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La jueza del caso Nisman se declara incompetente en la causa sobre la muerte del fiscal

  • La magistrada Palmaghini cree que la investigación compete a una instancia superior
  • Los familiares de Nisman habían solicitado esa medida

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Un grupo de personas participa en una manifestación para exigir justicia tras la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman
Un grupo de personas participa en una manifestación en enero de 2015 para exigir justicia tras la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman.

La jueza argentina encargada de la causa sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman se ha declarado incompetente para continuar al frente de la investigación del deceso, cuyas circunstancias siguen sin esclarecerse más de un año después.

Según la agencia oficial Télam, la magistrada Fabiana Palmaghini, del Juzgado Criminal de Instrucción 25, declinó seguir al frente de la investigación de la muerte de Nisman por entender que la causa debe tramitarse en el fuero federal, ámbito en el que tendrá que definirse qué juez asume la pesquisa.

Se trata de una de las reivindicaciones de los representantes de la madre de Nisman y los abogados de las hijas del fiscal, que habían argumentado que la causa debía ser tratada como un homicidio y que, al ser un funcionario del Ministerio Público Fiscal, debía pasarse la investigación a la Justicia federal.

"La víctima era un fiscal federal y fue víctima de un crimen en ocasión de su actividad profesional", aseguró recientemente el abogado de las hijas de Nisman, Manuel Romero Victorica.

Avance en la instrucción

Esta decisión se produce después de que el lunes la magistrada tomase declaración durante más de 14 horas al exdirector de operaciones de los Servicios de Inteligencia argentinos Antonio "Jaime" Stiuso, que colaboraba con Nisman en el marco de la investigación sobre el atentado contra la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos en 1994.

Nisman fue encontrado con un tiro en la sien en su casa de Buenos Aires el 18 de enero de 2015, días después de haber denunciado a la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de los terroristas sospechosos de ese atentado y horas antes de explicar ante el Congreso argentino el contenido de esa denuncia, que fue posteriormente desestimada.

Stiuso ya había declarado en febrero del pasado año ante la fiscal Viviana Fein, que en aquel momento encabezaba la investigación sobre la muerte, responsabilidad ahora en manos de Palmaghini.

Tras esa declaración, Stiuso permaneció durante meses en el extranjero en paradero desconocido, pese a ser requerido por el Gobierno argentino, hasta que el pasado 19 de febrero se confirmó su retorno al país.

"Seguramente la jueza vaya a tomar a partir de lo declarado por Stiuso alguna determinación, si es que hasta ahora no lo ha tomado", ha indicado a Radio Rivadavia Juan Pablo Vigliero, otro de los abogados de las hijas de Nisman, sobre la declaración de Stiuso, de la que se dictó secreto de sumario.

La investigación oficial de la muerte del fiscal aún no ha determinado si se trató de un suicidio, un suicidio inducido o un homicidio, como sostiene la familia del fiscal fallecido.

Imputaciones por delitos menores

En la causa solo están imputados el técnico informático Diego Lagomarsino, por prestar a Nisman el arma que acabó con su vida, y los escoltas que debían custodiarlo, acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El presidente argentino, Mauricio Macri, en su discurso de apertura de la sesiones ordinarias del Congreso, consideró que las circunstancias en torno a la muerte del fiscal "todavía son inciertas", pero señaló que "a poco comienzan a aclararse".

Tras la muerte de Nisman, el Gobierno de Cristina Fernández apuntó públicamente a presuntas maniobras de los sectores desplazados de la Inteligencia detrás tanto de la denuncia como del fallecimiento del fiscal.

Además de por la causa Nisman, la Justicia reclama a Stiuso para prestar declaración sobre distintas tareas realizadas por los servicios secretos en el marco de la investigación del caso AMIA.

Sobre el exespía, apartado de su cargo en diciembre de 2014, también pesan acusaciones de presunto lavado de dinero, contrabando y enriquecimiento ilícito.