Martinsa Fadesa queda abocada a la liquidación tras no lograr el apoyo de la banca acreedora

• El endeudamiento de la inmobiliaria asciende a 3.500 millones de euros
• Superó el mayor concurso de acreedores de la historia empresarial española
• No tiene liquidez para afrontar los pagos de deuda que fijaba el convenio

Martinsa Fadesa ha quedado abocada a la liquidación después de que ninguno de sus principales bancos acreedores se haya adherido a la nueva propuesta de convenio planteado por la inmobiliaria para afrontar la deuda de 3.500 millones de euros que soporta, según fuentes conocedoras de la negociación.

La compañía que controla y preside Fernando Martín encara así su liquidación después de que en marzo de 2011 lograra superar el mayor concurso de acreedores de la historia empresarial española.

No obstante, cuatro años después Martinsa se ha visto obligada a plantear una reforma del convenio con que logró emerger de dicho proceso judicial ante la falta de liquidez para afrontar los pagos de deuda que fijaba.

La inmobiliaria presentó dicha solicitud de reforma el pasado 30 de diciembre de 2014 ante el Juzgado Mercantil de A Coruña, que dio de plazo hasta este 26 de febrero para que los bancos manifestara si aceptaban o no la propuesta, que requería un respaldo de al menos el 75% de los acreedores.

Tras culminar el plazo, ninguno de los principales acreedores, entre los que figuran la Sareb, CaixaBank, Abanca y Banco Popular.

En este sentido, aseguran que la propuesta presentada por Fernando Martín no tenía apoyos y no era ni creíble ni viable, y critican que entre las exigencias que planteaba estuviera mantener su sueldo millonario a pesar de las pérdidas que registraba la compañía.

De hecho, Martinsa no tiene suficiente liquidez para poder hacer frente al pago de las costas del proceso judicial que enfrentó a Fernando Martín y a los antiguos responsables de Fadesa, a los que acusaba de haber sobrevalorado activos en el marco de la fusión.

La banca acreedora de Martinsa entiende que la liquidación de la compañía introducirá control judicial sobre ella y más transparencia, y permitirá conocer el valor real de sus activos y emplear los fondos obtenidos en resarcir a los acreedores.