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Repsol acudirá a la Justicia y a un tratado bilateral entre España y Argentina para defender YPF

       
  • Repsol también irá a las normativas de valores de EE.UU. y España
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  • La OMC no es competente al no ser una diferencia comercial entre países
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  • La UE no cuenta con mecanismos jurídicos para presionar a Argentina

Ver también: tratado de protección de inversiones firmado entre Argentina-España (PDF)

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Repsol YPF considera que la expropiación del 51% de YPF anunciada  por el Gobierno argentino es "manifiestamente ilícita y gravemente  discriminatoria", por lo que "llevará a cabo todas las medidas  legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y  los intereses de todos sus accionistas".

Así lo ha notificado a la Comisión Nacional del  Mercado de Valores (CNMV), a la que también ha especificado acciones "conforme al Derecho argentino, la normativa de valores de  los  mercados en que YPF cotiza y el derecho internacional, incluyendo  el  tratado de protección de inversiones Argentina-España".

Este tratado de protección de la inversión bilateral  (BIT), en vigor desde 1992, parece ser la clave en la resolución del conflicto ya que es el marco jurídico que se aplica en este caso, según diversas fuentes de la compañía y de la Unión Europea citadas por Europa Press y Efe. 

También ha hecho mención a este tratado el propio presidente de Repsol, Antonio Brufau, este martes. El presidente de la petrolera también ha asegurado que la compañía pedirá en los tribunales un  "resarcimiento por daños y perjuicios" y que presentará demandas que van  de lo contencioso administrativo a reclamaciones ante los mercados de  valores y los tribunales internacionales de arbitraje. 

Mientras, el Gobierno de España ha anunciado medidas que aún no ha especificado. "A medida que las vayamos adoptando se darán a conocer.  No  vamos a anunciarlas con anterioridad, pero a lo largo de los próximos  días habrá ya. El ministro de Asuntos Exteriores ya  ha puesto sobre la mesa que va a haber consecuencias en el orden  político y diplomático. Desde luego, las va a tener en el orden  económico y comercial y puedo asegurar que las va a haber desde  el  punto de vista energético e industrial", ha puntualizado el ministro de Industria, José Manuel Soria, en RNE.

La UE con España, pero sin instrumentos

Aunque la Comisión Europea ha anunciado que la decisión traerá "consecuencias", también ha reconocido que la UE no cuenta en la actualidad con mecanismos jurídicos para presionar al país latinoamericano con el fin de que cumpla sus compromisos en relación con las inversiones de empresas de países comunitarios en su territorio, como el caso de YPF.

Si bien con el Tratado de Lisboa (2009) la Comisión Europea adquirió en principio competencias sobre las inversiones comunitarias en países terceros, todavía no existen instrumentos legales.

Legalmente es un problema bilateral y no existe ningún papel para la  UE con base jurídica

El acuerdo marco de comercio y cooperación económica de 1991 entre la Comunidad Económica Europea y Argentina permite la cooperación y acciones conjuntas pero no otorga a la UE la posibilidad de emprender acciones contra el país suramericano en asuntos comerciales o relacionados con las inversiones.

"Legalmente es un problema bilateral y no existe ningún papel para la  UE con base jurídica en relación con Argentina o algún tipo de  mecanismo de  arbitraje internacional", señalan las fuentes.

La OMC no es competente

La Organización Mundial del Comercio (OMC) solo podría pronunciarse si la Unión Europea plantease una demanda. Sin embargo, fuentes de la Comisión Europea y de la propia organización han asegurado que la OMC no cubre cuestiones relacionadas con la protección de inversiones, como es el caso, y que Argentina no ha asumido ningún compromiso ante ella en esta materia.

La OMC es una organización a la que acuden los Estados miembros para  tratar de arreglar sus diferencias comerciales y que este caso no se  trata de eso, sino de un problema de protección de inversiones.

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