80 años de Núremberg: la justicia internacional es la de los vencedores
Con las gafas de Anna Bosch - Se cumplen 80 años del juicio a la cúpula nazi en Núremberg, que sentó los principios de la justicia internacional
- La casuística demuestra que hasta ahora los líderes poderosos se libran de la jurisdicción internacional
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Cuando a Hermann Göring, el segundo de Hitler, le entregaron una copia de su imputación en los juicios de Núremberg, él escribió en los márgenes "el vencedor será siempre el juez, y el vencido, el acusado". Me lo recuerda el fiscal español Carlos Castresana en nuestra conversación sobre la justicia internacional desde entonces (1945) hasta ahora.
En Núremberg se estrenaron dos nuevos delitos, el de crímenes contra la humanidad y el de genocidio, como muy bien relata Philippe Sands en su libro Calle Este-Oeste, dos delitos argumentados por dos abogados judíos, Hersch Lauterpacht y Raphael Lemkin. Núremberg es la piedra fundacional del derecho penal internacional.
Después, en los años 90, volvió a aplicarse en varias ocasiones, "fue una década prodigiosa, que empezó cuando cayó el muro de Berlín y terminó cuando cayeron las Torres Gemelas", explica Carlos Castresana. Aquella década arranca con la caída de la Unión Soviética y el bloque comunista y dura hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, tras los cuales el gobierno de George W. Bush y sus aliados lanzan la llamada "guerra contra el terrorismo", que ha incluido los internamientos en la cárcel militar de Guantánamo, torturas y los vuelos extraoficiales de la CIA con supuestos terroristas para ser interrogados fuera de los EE.UU.
En los años 90 se crea un tribunal internacional especial para juzgar los crímenes en las guerras de la antigua Yugoslavia, cuyo hito fue detener, extraditar y sentar en el banquillo a quien fue presidente de Yugoslavia, el serbio Slobodan Milosevic. Otro tribunal especial se creó para los crímenes de genocidio, perpetrados en Ruanda, y un fiscal y un juez españoles lograron la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet, cuando este estaba de visita en Londres. El juez de aquella orden internacional de detención fue Baltasar Garzón y el fiscal, Carlos Castresana. Su primer veredicto en nuestra conversación sobre el estado actual del derecho internacional ya es pesimista, ya que hoy probablemente no sería posible detener a Pinochet "porque el derecho penal internacional en su aplicación está siempre mediatizado por la política". "Fue posible en los años 90 porque estábamos en una luna de miel, pero antes o después de esa década no habría sido posible", añade.
Aquella década de oro del derecho internacional culminó con el Estatuto de Roma (1998), por el que varias decenas de países crearon la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Países Bajos), que no hay que confundir con el Tribunal de Justicia Internacional, también en la capital neerlandesa. La Corte Penal procesa a personas, no a Estados, se creó en 2002, y puede juzgar genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes de agresión.
Los límites de la Corte Penal Internacional
Carlos Castresana fue hace cuatro años uno de los preseleccionados para el cargo de fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, conoce, por tanto, bien los mecanismos de ese tribunal, sus activos y sus déficits. "Su activo principal es que es el compendio de todo el derecho penal internacional desde Núremberg, que fue capaz de crear como consenso entre los Estados. Y es una herramienta muy poderosa".
La lista de déficits es larga y contundente: "Su debilidad es que depende de los Estados". "No tiene policía, no puede detener, puede lanzar órdenes de captura, pero si los Estados no colaboran con las investigaciones, que es lo que ha pasado desde 2002, que son renuentes, hemos visto jefes de Estado con órdenes de captura y no han sido detenidos", explica.
Un ejemplo claro de esa incapacidad lo vimos en abril dentro de la Unión Europea, cuando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó Hungría. Desde el 21 de noviembre del año pasado sobre Netanyahu pesa una orden de arresto de la CPI por "presunta responsabilidad en los crímenes de guerra por usar la hambruna como arma, y dirigir deliberadamente ataques contra la población civil; y contra los crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos desde por lo menos el 8 de octubre de 2023 hasta por lo menos el 20 de mayo de 2024".
En abril, el primer ministro israelí viajó a Hungría, país que aún era firmante del Estatuto de Roma, que tenía, por tanto, obligación de detener a Netanyahu y, sin embargo, el gobierno de Viktor Orbán no lo hizo. Además, anunció que se retiraría de ese estatuto -constitutivo de la CPI-, de ese consenso sobre derecho internacional. "Lo hizo porque por delante de la justicia se pone la política, y los gobernantes deciden que en este momento no les conviene hacer caso a lo que impone el tribunal", argumenta Castresana sobre este y otros casos. "En Italia dejaron en libertad a un presunto criminal implicado en las matanzas de Libia".
La Justicia de los vencedores y poderosos
En el Estatuto de Roma, que sentó las bases de la creación de la Corte Penal Internacional, hay 124 países, que representan dos tercios de la población mundial, pero hay ausencias más que significativas: los Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Turquía, la India o Pakistán. "La mayor parte de los Estados poderosos están fuera de esa jurisdicción". No cabe, por lo tanto, esperar la colaboración de países que no reconocen la autoridad del tribunal.
El sesgo del Tribunal, una "justicia selectiva", es la principal crítica contra el Tribunal Penal Internacional, algo que los datos corroboran, el 80% de los imputados hasta ahora han sido líderes africanos, y no ha abierto ningún proceso contra un líder occidental, salvo que se considere al presidente ruso Vladímir Putin occidental. Es más, a raíz del proceso contra Netanyahu, el presidente de los Estados Unidos ha decretado sanciones contra el tribunal.
Por todo ello, sí, la justicia penal internacional, como suele decirse de la Historia, la escriben también los vencedores, "no debería de ser así, pero la mayor parte de los casos así es", señala el fiscal. "Solamente cuando el consenso se consigue entre vencedores se logran acuerdos para sentar en el banquillo a los vencidos. Es mucho más difícil procesar, como en el caso de Pinochet, a alguien que no hubiera sido previamente derrotado ni en las urnas ni por las armas", abunda Carlos Castresana, quien considera que, por la misma razón, hoy un proceso como el de Núremberg no sería posible. "Porque no hay el consenso que sí hubo, al menos entre los vencedores, al final de la Segunda Guerra Mundial, y fue un empeño de los EE.UU.", explica. "Pero justo poco después ya habría sido imposible porque empezó la Guerra Fría", matiza.
