El Tribunal de Cuentas fiscalizará por primera vez las actuaciones del FROB y de la CNMV

• El organismo también controlará al Banco de España en el periodo 2009-2012
• Fiscaliza los contratos del sector público estatal y autonómico

El Tribunal de Cuentas fiscalizará motu proprio y por primera  vez la actividad tanto del Fondo de Reestructuración Ordenada  Bancaria (FROB) como de la Comisión Nacional del Mercado de Valores  (CNMV), según su programa de fiscalizaciones para 2014.

El Pleno del Tribunal aprobó el pasado 23 de diciembre la relación  de entidades que serán fiscalizadas por iniciativa del propio  organismo a lo largo de este ejercicio, un listado que ha remitido al  Congreso y al Senado.

El organismo que preside Ramón Alvarez de Miranda fiscalizará por primera vez las actuaciones del FROB, de  los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) y del Banco de España en el  periodo 2009-2012, y también se analizará la gestión  económico-financiera llevada a cabo por la CNMV durante el pasado  año.

Contratos públicos de las autonomías

Además realizará informes sobre la contratación del  sector público  estatal en 2012 y sobre el sector público autonómico  de 2010, 2011 y  2012 -incluyendo en un apartado  específico y "claramente diferenciado"  los fondos de compensación interterritorial-,

También prestará especial atención a los pagos 'a  justificar' por el Gobierno central, a los avales, a  las inversiones financieras permanentes en el exterior, a las  encomiendas de gestión y a la gestión del inmovilizado material, así  como a todas las operaciones o áreas de gestión de los departamentos  económicos que hayan sido objeto de recomendaciones en anteriores  informes del Tribunal.

Los planes de contratación y las subvenciones de los diferentes  ministerios también serán objeto de estudio, lo mismo que las ayudas para el fomento de los recursos  humanos en I+D+i o las aportaciones complementarias para el programa  Erasmus en los dos últimos años.

Revisa la amnistía fiscal

En el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal, el Tribunal de  Cuentas revisará las principales actualizaciones realizadas por la  Agencia Tributaria (AEAT) entre 2010 y 2012, así como el cobro  efectivo de deudas tributarias que ha conseguido en los dos últimos  ejercicios. Junto con el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, el  Ministerio de Hacienda también aprobó en 2012 (aunque vía decreto  ley) la llamada 'amnistía fiscal'.

El Tribunal de Cuentas se marca como objetivo  fiscalizar la gestión y control por parte de la Seguridad Social de  las incapacidades temporales y de las prestaciones por desempleo  indebidamente percibidas, así como saber cómo se controlaron las  prestaciones que en 2013 abonó el Fondo de Garantía Salarial  (Fogasa), que actualmente acumula retrasos en el pago de sus  obligaciones.

Asimismo, este año se analizará la financiación aplicada por las  empresas para la formación de sus trabajadores con cargo a las cuotas  de formación profesional, e incluso se fiscalizará la gestión de la  Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo "en relación con  el subsistema de formación profesional para el empleo en materia de  formación de oferta".

Esta decisión se produce en plena polémica por la presunta gestión  irregular por parte de UGT de fondos para la formación y el objetivo,  según el documento, es fiscalizar las medidas específicas que se han  tomado para "definir las necesidades objetivas de personal y  concretas actividades en relación con la formación profesional para  el empleo".

Racionalización del sector público

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas centrará parte de su  trabajo en las consecuencias que ha tenido la racionalización  del sector público, incluyendo por ejemplo el estudio de todos los  acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros en el ámbito de la  reestructuración de las fundaciones desde junio de 2011, así como de  la reordenación del sector público empresarial estatal no financiero  en lo que va de legislatura.

El organismo también quiere conocer con mayor detalle las  actuaciones que han llevado a cabo las comunidades autónomas y las  ciudades de Ceuta y Melilla en relación con los planes  económico-financieros, de reequilibrio y de ajuste que se les han  exigido para cumplir la Ley de Estabilidad Financiera, así como saber  cómo se ha  gestionado el plan de pago a proveedores.

En el ámbito local, se estudiará la "efectividad" de las medidas  de los ayuntamientos para conseguir cumplir sus obligaciones  comerciales, los gastos ejecutados sin crédito presupuestario y la  gestión recaudatoria.

Desde el CGPJ a Aena o la SEPI

Por lo demás, el Tribunal fiscalizará diferentes ejercicios de  todo un elenco de universidades y otras instituciones, como el  Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Casa Arabe, Centro  Sefarad-Israel, la Biblioteca Nacional, el Instituto de la  Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el Consorcio para  la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de Cádiz,  Patrimonio Nacional, los museos de El Prado, Thyssen y Reina Sofía,  el Instituto Cervantes o el Teatro Real, entre otros.

Asimismo, estudiará las operaciones patrimoniales y de  constitución de Aena-Aeropuertos, las relaciones  económico-financieras de Renfe-Operadora con el Estado entre 2011 y  2012, las inversiones de FEVE entre 2005 y 2012, la financiación de  infraestructuras ferroviarias en los últimos tres ejercicios, las  obras de ampliación del puerto de El Musel (Gijón), las  desinversiones y compras realizadas por la SEPI o las medidas  adoptadas por RTVE entre 2006 y 2013 "para definir sus necesidades  objetivas de personal".

Finalmente, la institución que dirige Alvarez de Miranda prestará  especial atención también a la "adecuada" aplicación de la Ley de  Dependencia, así como a las políticas de igualdad efectiva de mujeres  y hombres, al incluir entre los objetivos la "verificación de la  observancia de la normativa para la igualdad efectiva en todo aquello  que, de conformidad con dicha normativa, pudiera tener relación con  el objeto de las actuaciones fiscalizadoras".