras" por desavenencias en política exterior.

La defensa asegura que el motivo de las querellas "es político"

Según el abogado de Gali, Manuel Ollé, el líder del Polisario ha negado todos los hechos. "Ha explicado que su participación, como ministro de Defensa en aquella época, no tenía ningún tipo de responsabilidad ni de acción en la conducta que se le imputaba por parte de las acusaciones", ha explicado Ollé a la prensa.

El abogado ha asegurado que Gali "ha hecho un esfuerzo tremendo" para colaborar con la Justicia. "Vino a España más muerto que vivo", ha asegurado, en referencia a su traslado desde Argelia aquejado de COVID-19. 

Ollé ha considerado que el motivo de las querellas "es absolutamente político" y que el objetivo es minar la "credibilidad del pueblo saharaui y su lucha hacia la autodeterminación" y usar a Gali como un "trofeo político".  

Por su parte, Mariana Delmas, abogada de la acusación particular, ha insistido en que "hay indicios" contra el querellado y ha pedido prisión preventiva como medida cautelar para evitar que abandone España. Otras de las acusaciones han pedido la retirada del pasaporte por el mismo motivo. 

Según Delmas, Gali no ha respondido al interrogatorio de las acusaciones y el juez Pedraz no ha hecho ninguna pregunta. La letrada ha negado además ninguna intencionalidad política y ha asegurado que se trata solo de una denuncia basada en los "derechos humanos". 

La Fiscalía no ha hecho ninguna petición de medidas preventivas, han confirmado ambas partes. 

Posteriormente, Santiago Pedraz ha rechazado imponer medidas cautelares para impedir que Gali abandone España, como han pedido las acusaciones.

Querellas por torturas y lesa humanidad

El presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ha declarado por dos querellas. La primera es la interpuesta por el activista de origen saharaui Fadel Mihdi Breica, que denuncia presuntas torturas sufridas en los campamentos polisarios de Tinduf (Argelia) en 2019 por parte de militares del Polisario.

La segunda querella es la impulsada en 2008 por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh), reabierta hace unas semanas, que pide investigar el trato sufrido en Tinduf "por los prisioneros de guerra" y por ciudadanos saharauis, "especialmente por los de origen español, en manos del Frente Polisario". 

Asadeh acusa al Pollisario de crimen de lesa humanidad por "retener contra su voluntad a miles de saharauis (...) con la complicidad de las autoridades de Argel".

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