Euskadi impondrá un canon anual de 10 euros el metro cuadrado a los pisos que llevan más de dos años vacíos

• El decreto contempla el "alquiler forzoso" en zonas con "acreditada demanda" y la "expropiación" en "casos extremos"
• Se excluyen a las segundas residencias, las que estén rehabilitándose y los casos de traslado temporal, entre otros

El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes cifra en 15.134 las viviendas que podrían ser declaradas vacías

El Gobierno del País Vasco ha aprobado este martes un decreto que contempla la posibilidad de que los ayuntamientos impongan un canon de 10 euros por metro cuadrado y año a los pisos que estén deshabitados durante más de dos años, así como también el "alquiler forzoso" en zonas con "acreditada demanda" de vivienda y la "expropiación" en "casos extremos".

Con esta iniciativa, que desarrolla la Ley vasca de Vivienda, se pretende movilizar el parque residencial vacío y garantizar la función social de la vivienda.

El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, ha afirmado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la normativa es "muy garantista". Ha explicado que hay en Euskadi 15.134 viviendas que podrían verse afectadas por el decreto, aunque deberán ser sometidas a un análisis para comprobar que "no hay justificación para estar vacías".

Segundas residencias o entidades sin ánimo de lucro, entre las excepciones

El decreto excluye de la penalización a las segundas residencias, los casos de traslado temporal por trabajo, salud, dependencia o emergencia social y los hogares ofertados en venta o alquiler a precios de mercado durante un mínimo de tres meses.

Están exentos también los pisos que se cedan a la administración para su alquiler protegido, los de entidades sin ánimo de lucro para acoger a personas migrantes, discapacitadas o víctimas de violencia de género y los que estén siendo rehabilitados o no cuenten con las condiciones mínimas de habitabilidad.

Los ayuntamientos serán los competentes para acreditar la desocupación de las viviendas y realizar las inspecciones -comprobaciones del padrón e identificación de consumos anormalmente bajos de electricidad, agua y gas-, aunque de manera subsidiaria también podrá hacerlo el Gobierno Vasco.

El procedimiento contará con un "trámite de audiencia" en el que se podrá frenar la declaración de vivienda deshabitada probando los supuestos en los que está permitido que permanezca vacía, incorporando la vivienda a programas públicos de alquiler social como Bizigune o poniendo la residencia en venta o alquiler a precios de mercado.

Un canon anual de 10 euros por metro cuadrado útil

Una vez se incluyan en el Registro Autonómico de Viviendas Deshabitadas, los ayuntamientos impondrán el canon anual de 10 euros por metro cuadrado útil, que se incrementará un 10 % por cada año de desocupación, con un máximo de tres veces el importe inicial. Se tratará de un canon extra fiscal, cuya recaudación se destinará a las políticas de vivienda del municipio.

El decreto recoge la posibilidad de obligar a los propietarios a alquilar el piso en caso de que este se ubique en zonas que hayan sido declaradas anteriormente como "área de acreditada demanda y necesidad de vivienda". Para ello debe de haber al menos 100 demandantes de alquiler inscritos cuyas peticiones no hayan sido atendidas en los dos años anteriores y que los precios medios de alquiler sean "al menos un 10 % superiores" a la renta media de la localidad.

Estas áreas serán declaradas mediante una orden del consejero de Vivienda a petición de los propios ayuntamientos "o de oficio".

El alquiler forzoso se podrá efectuar en viviendas que sigan vacías transcurrido un año desde su declaración como deshabitadas y obligará a tener "por un máximo de cinco años -prorrogables otros cinco- la vivienda en alquiler público".

Para los "casos más extremos" el decreto establece la "expropiación forzosa", que se aplicará a pisos vacíos más de un año en zonas de acreditada demanda cuando esta posibilidad "resulte adecuada para garantizar su uso" o en casos de "riesgo de ruina" o incumplimiento de normas de conservación que provoque inseguridad para las personas.

En estas situaciones se priorizará la rehabilitación y la puesta a disposición de asociaciones sin ánimo de lucro. Si la vivienda deja de estar vacía, los propietarios deberán informar a la administración para que se revoque la declaración y deje de constar en el registro de Viviendas Deshabitadas.

Ayudas para movilizar la vivienda

Las personas propietarias de viviendas deshabitadas podrán acceder a las ayudas a la rehabilitación del Departamento de Vivienda y las obras para acondicionar aquellas que vayan a ser destinadas al alquiler protegido tendrán prioridad y ayudas adicionales.

Quienes posean domicilios vacíos, tendrán la posibilidad de ceder temporalmente estas residencias al Gobierno Vasco. Este, a través del programa Bizigune, lo pondrá a disposición de personas que soliciten un alquiler asequible y las personas propietarias recibirán una renta mensual que puede alcanzar hasta 650 euros mensuales.

La vivienda se devolverá al término del contrato en las condiciones en las que fue entregada. Asimismo, se podrán incorporar al programa de intermediación de alquiler ASAP, mediante el que se ofrece un sistema de garantías a través de pólizas de seguros para cubrir impagos, desperfectos y asistencia jurídica. En estos casos, las rentas a percibir por los propietarios podrían llegar hasta 775 euros al mes.

Arriola ha explicado que los departamentos de Vivienda y Hacienda del Gobierno Vasco han analizado la posibilidad de establecer mecanismos fiscales que "incentiven" el establecimiento de precios de alquiler por debajo de la media que presentan las estadísticas del mercado inmobiliario. Aunque ha recordado que la fiscalidad es una competencia que reside en las Juntas Generales de los territorios históricos, el consejero ha destacado que esta pude ser una herramienta "interesante".