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Caso Petrobras

Lula da Silva acepta entrar en el gobierno de Rousseff para blindarse ante la justicia, según medios brasileños

  • Lula da Silva ocuparía un puesto en el ámbito legislativo, según Reuters
  • El exmandatario quedaría aforado ante las acusaciones de corrupción

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El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva saluda a los simpatizantes del partido de los trabajadores
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva saluda a los simpatizantes del partido de los trabajadores EFE

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha decidido aceptar este martes el ofrecimiento de la presidenta Dilma Rousseff, y entrará a formar parte de su gobierno. La mandataria brinda así la oportunidad a su predecesor de un blindaje institucional ante imputaciones en pleno cruce de acusaciones de corrupción por el caso Petrobras.

Así lo afirman fuentes mencionadas por Reuters bajo la condición de anonimato. Según estas fuentes Lula da Silva ocuparía un puesto en el ámbito legislativo, en estrecho contacto con el Partido de los Trabajadores.

La oposición en Brasil ha alertado este martes de que si Lula da Silva es nombrado ministro, el país estará frente a una "clara maniobra para librarlo de la cárcel". El diputado Silvio Torres, secretario general del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), ha dicho que si ese nombramiento se confirma, "el primer objetivo es librar a Lula del riesgo de ir a prisión, pues como ministro tendría foro privilegiado".

Algunos medios brasileños, como el diario "O Globo", ya se habían hecho eco previamente de esta posibilidad, dándola por cierta.

Pupila y mentor en apuros

Por otro lado, el abogado general de la Unión (abogado del estado), José Eduardo Cardozo, ha defendido este martes el nombramiento del exjefe de Estado brasileño. "El Gobierno ganaría un gran líder", dijo Cardozo a los periodistas acerca de esa posibilidad, criticada por líderes de la oposición.

Rousseff, es considerada la ahijada política de Lula da Silva, quien la eligió personalmente como su sucesora tras ocho años en el poder. Preguntada directamente por la prensa brasileña sobre este asunto, se negó a comentar con la excusa de que las decisiones del Gobierno "no se discuten" con los medios. 

Lula está en serios problemas con la justicia y ha sido acusado formalmente por la Fiscalía de Sao Paulo de lavado de dinero vía ocultación de patrimonio y falsificación de documentos, cargos que la justicia analiza pero aún no ha aceptado.

Por ese asunto, la Fiscalía de Sao Paulo llegó a pedir incluso su detención preventiva por supuestas maniobras para "obstaculizar a la justicia", sobre lo cual el tribunal tampoco se ha pronunciado.

La oposición: "sería un escarnio"

El opositor partido Demócratas (DEM) también ha reaccionado frente a esta posibilidad y ha anunciado que analizará la posibilidad de acudir a los tribunales para intentar impedir el nombramiento, si llegase a confirmarse.

"Sería una burla, un escarnio, porque el único objetivo sería ayudarlo a escapar de la justicia", declaró el jefe del grupo del DEM en la Cámara de Diputados, Pauderney Avelino, para quien otro objetivo sería "intentar frenar el trámite para el juicio político" contra Rousseff, que comenzó el año pasado en el Congreso y fue suspendido temporalmente por la Corte Suprema, pero que podría ser retomado esta misma semana.

El Ejecutivo no ha confirmado que la decisión sobre Lula haya sido tomada, pero sí que es una posibilidad que Rousseff baraja.

El ministro brasileño de la Presidencia, Jaques Wagner, ha reconocido que Lula ha sido sondeado y consideró que su presencia reforzaría la "capacidad de articulación política" y de diálogo del Gobierno con el Congreso, que se dispone a retomar los trámites para un eventual juicio político contra Rousseff por unas irregularidades en las que el gabinete habría incurrido para maquillar sus balances fiscales.

El lamento de Lula

Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, acusó a los medios de comunicación de "amedrentar" con sus titulares a la Policía, a la Fiscalía y a la Corte Suprema.

También es objeto de otra investigación paralela iniciada por la Fiscalía de Sao Paulo, que le denunció por blanqueo de dinero y falsificación de documentos en relación al apartamento de Guarujá.

El expresidente arremetió contra los fiscales del caso, que solicitaron para él prisión preventiva: "Si usted anda detrás de la verdad, mande arrestar a un ciudadano de la Fiscalía que dice que el apartamento es mío", dijo.

El domingo, el Gobierno fue blanco de la mayor movilización popular registrada en la historia del país, que reunió a más de 3,5 millones de personas en más de un centenar de ciudades de Brasil, según estimaciones de la Policía.

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