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Gobierno y PSOE negocian el pacto antiyihadista con el escollo de la prisión permanente revisable

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SEIS DETENIDOS EN UNA OPERACIÓN CONTRA EL TERRORISMO YIHADISTA EN MELILLA
Operación de la Guardia Civil y la Policía contra el yihadismo en Melilla, en mayo de 2014. EFE EFE/F.G.Guerrero

El Gobierno y la oposición han iniciado este jueves las negociaciones para pactar medidas contra el terrorismo yihadista con la prisión permanente revisable como principal escollo, después de que el PSOE la haya marcado como primera "línea roja". El Gobierno ha asegurado que esta figura no está sobre la mesa porque ya se debate en la reforma del Código Penal que se ha aprobado en el Congreso.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha asegurado tras la reunión mantenida este jueves con el grupo socialista, CiU, PNV y UPyD, que las posibilidades de consenso se apurarán "hasta el último momento". Sin embargo ha defendido que no tendría sentido que esa figura penal castigara los delitos más graves y no lo hiciera en los casos de terrorismo, por lo que ha considerado en este aspecto "caben pocos experimentos".

A pesar de todo ha considerado que es un "escollo" salvable y ha reiterado que las medidas garantizarán la seguridad jurídica y, con la ayuda que ha pedido a los grupos, definirán con precisión y con las palabras exactas qué delitos serán considerados terrorismo y cuándo se entenderá que lo es el adiestramiento pasivo o la autoradicalización.

Las "líneas maestras" del texto, ha explicado la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, son las de cambiar el concepto de terrorismo pues existen "lagunas", como la existencia actual de lobos solitarios no integrados en ninguna organización, además de definir otras amenazas como el autoadistramiento o la autoradicalización, en sintonía con los instrumentos que están abordando en la UE.

En la reunión también han participado el portavoz de Interior del PP en el Congreso, Conrado Escobar, y el portavoz adjunto de la Comisión Constitucional, José Miguel Castillo.

El PSOE condiciona el pacto al consenso

"La prisión permanente revisable no es un tema menor para nosotros, es fundamental, una línea roja", ha dejado claro el portavoz socialista en la Comisión de Justicia, José Enrique Serrano, quien opina que, tal y como sucedió ayer con la aprobación en solitario del proyecto de reforma del Código Penal, toda la oposición "va a decir lo mismo".

De todos modos, el Gobierno y el PP han expresado a los socialistas su voluntad de aceptar algunas de las propuestas y de modificar, por tanto, las cuestiones relacionadas con el listado de delitos que pueden ser considerados de terrorismo y con el acceso a las páginas web de contenidos yihadistas.

Los socialistas, no obstante, no se oponen al pacto ni a consensuar el texto de la proposición, pero no quieren que en este figure expresamente este tipo de condena, su intención es que a comienzos de la próxima semana pueda estar ya elaborado un texto para ser registrado en el Congreso y pueda ser debatido en febrero.

Tras este primer encuentro, el PSOE, representado por Serrano y el portavoz de Interior en la cámara baja, Antonio Trevín, ha manifestado a los medios de comunicación que "condiciona" el pacto a la búsqueda de consenso, con el objetivo de que no sea un acuerdo entre Gobierno y el PP y al "resultado final" del Código Penal con la inclusión de la prisión permanente revisable.

CiU exige que los Mossos puedan participar

PNV, CiU y UPyD se han reunido después con el Gobierno, no así IU y el Grupo Mixto que por problemas de agenda tendrán estas reuniones bilaterales la próxima semana, aunque el grupo parlamentario popular les remitirá este mismo jueves su iniciativa.

En la reunión, el portavoz de CiU en la Comisión de Justicia, Jordi Jané, ha exigido al Gobierno que se permita el acceso de los Mossos d'Esquadra a la base de datos del resto de cuerpos policiales para que participen "de igual a igual" con Policía y Guardia Civil en el combate de este fenómeno.

Tanbién han pedido que el pacto contra el yihadismo que propone se alcance desde la "lealtad", la "colaboración" y el "consenso" con todos los grupos parlamentarios. "Para CiU, esto no puede ser un pacto de adhesión en el cual se nos invita en el último momento. Ha de venir desde el consenso. Esa lealtad debe trasladarse en todos los ámbitos", manifestó Jané.

Mientras, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha considerado "chocante" que el PP quiera consensuar con el resto de grupos parlamentarios una proposición de ley de medidas contra el yihadismo que se refiere de forma genérica al terrorismo y "que no está completamente definido". No obstante, su partido estudiará el borrador por su "responsabilidad" como parlamentarios.

Penas de hasta ocho años de cárcel

El Gobierno y los grupos parlamentarios negocian el contenido de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. En el borrador de la reforma se recogen, entre otras, las siguientes propuestas:

- El artículo 575 de la reforma dice que se impondrá una pena de entre uno y ocho años de prisión para aquel español o residente que se traslade a un territorio controlado por terroristas y se sume a ellos, convirtiéndose en lo que se conoce como combatiente extranjero, o bien que "haya iniciado preparativos para ello".

- También se castigará con penas de uno a ocho años de prisión a quienes consulten de manera habitual páginas web que inciten a la incorporación a grupos terroristas. "Los hechos se entenderán cometidos en España cuando se acceda a los contenidos desde el territorio español". Se incorporará la misma pena de prisión para quienes adquieran documentos que "resulten idóneos" para el enaltecimiento del terrorismo.

- El borrador de la reforma contempla en el artículo 578 un agravamiento del castigo por enaltecimiento del terrorismo si este se publicita "a través de un medio de comunicación social, por medio de Internet o mediante el uso de tecnologías de la información". En estos casos de enaltecimiento por un medio de difusión o expresión pública, se castigará "con la pena de prisión de uno a tres años y multa doce a dieciocho meses" y el juez tendrá la potestad de eliminar o inutilizar los contenidos.

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