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Excluir a los inmigrantes irregulares, un riesgo sanitario que aportará "poco ahorro"

       
  • Sanidad estima que ahorrará 500 millones de euros con esta medida
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  • Ya no valdrá con estar empadronado para obtener la tarjeta sanitaria
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  • El 1 de septiembre las tarjetas de los 'sin papeles' quedarán anuladas
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  • Los expertos alertan de la exclusión y de la dificultad de controlar enfermedades

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500 mil inmigrantes en situación irregular se quedarán sin tarjeta sanitaria

Este martes el Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto-ley con las medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Copago farmaceútico para los pensionistas y trabajadores en activo y fin del llamado "turismo sanitario" son dos de las medidas con las que el Gobierno pretende ahorrar 7.000 millones de euros. De ellos, 500 millones se esperan recortar quitando la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular. Los expertos creen que la medida lleva aparejada varios riesgos, entre ellos, la falta de control de las epidemicas.

Hasta ahora bastaba con estar empadronado, se residiera o no legalmente, para tener derecho a la atención sanitaria. El Ministerio de Sanidad ha inducido una variación en la Ley de Extranjería para que al padrón se sumen otras obligaciones como es al menos estar inscrito como demandante de empleo si has agotado la prestación.

Es decir, en general, implica darse de alta en la Seguridad Social. Una anterior reforma en la ley en el año 2000 regularizó el acceso a la asitencia sanitaria de los inmigrantes "en igualdad" con lo nacionales a todos aquellos extranjeros que únicamente estuvieran empadronados en los municipios.

El cambio entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. A partir de esa fecha las tarjetas sanitarias obtenidas por inmigrantes en situación irregular empadronados en España quedarán anuladas, informa Europa Press.

A partir de entonces, los inmigrantes 'sin papeles' solo tendrán cobertura, según el Real Decreto-Ley, en  urgencias por enfermedad grave o accidente hasta el alta médica;  gestación, parto y postparto. La atención a los menores de 18 años  quedará garantizada en igualdad de condiciones con los españoles.

"Ahorro potencial muy bajo"

La medida podría suponer "un ahorro potencial muy bajo", según el profesor universitario y médico Luis Andrés Gimeno Feliu,  porque estas tres coberturas -atención urgente, a niños y embarazadas-  pueden ser las más costosas entra las demandadas, "ya que la atención  hospitalaria es más cara que la Atención Primaria", asegura.

Gimeno Feliu, docente de la Universidad de Zaragoza, alerta además de  que al dejar fuera de la atención normalizada a los inmigrantes en  situación administrativa irregular se produce una "situación de  indefensión en patologías crónicas para personas que padecen, por  ejemplo, diabetes o hipertensión. Esta falta de atención podría derivar  en ingresos hospitalarios" -más caros que el seguimiento en Primaria-.

Crisis relacionadas con estas patologías, como infartos o comas  diabéticos, serían atendidas como urgencias. No así  casos como hernías, que, sin embargo, " se pueden corregir fácilmente en  una operación programada a bajo costo y que ahora habrá que esperar a  que se estrangulen con consiguiente riesgo vital y una operación vía  urgente con probable mayor coste por complicaciones", asegura el doctor Gimeno.

Seguimiento de casos infecciosos

A la situación de indefensión de estas personas se añade el riesgo también para el resto de la población por la vía de no tener control de ciertas "enfermedades transmisibles" como el caso creciente de tuberculosis o la transmisión del VIH.

El Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid  (Cogam) ha criticado al Gobierno por las restricciones a los inmigrantes  para acceder a la atención sanitaria pública por los riesgos que ello  supone en el área del VIH. Y es que el propio Ministerio de Sanidad ha  evidenciado, según el colectivo, que el 31,7% de los nuevos diagnósticos en población  homosexual masculina eran de origen inmigrante.

‘Desde nuestra entidad podemos afirmar que el número de personas  inmigrantes atendidas en nuestros programas de salud es más que  significativo, suponiendo en el año 2011 un 31% en el programa de prueba  rápida y un 81% en el programa de atención a trabajadores sexuales’,  explica la organización. También explica que la atención a trabajadores  sexuales y a personas transexuales han encontrado un gran número de  personas inmigrantes no regularizadas en situación de exclusión social.

El gasto sanitario de los inmigrantes es menor

¿A cuántas personas afecta el cambio? El Ministerio de Sanidad habla de un ahorro de 500 millones de euros pero no aclara cómo calcula esa cifra ni cuál será el número de inmigrantes que se verán afectados.

Los datos de  irregularidad en España varían en  función de la fuente. Organizaciones  como Cáritas y distintos  sindicatos tradicionalmente han calculado que  entre medio millón de  personas y unas 800.000 vivirían en España sin  permiso de residencia  y sin constar en ningún registro, ni siquiera el padrón, por lo que  ya estarían excluidos de la posibilidad de obtener  una tarjeta  sanitaria.

Para Inmigrapenal, sea cual sea la realidad actual, el caso es que   va a aumentar, por la irregularidad sobrevenida de quienes pierden su   empleo y no pueden mantener la autorización de residencia. En la   actualidad, la tasa de paro entre el colectivo extranjero supera el   30%, informa Europa Press.

En cualquier caso, Gimeno Feliu el gasto medio de un español está muy por  encima del uso que hace los inmigrantes irregulares en España. "Hay  numerosos estudios internacionales que así lo acreditan y también en  España tanto en uso de atención primaria, hospitalaria y gasto  farmacéutico", dice el doctor que fue ponente de un estudio sobre el uso  que los inmigrantes irregulares hacían del sistema sanitario en  Zaragoza.

Lo primero que hay que tener en cuenta, nos recuerda, "es que la  mayoría de inmigrantes "irregulares" son jóvenes y sanos (especialmente  los de los países pobres)".

Situación humanitaria

En el terreno humanitario, la medida también ha recibido sus críticas.  La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en  España (FERINE) considera que los recortes en la asistencia sanitaria a  los extranjeros son una agresión y lamenta que el Gobierno castigue y  culpe a este colectivo de abusar de los servicios sanitarios. "Todo esto con el fin de presionar hasta su máxima expresión para forzar  los retornos voluntarios", apuntan.

Ana Mato, ministra de Sanidad, explicó el viernes tras el Consejo de Ministros la medida extrictamente en términos económicos, con medias que buscan acabar con los "abusos" y exigir que el acceso a los derechos sociales en España dependan de que las personas residan en España, una derivada con la que también se pretende poner fin al "turismo sanitario" de ciudadanos comunitarios.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, ha señalado que el turismo sanitario, que en su opinión no es diferente al de los inmigrantes 'sin papeles', es "uno de  los puntos débiles del sistema".

"Que una persona sin tener la situación regularizada, sin  situación  legal, sin permiso de residencia y sin pagar impuestos  pueda disfrutar  del sistema que todos los demás estamos pagando, es  una situación de  fraude", ha sentenciado en un entrevista en Los Desayunos de TVE.

Mato justificó esta medida señalando, entre otros cosas, que "había personas de otros   países que residen en España que incorporan en su tarjeta sanitaria a   todas las personas de su familia que no viven en nuestro país, que   venían a España exclusivamente a recibir atención sanitaria".

Para ser dependiente de un asegurado y, por tanto, tener cobertura universal el nuevo decreto establece que se debe ser cónyuge debidamente acreeditado, ser exconyuge a cargo del titular, o ser descendiente a cargo del asegurado hasta los 26 años o con un grado de discapacidad superior al menos del 65%.

El decreto detalla cómo se otorgará la condición de asegurado, para lo  que se exigirá estar trabajando regularmente, ser pensionista, estar  cobrando las prestación y o el subsidio de desempleo o si se ha agotado  la prestación o el subsidio por desempleo estar inscrito como demandante  de empleo.

Las cuentas del Tribunal

El erario destina 451 millones de euros cada año para cubrir la asistencia médica a los extranjeros  que alegan no tener recursos económicos suficientes. Según los datos puestos sobre la mesa en este mes de marzo por el Tribunal de Cuentas, a 15 de junio de 2010 en España residían  453.349 personas “sin recursos económicos suficientes” a las que se les  reconoció el derecho a la asistencia sanitaria. 

Es el propio Tribunal el que considera necesario que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social adopte las medidas legales oportunas para evitar que se produzca el renocimiento del derechos a asistencia sanitaria a través de la condición de persona sin recursos económicos suficientes. Según la institución, en su mayoría estos asegurados son portugueses, por tanto, comunitarios y marroquíes, extracomunitarios pero con acuerdo con bilateral con nuestro país.

El análisis del Tribunal de Cuentas detectó que muchos de estos inmigrantes incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país  y que venían "exclusivamente a España a recibir atención sanitaria”.

Uno de los problemas que plantea el acceso a las prestaciones sanitarias  a través de la figura jurídica de “persona sin recursos económicos  suficientes”, siempre a juicio del informe, es el riesgo de utilización  de la misma por parte de personas que sí cuentan con dichos recursos  económicos, bien que están “o deberían estar” aseguradas por la  Seguridad Social de otros países y utilizan indebidamente esta figura  para acceder a prestaciones sanitarias gratuitas en España.

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