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Rajoy pide a Interior "reflexión y prudencia" en algunas decisiones en la lucha antiterrorista

  • No ha querido realizar ningún "juicio" sobre las advertencias de Rublacaba
  • El presidente del PP ha reiterado su apoyo al Gobierno en esta materia

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El líder del PP, Mariano Rajoy, ha evitado pronunciarse sobre el aviso del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre la posibilidad de que ETA cometa un secuestro, pero ha pedido "prudencia" y "reflexión" porque "algunas decisiones" se acaban convirtiendo en polémicas" y ello no conviene a la lucha antiterrorista.

El ministro del Interior ha dicho que hay que extremar la vigilancia.

Así lo ha manifestado Rajoy en la rueda de prensa en la que ha hecho balance del año 2009, en la que ha insistido en que es al Gobierno a quien le corresponde dirigir la política antiterrorista y a Rubalcaba, en concreto, "sopesar" las declaraciones que ha realizado los últimos días.

Rubalcaba avisó que las Fuerzas de Seguridad trabajan con la hipótesis de que ETA pueda intentar cometer un secuestro próximamente, con el objetivo de demostrar su aparente fortaleza operativa y para atraer la atención mediática ante la próxima presidencia española de la Unión Europea, avisos que, según subrayó, "responde a una evaluación seria".

"Supongo que Rubalcaba habrá sopesado las ventajas y los inconvenientes" de sus declaraciones, ha destacado Rajoy, quien no ha querido realizar ningún "juicio" sobre las advertencias del ministro.

No obstante, para Rajoy "sería bueno" que desde el Ministerio de Interior se realizara una reflexión porque "algunas decisiones se acaban convirtiendo en polémicas" y ello no conviene a la lucha contra el terrorismo.

El presidente del PP ha reiterado su apoyo al Gobierno en esta materia.

Sin embargo, aunque ha reiterado que desde el PP van a ser "leales" con el Ejecutivo en la lucha antiterrorista, ha descartado apoyar al Gobierno en el caso "Faisán" y, por ello, su partido ha pedido la comparecencia del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que expliquen si mantienen la posición del Ministerio Público de archivar el caso.