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China endurece el control sobre las ONG extranjeras con una nueva ley más restrictiva

  • Pekín intensifica la vigilancia de actividades, miembros y financiación de ONG's
  • Las organizaciones afectadas pasan a ser gestionadas por la policía china
  • AI o Human Rights Watch no disponen de oficina en el continente chino

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China incrementa el control sobre las organizaciones humanitarias que operan en el país

En China, el parlamento ha aprobado este jueves una controvertida ley para gestionar el trabajo de las ONG extranjeras en el país que, según las afectadas, "acorrala" a la sociedad civil y tendrá un grave impacto en múltiples sectores.

Tras un año de discusión la Asamblea Nacional Popular (ANP) ha dado el visto bueno a la nueva legislación al término de su sesión bimensual en Pekín y ha anunciado que entrará en vigor el 1 de enero de 2017.

La ley, duramente criticada por gobiernos como el de Estados Unidos o la Unión Europea, dificulta el trabajo de estas organizaciones y estrecha el control sobre sus actividades, sus miembros y su financiación.

Límite al pensamiento, via libre a la investigación

Con un texto muy ambiguo, la legislación afecta a "organizaciones sociales no gubernamentales, sin ánimo de lucro, como fundaciones, grupos sociales o think-tanks", pero no a "colegios, hospitales o instituciones académicas o de investigación en ciencias naturales, ingeniería y tecnología; y otras entidades", que han sido excluidas del texto final pero sí aparecían en versiones anteriores.

Los grupos afectados pasan a ser gestionados por la policía, que deberá aprobar su trabajo y, en cualquier momento, podrá cancelar la actividad que estén llevando a cabo o interrogar al responsable de la organización en China si considera que se está poniendo en peligro la seguridad del Estado.

El hecho de que la policía sea quien supervise a estas ONG "bastará para disuadir a muchas personas de realizar este tipo de trabajo, especialmente por la manera -sin límites y politizada- en la que China interpreta lo que es una amenaza a la seguridad nacional", ha dicho a EFE Nicholas Bequelin, director de Amnistía Internacional (AI) para Asia Oriental.

La dificultad para regularizarse, un limbo legal y una trampa

La ambigüedad de la legislación sobre qué puede considerarse una amenaza o, incluso, quién puede resultar afectado, ha generado preocupación en múltiples sectores, entre ellos, cámaras de comercio extranjeras y otras asociaciones industriales que en China están registradas como organizaciones sin ánimo de lucro.

Las autoridades defienden que la ley busca proveer un marco legal a las alrededor de 10.000 organizaciones que, hasta ahora, se movían en un área gris, ya que no había una regulación adaptada a su estatus.

No obstante, las organizaciones afectadas consideran que la nueva regulación es "enormemente restrictiva" y que refleja la falta de confianza del Gobierno en la sociedad.

También las organizaciones locales

El foco, además, no sólo está en las organizaciones extranjeras, sino también en las locales, subraya Lu Jun, reconocido activista y cofundador de la ONG china Yireping, quien tuvo que trasladarse a Estados Unidos recientemente por la persecución de las autoridades.

Su organización, Yireping, es una referencia en las reivindicaciones relacionadas con el feminismo y la igualdad de género en el país.

"Las organizaciones no gubernamentales tienen muchos problemas de financiación en China, dados los estrictos controles a las donaciones, y poca experiencia en este ámbito, así que el dinero y el trabajo de ONG extranjeras es fundamental para el desarrollo de este sector en China", explica a EFE.

Lu afirma que los grupos más afectados serán aquellos que se dedican a temas de educación, pobreza, protección del medioambiente, asesoría legal o la igualdad de género, entre otros.

La policía toma el mando

"La ley tendrá menor impacto en organizaciones de derechos humanos, porque éstas ya estaban antes muy controladas por la policía y tenían un margen de actuación muy limitado", reflexiona.

De hecho, grupos como AI o Human Rights Watch no disponen de oficina en el continente chino, aunque sí en Hong Kong, región con mayores libertades.

Lu augura que, a partir de que la ley entre en vigor, se darán más casos de "secuestros" o detenciones que oficialmente no son confirmadas, y recuerda el caso de Peter Dahlin, el ciudadano sueco cofundador de la ONG "China Action", arrestado durante casi un mes y posteriormente deportado por su trabajo en China, donde ofrecía consejo legal a grupos vulnerables.

En la rueda de prensa celebrada este jueves tras la votación de la ley, miembros del Parlamento y del Gobierno chino defendieron el texto de la regulación y el papel de la policía, "con gran experiencia en tratar asuntos de extranjeros".

"Damos la bienvenida a las ONG extranjeras", defendieron una y otra vez ante los periodistas, sin aclarar ninguna duda. "¿Qué tipo de comportamiento puede ser considerado como una amenaza a la seguridad del país? ¿Es lo mismo perjudicar al país que perjudicar al (gobernante) Partido Comunista?", les espetaron los informadores, recibiendo la callada como respuesta.