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Castilla y León recurre el cierre de la central nuclear de Garoña ante la Audiencia Nacional

  • Acusa al Gobierno de no tener en cuenta al Consejo de Seguridad Nuclear
  • El recurso de la Junta se suma al de la empresa propietaria de la central nucear

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La Junta de Castilla y León ha presentado este lunes en la Audiencia Nacional el recurso contra la decisión del Gobierno de España de cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

Así lo han confirmado a RTVE.es fuentes de la Junta, que ya había anunciado la presentación de este recurso el pasado 18 de marzo, cuando su consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, José Antonio de Santiago-Juárez, anunció que el recurso contra el cierre de la central nuclear estaba basado en "argumentos potentes" por falta de informes preceptivos y "vicios de procedimiento".

La decisión no contó con el CSN, según la Junta

De Santiago-Juárez explicó entonces que esa decisión de cierre supone "la primera vez" que un Gobierno resuelve un asunto de estas características sin seguir las recomendaciones del Consejo de Seguridad Nuclear.

El recurso analiza por separado la renovación de la actividad de Garoña por cuatro años, hasta 2013, en lugar de los diez propuestos en el informe al Consejo de Seguridad Nuclear, y el acuerdo "de cese de explotación".

Sobre el primer aspecto, la decisión de renovar la actividad hasta 2013 se adoptó, según el Ejecutivo castellanoleonés, sin tener en cuenta los preceptivos informes de la Junta de Castilla y León y del Consejo de Seguridad Nuclear. Este organismo pedía que la vida útil de la central nuclear se prorrogara por diez años.

En referencia al cese de explotación, el gobierno autonómico considera "que no se han respetado" las exigencias legales que requería ese cese. En su recurso, la Junta asegura que el gobierno de Zapatero "ha omitido los trámites de audiencia a la Comunidad" y también el contenido del informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

Este recurso del Gobierno regional de Castilla y León se suma al presentado el pasado septiembre por la empresa Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña.

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