El juez cierra el caso del presunto espionaje a políticos en Madrid

• Varios funcionarios y asesores de la Comunidad estaban imputados
• Se produjeron presuntos seguimientos a políticos madrileños
• El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el ex consejero Prada, entre ellos

Se archiva el caso sobre los presuntos espionajes a politicos madrileños

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ha decidido cerrar el caso del presunto espionaje a políticos en Madrid, han informado fuentes de la Comunidad de Madrid.

Varios funcionarios y asesores de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior figuraban como imputados por un delito de malversación de fondos en relación con los presuntos seguimientos a políticos madrileños como el vicealcalde del Ayuntamiento, Manuel Cobo y el ex consejero de la Comunidad Alfredo Prada.

La magistrada Carmen Valcarce ha sido la instructora de este caso y la que ha llamado a declarar a los imputados, entre los que figuraba el ex director de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, quien dimitió recientemente, y el funcionario José Manuel Pinto.

El origen del caso está en la publicación por el diario El País , a comienzos de 2009 de que algunos políticos madrileños habían sido seguidos por ex policías y que ex guardias civiles realizaron trabajos de inteligencia e información para el actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.

En una comparecencia ante la prensa, Granados ha asegurado que la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid Carmen Valcarce de archivar el caso supone que el Gobierno de la Comunidad "no alentó, ni albergó ni ordenó espionaje a nadie".

La Asamblea de Madrid creó una comisión de investigación

El caso llegó a los tribunales y a la Asamblea de Madrid, donde se creó una comisión de investigación que cerró sus trabajos anticipadamente.

Por el juzgado de instrucción número 5 de Madrid desfilaron los imputados, algunos de los cuales negaron haber espiado a políticos y explicaron que las coincidencias que reflejaba los partes policiales entre su posición y las de los supuestamente espiados obedecían a que custodiaban edificios oficiales en esa zona.

El funcionario José Manuel Pinto negó ser el autor de presuntos partes de seguimiento y Sergio Gamón también negó cualquier vinculación con el caso, que ahora ha sido cerrado por la juez.

El PSOE: La responsabilidad política de Aguirre, "más viva que nunca"

La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, ha afirmado que más allá de la responsabilidad penal, la responsabilidad política de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, "está más viva que nunca" en el caso de los presuntos espionajes, y ha avanzado que pedirán un pleno extraordinario en el que Aguirre hable de ello. 

"Puede que no exista un tipo penal en el que se considere el espionaje un delito pero, desde luego, desde el punto de vista político el utilizar medios públicos y producir esos seguimientos a personas del PP... la responsabilidad política de Aguirre va mucho más allá de la responsabilidad penal, está más viva que nunca", ha asegurado Menéndez. 

Menéndez ha señalado que van a exigir que la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid el viernes 23 se plantee la celebración de un pleno donde Aguirre dé explicaciones de por qué admitió la dimisión del director del Area de Seguridad, Sergio Gamón, "cuando le ha mantenido más de un año en su cargo cobrando del erario público sin saber a fecha de hoy a qué funciones se dedicaba" ni él ni los asesores de seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. 

"La presidenta Aguirre debe asumir una responsabilidad política por cuanto el auto de la jueza lo que plantea es que el hecho de seguir a una persona no constituye una infracción penal. También plantea que se hace difícil determinar con la claridad suficiente la realidad de los seguimientos", ha señalado, para matizar que sí consta que Pinto hizo anotaciones en partes.