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Duterte se reafirma en su campaña de ejecuciones extrajudiciales frente a la condena internacional

  • La cámara baja filipina ha apoyado la reducción de la edad penal a 9 años
  • HRW y Naciones Unidas condenan la campaña antidroga de Duterte
  • Según HRW, la polémica campaña ha causado hasta la fecha 7.080 muertos

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Duterte pretende reimpulsar su lucha contra las drogas en Filipinas pese a las denuncias de ejecuciones extrajudiciales

Más de 7.000 muertos, asesinados la inmensa mayoría extrajudicialmente, se ha cobrado ya la campaña antidroga del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Suspendida hace un mes tras revelarse corrupción en las fuerzas de seguridad, Duterte ha instado a la Policía a continuarla, y ha decidido trasladar las competencias de este cuerpo al ejército, para asegurar su particular limpieza.

A estos movimientos se suma otro empeño presidencial, el de restaurar la pena de muerte, que avanza a buen paso. El miércoles, la cámara baja filipina apoyó en segunda votación la reducción de la edad penal a nueve años de edad. Si la proxíma semana el texto supera la tercera votación, se convertirá en ley.

De este modo, niños en plena infancia podrían ser encarcelados si así lo decreta un juez. Un cóctel, unido a la corrupción policial y al presunto descontrol de las ejecuciones extrajudiciales, que no tranquiliza a las organizaciones internacionales de derechos humanos.

La campaña del presidente filipino Duterte contra las drogas arroja un saldo de más de 5.000 muertos

La denuncia de HRW contra la Policía filipina

Human Rights Watch (HRW) ha atribuido a la Policía de Filipinas las ejecuciones extrajudiciales de la "guerra contra las drogas" y ha exigido a la ONU "poner en marcha con urgencia una investigación internacional independiente" y depurar responsabilidades.

En el informe de 117 páginas publicado este jueves bajo el título Licencia para matar, la organización internacional ha concluido que "la Policía habitualmente mataba a sangre fría a los sospechosos relacionados con drogas y luego encubría su crimen colocando drogas y armas en el lugar".

Según la ONG, la polémica campaña ha causado hasta la fecha 7.080 muertos, de los que 2.555 fueron abatidos por la Policía tras supuestamente resistirse y 3.603 están clasificados como "muertes bajo investigación". Los restantes 922 casos fueron cerrados sin haberse identificado a los culpables, según los datos oficiales.

HRW, que en su informe documenta 24 incidentes en los que se mató a 32 personas, ha asegurado que las "muertes bajo investigación" también fueron a manos de la Policía y añade que "los pistoleros enmascarados que participaban en los asesinatos parecían trabajar estrechamente con la Policía, poniendo en duda las afirmaciones del Gobierno de que la mayoría de los asesinatos han sido cometidos por vigilantes o bandas de narcotraficantes rivales".

Condena internacional

Este jueves, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el organismo de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas, ha condenado esta campaña de ejecuciones extrajudiciales de drogodependientes.

"Ya en agosto emitimos un comunicado en el que lo condenábamos en los términos más firmes e incluso hemos escrito una carta al Gobierno filipino para explicarles que eso no está en línea con las convenciones internacionales", ha explicado el presidente de la JIFE, Werner Sipp, a preguntas de Efe sobre esas ejecuciones extrajudiciales.

"Los delitos relacionados con las drogas deben ser sancionados por el sistema judicial", ha demandado Sipp, quien ha recordado que lo contrario vulnera tanto los tratados sobre droga como los derechos humanos.

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