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Los inmigrantes aportan más al Estado del Bienestar de lo que reciben, incluso los irregulares

       
  • Según un estudio, son un 12% de la población y usan un 5% de los servicios
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  • Los irregulares pagan impuestos indirectos y ayundan a la conciliación
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  • El estudio de La Caixa, dice que los resultados "chocan" con la percepción

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Los inmigrantes representan sólo el 5% del gasto sanitario en España

Los inmigrantes aportan más de lo que cuestan al Estado del  Bienestar, aunque cada vez más gente cree lo contrario, según un  estudio financiado por Obra Social "la Caixa", del que se desprende  que el "gran beneficiario" de esta contribución es la Administración  General del Estado.

En cambio, las administraciones locales y  autonómicas se ven en dificultades para adaptar los servicios  públicos al aumento de población, lo que repercute en la percepción  de los ciudadanos.

El estudio, elaborado por los investigadores Francisco Javier  Moreno y María Bruquetas y presentado por el director general de  Fundación "la Caixa", Jaime Lanaspa, explica que existe un  "desajuste" entre los recursos fiscales generados por la inmigración  y su distribución territorial, lo que provoca la saturación de los  servicios sociales en las comunidades con más inmigrantes.

Según ha explicado Moreno, no se trata, por tanto, de que los  inmigrantes estén haciendo un mayor uso que los autóctonos de los  servicios sociales, sino que "hay un cambio de demanda y la oferta no  se ajusta" por "la lentitud de las administraciones para adaptarse".  "Lo lógico es que haya un aumento de los servicios públicos acorde  con esta nueva demanda (...) pero es claramente insuficiente", ha  añadido.

Incluso los inmigrantes que están en España en situación irregular  contribuyen al sistema al pagar impuestos indirectos, dinamizar el  consumo y realizar tareas que permiten a las mujeres españolas  incorporarse al mercado laboral, subraya el estudio.

Desajustes entre la demanda y el reparto

Sobre este asunto, el estudio explica que "comunidades como  Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana, en las que la llegada de  inmigrantes ha representado rápidos incrementos de población  residente, han experimentado dificultades para responder a la demanda  adicional de prestaciones y servicios sin que la financiación  recibida del gobierno central se haya ajustado al mismo ritmo".

En este sentido, indica que el Fondo creado por el Ejecutivo a tal  efecto "resulta claramente insuficiente para frenar el potencial  deterioro de los servicios sociales derivado del acelerado incremento  de la demanda provocada por el aumento de la población residente".

Moreno ha comentado que cuando tradicionalmente un ciudadano  espera 24 horas para recibir cita médica y, tras un incremento  notable de población en su municipio la espera se amplía en días,  suele culpar a los nuevos vecinos, a quienes comienza a percibir como  "competidores en el acceso a las prestaciones sociales", aunque, como  explica el estudio, no lo sean.

Así, la actitud de los ciudadanos frente a la inmigración se va  "gradualmente deteriorando" y "van aumentando las actitudes  negativas".

No precisan un gasto social mayor

Con todo, los inmigrantes no generan un mayor gasto social que los  autóctonos. El científico titular del Instituto de Políticas y Bienes  Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)  ha indicado que los inmigrantes consultan un 7% menos  al médico de cabecera y hasta un 16,5% menos al  especialista, aunque visiten un 3,2% más las urgencias. Aunque  suponen el 12% de la población, se les destina un 5%  del gasto sanitario.

Además, el 30% de los inmigrantes en España son pobres,  porcentaje que entre los autóctonos es del 18% y, pese a  ello, "sólo un 6,8% de las intervenciones sociales" se dirigen a esta  población, conforme ha apuntado María  Bruquetas.

Otro de los datos que ha destacado Moreno es que en total, menos  del 1% de los perceptores de pensiones en España son  extranjeros, así como suponen el 11,2% de los perceptores  de rentas mínimas de inserción, porcentaje "considerablemente  inferior al que proporcionalmente le correspondería" teniendo en  cuenta su tasa de pobreza, según el estudio.

En cuanto a la educación, el gasto social destinado a los   colectivos inmigrantes estaba en el 6% en 2007. El 82% de los estudiantes se encuentra en colegios públicos  frente a un  14,1% de matriculados en centros concertados y un 3,8% en  colegios privados. Solo el 10% continúa sus  estudios más  allá de la ESO, con un porcentaje de abandono dos veces  mayor que entre  los autóctonos


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