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La Fiscalía pide a la juez que archive la causa abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid por el 8M

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La Fiscalía pide que se archive la causa contra el delegado del Gobierno por el 8M por considerar que no cometió prevaricación

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que archive la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, investigado por un delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo, pese a las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.

Según ha informado en un comunicado, la Fiscalía ha presentado un recurso contra el auto de la magistrada del pasado 23 de marzo por el que admitió la denuncia contra Franco y acordó la práctica de una batería de diligencias para comenzar la instrucción.

El recurso de la Fiscalía llega justo dos días antes de que Franco tenga que declarar este miércoles por un delito de prevaricación administrativa, pero la Fiscalía objeta que no se dan las circunstancias para acusarle de ese delito, ni por acción ni por omisión, entre otras razones porque el delegado del Gobierno no tiene competencias en materia sanitaria ni de salud pública.

Argumenta que Franco no tiene las competencias en materia sanitaria

Es la primera vez que la Fiscalía se pronuncia en esta causa, por lo que explica en su escrito que "esta circunstancia obedece" a que la jueza instructora aplicó la suspensión de plazos procesales por la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Dicha suspensión se levantó el pasado 4 de junio. 

Afirma que ahora es el "momento procesal" para "combatir el auto de incoación" y "valorar la mayor parte de las actuaciones que se vienen practicando" desde entonces. En este sentido, se muestra de acuerdo con la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno, y considera que este auto es "nulo", ya que genera indefensión. 

La Fiscalía hace un recorrido por los diferentes informes y recomendaciones publicados antes del 8 de marzo y analiza también las diligencias de instrucción practicadas “a los efectos de apreciar si existe en ellas cuando menos un atisbo de intencionalidad dolosa que justifique continuar con la investigación”.

Tras su análisis concluye que la investigación no debe continuar

La conclusión a la que llega es que “no es así”. Si se toma como “hipotético momento” de comisión delictiva la fecha de emisión del documento por el que el Delegado del Gobierno toma conocimiento de una convocatoria de manifestación en vía pública, señala el comunicado, “podremos apreciar que para la inmensa mayoría de las concentraciones que tienen lugar en el mes de marzo, la declaración formal de recepción de comunicación se fecha en el mes de febrero, produciéndose a principios de marzo en un número muy reducido de supuestos”.

"La declaración por la OMS del covid19 como pandemia se produce el 11 de marzo de 2020. Con tal escenario, nacional e internacional, pretender que el investigado conocía que con una actuación diferente a la realizada (para la que, como hemos dicho, no estaba obligado ni legitimado) habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad resulta prácticamente inverosímil”, añade la nota.

En cuanto al informe del Centro Europeo para el Control y prevención de Enfermedades emitido el 2 de marzo, al que aluden tanto el auto como la denuncia, la Fiscalía hace hincapié en que el documento recomendaba la cancelación de concentraciones masivas en los escenarios 3 y 4 y que en ese momento situaba a España en el primer escenario, aunque avisaba de que "podría evolucionar rápidamente al escenario 2".

También destaca que, en contra de lo que afirma la denuncia, el documento denominado 'Medidas de precaución relacionadas con el brote causado por el nuevo coronavirus COVID19 en la Comunidad de Madrid', elaborado por la Dirección General de Salud Pública, que recoge medidas básicas de higiene, es emitido con fecha de 5 de marzo de 2020 y no se refiere a medidas relativas a concentraciones en espacios abiertos.

La Abogacía del Estado presentó hace dos semanas un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la apertura de diligencias sobre las marchas del 8M en la región y acusó a la juez Rodríguez-Medel de convertir la instrucción "en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria" saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.

Los fiscales se muestran a favor de que se estime el recurso y entienden, al igual que los servicios jurídicos del Estado, que se ha generado indefensión, ya que la práctica de diligencias "no eran urgentes" y con la suspensión de los plazos no se podían recurrir.

La investigación está además en el centro de la polémica por el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, y de la tormenta que la decisión del Ministerio del Interior ha provocado en el seno de la Guardia Civil. 

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