Manuela no sabe cómo explicarle a su hija de dos años que les han desahuciado de la casa que ocupaban en Vallecas, a la espera de una vivienda social. "Me dice: "Vamos a mi casita, vamos a mi habitación." Me voy inventando cosas hasta que se le olvide". Su marido perdió el trabajo y el alquiler social nunca llegaba así que Manuela deció ocupar una vivienda vacía de Bankia hace 7 años, algo que asegura "es muy duro". De esa casa, que La Caixa vendió con ellos y sus 4 hijos dentro, fueron desahuciados hace unos días. Ahora todos viven en con la abuela, en total 12 personas. El Samur social les ofreció un albergue temporal, que rechazaron porque no podían estar todos juntos.
Es lo mismo que ha hecho Cruz Dey, cuando este miércoles perdió la casa en la que vivia con sus 4 nietos adoptados. Cree que la alternativa que les ofrecían los servicios sociales no era buena para ellos, así que todos están en el piso de una amiga. Desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran que ante cualquier desahucio ofrecen una solución temporal de emergencia, y que como en estos casos mucha gente rechaza y prefiere, aunque las condiciones no sean las mejores, refugiarse con familiares o amigos. La alternativa que coinciden en demandar estas familias es una vivienda de alquiler social que puedan pagar y donde sus hijos y nietos puedan tener estabilidad y seguridad.
La venta de vivienda se ha disparado más de un 100 %, sobre todo nuevas. Sin embargo, hace tiempo que en España falta mano de obra en la construcción y nuevos perfiles que se adapten a la construcción industrial. Se trata de un sector con mano de obra envejecida y sin apenas relevo generacional: solo el 9 % de sus trabajadores tiene menos de 30 años.
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La portavoz de Unidas Podemos de vivienda Pilar Garrido reconoce que congelar los alquileres en las zonas tensionadas es un punto de partida y que la formación morada apuesta por ir más allá, como recoge el pacto de gobierno. Garrido cree que hay seguir el camino iniciado por la ley catalana, aunque acaba de ser recurrida al Tribunal Constitucional. Y avisa de que mantener los incentivos fiscales a los propietarios no ayuda a bajar los precios.
Mónica y sus tres hijos menores de edad han enfrentado esta mañana un lanzamiento en una vivienda de alquiler de Mairena de Aljarafe, en Sevilla. Por su alojamiento, propiedad de la entidad bancaria La Caixa, pagaban un alquiler social de 100 euros que fue aumentado hasta los 400 euros. Esta madre ha contado en ‘La Hora de La 1’ que no ha podido hacer frente a este nuevo importe por su situación de vulnerabilidad y ha pedido una semana de plazo para que sus hijos pudieran "acabar el colegio". Situación que no ha sido tenida en cuenta por la comitiva judicial que ha acudido al domicilio a ejecutar la orden de lanzamiento impuesta por un juzgado sevillano, ante las protestas de los vecinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Mairena y San Juan.
Unidas Podemos y PSOE han sellado hoy un acuerdo sobre la futura ley estatal de vivienda. El escollo principal entre ambos socios era la limitación de los precios del alquiler que pedía Unidas Podemos. Finalmente han acordado quese congele el alquiler en las zonas tensionadas.
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Cientos de personas se han movilizado este martes en Barcelona para protestar por el caso del hombre que se suicidó cuando iba a ser desahuciado pese a disponer de un informe de vulnerabilidad. Durante la marcha que ha tenido lugar en las calles de la capital catalana se ha exigido la paralización de todos los desahucios y el acceso a una vivienda digna.
Ya tenemos la fotografía del mapa de viviendas turísticas en España. El objetivo lo ha puesto Estadística y nos muestra que en febrero había 294.000 pisos turísticos. Son 27.000 menos que en agosto del 2020. La falta de movilidad y de viajeros ha recortado la oferta de este tipo de alojamientos. Un reportaje de Blanca Pascual.
