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El juez decano de Palma autoriza a la infanta a acceder en coche al juzgado y le evita el 'paseíllo'

       
  • El juez señala que toma la decisión por "estrictas razones de seguridad"
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  • Argumenta que hay "previsión efectiva de grupos hostiles" y "tensión social"
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  • La Policía recomendó que no entrara a pie para declarar el 8 de febrero
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  • Lee el informe del juez sobre el acceso de la infanta al juzgado (.pdf)

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La infanta Cristina podrá llegar en coche a la puerta del juzgado

La infanta Cristina podrá acceder a los juzgados en coche cuando vaya a declarar como imputada por presunto fraude fiscal y blanqueo en el caso Nóos el próximo sábado 8 de febrero. Así lo ha autorizado "por estrictas razones de seguridad" el juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, después de recibir este jueves el informe de la Policía Nacional que recomendaba que la hija del rey accediera en vehículo en vez de a pie por la rampa, lo que se conoce como el 'paseíllo'.

En su resolución, Martínez Espinosa señala que el informe policial concluye que "resulta absolutamente recomendable y estrictamente necesario en orden a garantizar el nivel de seguridad adecuado" que la esposa de Iñaki Urdangarin "acceda en vehículo a la sede judicial de Vía Alemania, y ello con el único objetivo de garantizar adecuadamente la seguridad de dicha declarante". El acceso por esta puerta trasera de los juzgados es la única que está abierta los fines de semana.

El juez decano señala que la Policía "invoca en esencia que se trata de un acto programado con anterioridad y de público conocimiento, de gran repercusión mediática, en zona de actuación concreta y limitada, con topografía de rutas de entrada y salida inadecuadas, con previsión efectiva de grupos hostiles y con gran repercusión en redes sociales y en clima de tensión social".

La infanta Cristina podrá llegar en coche a la puerta del juzgado

Martínez Espinosa, que ha comparecido ante los medios este viernes para informar de su decisión, señala que las "razones" incluidas en el informe policial son "plenamente entendibles y justificadas" y añade que "no resultaría procedente bajo ningún concepto" encargar la seguridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado  "y sin embargo desatender requerimientos que a su juicio son ineludibles para el adecuado cumplimiento del cometido" que se les encomienda.

El magistrado subraya que cuando concurren "razones de seguridad" pueden "establecerse excepciones" a las reglas generales "si resultan debidamente justificadas, contrastadas, y mediante resolución motivada". 

La decisión final, en manos de la infanta

En declaraciones a los medios recogidas por Efe, el juez decano de Palma, Martínez Espinosa, ha señalado que su deber es establecer los criterios de seguridad en los juzgados en virtud de lo requerido por la Policía, pero ha puntualizado que "lo que decida a última hora la persona imputada, eso ya queda a su criterio".

"Nosotros no le imponemos el descenso en vehículo, lo autorizamos", ha afirmado el juez decano de Palma, que ha asegurado que no ha recibido ninguna indicación por parte de la Casa Real.

La infanta Cristina podría decidir finalmente bajar a pie por la rampa como hizo su marido, Iñaki Urdangarin, en las dos ocasiones en las que ha declarado como imputado ante el juez del caso Nóos, José Castro, a pesar de que tenía también autorizado el acceso en coche.

Antes de que se conociera la decisión del juez decano, Jesús María Silva, uno de los abogados defensores de la hija pequeña del rey, decía esto sobre esta posibilidad: "Independientemente de lo que decida el juez, si la infanta quiere bajar la rampa andando, creo sinceramente que esto no va a depender ni de su alteza ni de nadie, sino de lo que la Policía aconseje desde la seguridad".

El juez José Castro, que investiga el presunto desvío de más de 6 millones de euros públicos a través del Instituto Nóos, imputó por segunda vez a la infanta el pasado 7 de enero por fraude fiscal y blanqueo al considerar que los presuntos delitos que cometió Urdangarin "difícilmente" pudieron llevarse a cabo sin su "conocimiento y aquiescencia". Castro la citó a declarar en principio el 8 de marzo pero adelantó un mes la comparecencia al no presentarse ningún recurso.

El juez decano reconoce que "se trata de una comparecencia de una persona con una relevancia pública incuestionable, en un acto de trascendencia mediática indiscutible" y ha considerado "un gran logro", según recoge Efe, que no se haya limitado la cobertura de los medios de comunicación por las "exigencias de seguridad".

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