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El TC suspende cautelarmente las partidas presupuestarias de Cataluña para el referéndum

  • Conlleva la suspensión de dichas partidas durante al menos cinco meses
  • El Tribunal advierte al Govern de Puigdemont de que debe obedecer su decisión
  • Sin embargo, el Govern mantiene "intacto" el compromiso del referéndum

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 Edificio sede del Tribunal Constitucional en la calle Domenico Scarlatti de Madrid.
Edificio sede del Tribunal Constitucional en la calle Domenico Scarlatti de Madrid. EFE

El Tribunal Constitucional ha suspendido provisionalmente este martes las partidas de los presupuestos catalanes relativas a procesos y consultas populares y procesos de participación ciudadana, contra las que presentó el Gobierno un recurso de inconstitucionalidad. Además, ha advertido al Govern de la Generalitat de que debe obedecer su decisión, tal y como pedía el Ejecutivo central en su recurso.

La suspensión es una medida cautelar que se mantendrá mientras el alto tribunal estudia el fondo del asunto y que se produce automáticamente con la admisión del recurso, dado que así lo recoge la Constitución.

De hecho, ni la admisión a trámite, ni la suspensión cautelar, que en principio se mantendrá durante cinco meses, determinan cuál será el sentido del fallo sobre el fondo del asunto.

El Gobierno presentó el pasado viernes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra las partidas de los presupuestos catalanes relativas a procesos y consultas populares y procesos de participación ciudadana.

Seis millones de euros para el referéndum

Los Presupuestos de la Generalitat prevén unas partidas que suman 5,8 millones de euros, además de un crédito de 407.000 euros, cuya finalidad es organizar el referéndum independentista anunciado para septiembre de 2017. Esas partidas son las que quedan suspendidas provisionalmente.

El texto del recurso pedía, además de la suspensión de las partidas citadas, que se aperciba al presidente catalán, Carles Puigdemont, y a todo su gobierno, invocando el artículo 87 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el cual establece la obligatoriedad de las resoluciones del TC y el deber de los jueces ordinarios para que así suceda.

Además del recurso del Gobierno, los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos por un lado y del PSOE por otro -representando al PSC- también han preparado sendos recursos que presentarán al Tribunal Constitucional contra estas partidas presupuestarias aprobadas por el Parlament catalán.

Ya el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) dictaminó por unanimidad que la disposición adicional recogida en los Presupuestos aprobados por el Parlament catalán era inconstitucional y los propios letrados de la Cámara advirtieron en el pleno de que votarla suponía desobedecer al TC.

El Govern mantiene "intacto" el compromiso del referéndum

La primera reacción a la decisión del tribunal de garantías ha sido la del vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, que es uno de los 19 apercibidos por el TC, y que ha afirmado: "El Tribunal Constitucional no podrá suspender la libertad ni la democracia".

En la misma línea, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha asegurado que el Ejecutivo catalán mantiene "intacto" el compromiso de celebrar un referéndum, "con los mismos términos que hasta el presente", y que al mismo tiempo también tiene "la voluntad de diálogo y de acuerdo con el Gobierno del Estado".

"Nos defenderemos ante esta suspensión de unas partidas presupuestarias que entendemos que son perfectamente legales, pero deberemos analizar primero el contenido entero de esta resolución", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Ciutadans en el Parlament, Carlos Carrizosa, cree que JxSí, aunque era consciente de que esta suspensión cautelar ocurriría, buscará alimentar su "discurso victimista y envolverse aún "más con la 'estelada'".

El de este martes era el primer pleno del Constitucional tras la renovación de un tercio de sus magistrados y la elección de su nuevo presidente, Juan José González Rivas, y su nueva vicepresidenta, Encarnación Roca.

El TC ha dado traslado de la suspensión cautelar al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno de Cataluña y al Parlamento de Cataluña, por conducto de sus presidentes, "al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes". Y ha acudido al auxilio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para las notificaciones, requerimientos y apercibimientos acordados.

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