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El Gobierno relanza las subastas de energías renovables y limita la burbuja especulativa

  • Aprueba un decreto ley con medidas para impulsar las inversiones en energías renovables y desplegar la "transición verde"
  • Entre sus principales objetivos, está acabar con la especulación en los permisos de acceso y conexión a la red

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El objetivo es que el 74% de la electricidad en España sea renovable en 2030, y el 100% antes de 2050.
El objetivo es que el 74% de la electricidad en España sea renovable en 2030, y el 100% antes de 2050. iSTOCK

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto con medidas para impulsar las energías renovables, acabar con la especulación en los permisos de acceso y conexión, celebrar nuevas subastas de renovables y preservar el equilibrio financiero del sistema eléctrico, afectado por la crisis de la COVID-19.

Entre otros objetivos, el Gobierno busca poner fin a los movimientos especulativos en la utilización de los permisos de acceso a la red eléctrica"eliminando la denominada burbuja a la conexión", y creando un nuevo sistema de subastas para el desarrollo de proyectos "verdes" cuya variable sobre la que se pujará será el precio de la energía, y que comenzarán a celebrarse ya en 2020.

Los actuales permisos de acceso y conexión a la red desde hace años están siendo acaparados en gran parte por personas o entidades que no tienen intención de desarrollar proyectos y que los guardan hasta que los pueden vender por altos precios a promotores o empresas que sí tienen un proyecto industrial.

Así, hay indicios de un eventual "componente especulativo", dada la escasa madurez de los proyectos o el volumen de casos de titulares de permiso de acceso que no han solicitado el igualmente necesario permiso de conexión -en torno a un 60%- y esta situación obstaculiza y encarece la puesta en marcha de los proyectos solventes.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado que con estas medidas se "activan las palancas" para permitir desplegar la "transición verde", que es una de las grandes apuestas de España y la Unión Europa, en un "contexto de crisis asociado a la irrupción del coronavirus".

"Creemos que es prometedora, con grandes beneficios, ya que España está preparada para aprovechar esta nueva revolución industrial", ha dicho Ribera, subrayando que las renovables suponen una oportunidad a la que el país "no puede renunciar".

Transición hacia un sistema 100% renovable

En esta nueva normativa se traza un plan para impulsar, "de forma ordenada y rápida", la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo. Adopta así las medidas necesarias para asegurar que los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica, dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables, estén asociados a proyectos reales y firmes, además de evitar los movimientos de carácter especulativo que puedan darse ante la insuficiencia de la regulación vigente.

En la actualidad, existe un elevado número de solicitudes, que suman un total de más de 430.000 megavatios (MW) -aunque se consideran correctamente presentadas unos 295.000 MW-, según datos del Ejecutivo, multiplicando por más de siete el objetivo de en torno a 60.000 MW de potencia renovable en España fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 2030, que se estima que representarán unas inversiones de más de 90.000 millones de euros, generando entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año durante la próxima década, ha detallado el gabinete dirigido por Teresa Ribera.

74% de electricidad renovable en 2030

Por ello, el Gobierno cree que resultaba urgente ordenar los permisos atendiendo a su viabilidad y solidez para favorecer el despliegue de energías limpias, lo que permitirá alcanzar los objetivos de que el 74% de la electricidad en España sea renovable en 2030 y alcanzar el 100% antes de 2050.

De esta manera, el decreto ley establece una serie de hitos administrativos sucesivos, con plazos temporales en función del momento en el que fue otorgado. En concreto, los titulares deben ir acreditando el cumplimiento de cada uno de esos hitos -entre ellos, la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción- en los tiempos fijados.

De lo contrario, los permisos caducarán de forma automática y, en su caso, se procederá a ejecutar los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización. El último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto los titulares como los solicitantes de estas autorizaciones podrán renunciar a ellas, procediéndose a la devolución de las garantías.

Además, se establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso, por lo que no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos.

De esta manera, se evitan nuevas solicitudes potencialmente especulativas sobre la capacidad que se libere mientras se desarrolla la normativa que deberán aprobar el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en el plazo de tres meses desde la publicación del decreto.

Primeras subastas de renovables, antes de 2021

Así, con el decreto ley retornarán las subastas de renovables, que en España no se celebran desde 2017, aunque habrá un nuevo sistema, por el que se podrán celebrar subastas de distintas tecnologías (en las últimas competían todas juntas) y ahora la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dan por hecho que a lo largo del segundo semestre habrá ya subastas de renovables, aunque no han precisado la potencia que pondrá en juego.

El objetivo es que el trámite de la normativa arranque cuanto antes, una vez sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y esté aprobada a finales del verano. De hecho, el lanzamiento de las subastas no necesitará que el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética reciba el visto bueno en el Congreso de los Diputados, ya que tiene el camino despejado al haberse incluido en este decreto ley, al entender que es de extrema necesidad debido a su impacto en la reactivación económica, en la generación del empleo y en los objetivos de penetración de renovables.

Así, se pone fin al marco vigente desarrollado en 2013, un momento en el que el coste de generación de un kilovatio-hora renovable era más caro que el precio al que se vendía en el mercado.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estima que la situación actual es justamente la contraria y es necesario actualizar el modelo, con un sistema de retribución similar al de los países del entorno de España -como la realizada el año pasado en Portugal-, que refleja resultados de subastas con precios inferiores a los registrados en el mercado eléctrico, ya que el desarrollo tecnológico de los últimos años ha abaratado significativamente el coste de generar electricidad de origen renovable.

Eficiencia de los costes

Los procedimientos en este nuevo sistema de subasta deberán estar orientados a la eficiencia de los costes y podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otros.

También podrán tener en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables para que éstas puedan competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria.

Además, para favorecer instalaciones de pequeña magnitud y proyectos piloto innovadores, la norma permite, de acuerdo con la Directiva Europea de Energías Renovables, que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución.

Por otra parte, el decreto ley aprobado también recoge medidas para simplificar y agilizar la tramitación de los proyectos renovables y la infraestructura eléctrica asociada, eliminando así barreras para su puesta en marcha.

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