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El expresidente brasileño Lula da Silva declarará como testigo en el caso Petrobras

  • El Supremo brasileño ha autorizado que sea interrogado como testigo
  • La Policía Federal solicitó el interrogatorio al considerar que pudo beneficiarse de la red

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 Imagen de archivo del expresidente brasileño Lula da Silva.
Imagen de archivo del expresidente brasileño Lula da Silva. Miguel Rajmil

El máximo tribunal de justicia de Brasil ha autorizado este viernes a la Policía Federal a convocar para un interrogatorio al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la calidad de testigo, por el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, según han informado fuentes judiciales.

El magistrado instructor del caso en el Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, en un comunicado publicado este viernes, ha coincidido con la Fiscalía en que el exgobernante puede ser escuchado como testigo y no como investigado.

La autorización para interrogar a Lula fue solicitada en septiembre pasado por un comisario de la Policía Federal para quien el exmandatario "pudo haberse beneficiado" de la red que, según Petrobras, desvió unos 2.000 millones de dólares de la estatal.

Zavascki no estableció un plazo para que el expresidente sea interrogado pero la Policía Federal aclaró en la petición que su intención es poder escucharlo en hasta 80 días.

Otros altos cargos interrogados

El magistrado también ha autorizado que sean interrogados, igualmente como testigos, destacadas autoridades del Gobierno de Lula (2003-2010) como su ministra de Relaciones Institucionales, Ideli Salvatti; el secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho, y el presidente de Petrobras en la época, José Sergio Gabrielli.

El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, ya había emitido su parecer en el que se manifestaba favorable a que Lula fuese escuchado como testigo en la investigación por el mayor escándalo de corrupción en los últimos años en Brasil.

De acuerdo con el magistrado instructor, la Fiscalía y la Policía Federal tienen la atribución de determinar "la conveniencia, la oportunidad o la necesidad" de realizar diligencias que ayuden en una investigación y a aclarar los hechos.

Algunos implicados inculpan a Lula

Zavascki ha agregado que, en este caso, tanto la Fiscalía como la Policía Federal coinciden en que las autoridades que serán escuchadas en las nuevas diligencias "no ostentan la condición de investigadas sino de informantes, según se desprende de la petición".

Según ha indicado el magistrado, la Policía Federal alegó que dos de los implicados en el escándalo que admitieron su culpa y colaboran con la justicia a cambio de reducción de penas "presumen que el expresidente estaba comprometido en la red de corrupción por las características y la dimensión de la misma pero no disponen de elementos concretos que comprueben su participación".

El juez también que, como los investigadores alegan que su objetivo es una "red de poder política alimentada con enormes recursos de la mayor empresa de Brasil", consideran "necesario incluir en el proceso las declaraciones del entonces mandatario mayor de la Nación para que presente su versión de los hechos investigados".

Pese a que Lula no tiene fuero privilegiado, la Policía Federal decidió solicitar la autorización para escucharlo a la corte suprema debido a que varios de los investigados sí lo tienen, por ejercer mandatos, y sólo pueden ser juzgados por el STF.

La Fiscalía ya solicitó que ese tribunal juzgue a medio centenar de políticos, en su mayoría de grupos gubernamentales, por haber supuestamente beneficiado de los desvíos de Petrobras.

Pudo obtener "beneficios para sí mismo"

En su petición al tribunal, el comisario responsable afirma creer que Lula pudo haber "obtenido beneficios para sí mismo, para su partido, el PT (Partido de los Trabajadores), o para su Gobierno, manteniendo una base de apoyo partidista sustentada a costa de negocios ilícitos" en Petrobras.

La Fiscalía ha establecido hasta ahora que casi una veintena de grandes empresas obtenían contratos amañados con la petrolera estatal, inflaban los valores de los mismos en hasta un 4% y luego repartían las diferencias entre directores de la firma estatal y partidos políticos que amparaban las prácticas corruptas.

Poco antes de conocerse la decisión de Zavascki, el Instituto Lula denunció en un comunicado que el expresidente ha sido objeto el último año de una campaña de difamación que trata de "manchar su biografía" y "distorsionar" la percepción de su gestión.

La Fiscalía también abrió una investigación para establecer si Lula incurrió en tráfico de influencias al promover en el exterior a empresas investigadas por la corrupción en la petrolera estatal.

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