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Delgado niega cambio de postura del Gobierno: "Defender los intereses de España pasa por defender al juez Llarena"

  • Afirma que el Ejecutivo no va a "permitir que se cuestione el ejercicio jurisdiccional de España"
  • Insiste en que se va a defender la justicia española "hasta las últimas consecuencias"

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Las mañanas de RNE - La ministra Delgado niega un cambio de postura en el 'caso Llarena'

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado que el Gobierno haya cambiado de postura en relación a la demanda presentada por el expresidente catalán Carles Puigdemont contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y ha asegurado "defender los intereses de España pasan por defender la actuación jurisdiccional del juez Llarena".

Según Delgado, el Ejecutivo no va a "permitir que se cuestione el ejercicio jurisdiccional de España", por lo que se defenderá la jurisdicción española "hasta las últimas consecuencias". Moncloa ya confirmó este domingo en un comunicado que el Gobierno está tramitando la contratación de un despacho de abogados en Bélgica para defender a Llarena. 

"No ha habido un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia,  sino que se ha realizado un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien" y, por tanto, "no existe una fisura entre la Abogacía General del Estado, el Gobierno y la ministra de Justicia", ha zanjado Delgado en una entrevista en Las Mañanas de RNE.

La ministra ha afirmado que explicarán a la Justicia belga que la denuncia de Puigdemont contra el juez que instruye la causa contra el ‘procés’ es de forma "entera" y "global" una "demanda instrumental" contra la causa judicial en España. Esto incluye las declaraciones privadas del juez que el expresidente de la Generalitat usa como argumento jurídico.

Con "transparencia"

Delgado ha hecho hincapié en que tanto el Ministerio que dirige, así como el Gobierno, ha hecho "un ejercicio de transparencia" en este asunto desde que el Consejo General del Poder Judicial le informara de la demanda civil presentada por Puigdemont en Bélgica.

"Cada paso que ha dado el Ministerio de Justicia, la Abogacía General del Estado, las personas y el equipo que estamos involucrados en el estudio de este asunto ha sido comunicado y por eso hemos ido en esta evolución", ha asegurado.

En este sentido, ha asegurado que todas las actuaciones han estado dirigidas a defender "la integridad de la justicia española" y ha remarcado las "peculiaridades" que tiene este caso que está en manos de los tribunales belgas porque es donde se presentó la demanda.

"Se trata de un tribunal ordinario extranjero en el que no puede intervenir la Abogacía del Estado directamente", como si podría si la demanda se hubiera presentado en los tribunales internacionales de La Haya o Estrasburgo, ha advertido la ministra.

Por eso, España sólo puede intervenir en este caso a través de una representación letrada de Bélgica, ha precisado Delgado. "En 2010 se firmó un acuerdo entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia, según el cual, los servicios del Estado darían protección jurídica a los jeuces en el extranjero si, se les ataca por hechos relativos a su función", ha explicado, al tiempo que ha puntualizado que "tiene dos requisitos: que el interesado lo solicite a su órgano y que el CGPJ lo solicite a la justicia. Y además, que tenga que ver con su labor jurisdiccional", ha expresado.

En este caso el CGPJ solo pidió a Justicia que adoptara medidas para "garantizar la integridad e inmunidad jurisdiccional" de España y en eso basó su trabajo, con "transparencia" y "al margen de cualquier intoxicación interesada" .

Los jueces celebran el cambio de postura

La mayoría de las asociaciones judiciales celebran el "necesario" cambio de postura del Gobierno en relación a la contratación de un bufete belga para defender la soberanía jurisdiccional española en el procedimiento civil abierto en Bélgica contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

A ojos de la mayoría de las asociaciones judiciales, esta actuación supone una "rectificación" de la postura mantenida por Justicia hace unos días, cuando explicó que solo se personaría si el juez belga cuestionaba la instrucción del "procés" pero "en ningún caso" por manifestaciones de carácter privado del juez Llarena.

Tras un fin de semana en el que distintas asociaciones de jueces y fiscales, así como varios partidos políticos, hayan instado al Gobierno a asumir la defensa de Llarena, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, celebra que "se haya impuesto la sensatez y el interés de España".

Y recuerda que la Abogacía del Estado ya defendió en varios informes la personación al entender que la demanda está sustentada en hechos relacionados con el ejercicio del cargo como juez y no en cuestiones privadas de Llarena. Almenar subraya a Efe que la personación del Estado es un acto "obligado, necesario y urgente" y advierte de "los graves riesgos" que entrañaría no hacerlo.

La única que difiere de las demás es Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que considera que no ha habido un cambio de estrategia porque el Estado se iba a personar "en todo momento", si bien precisa que el Gobierno lo tenía que haber dicho "de manera muy clara" desde el principio. En este punto, su portavoz, Ignacio González Vega, critica la ambigüedad con la que el Ministerio de Justicia hizo esa distinción entre la actuación privada del juez y su función jurisdiccional.

También celebran el "evidente" cambio de postura del Gobierno los portavoces de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y de Foro Judicial Independiente (FJI), que lo achacan al malestar reinante entre gran parte de la judicatura.

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