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El Tribunal Constitucional ha anulado parcialmente el impuesto municipal sobre las plusvalías que, en teoría, grava la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos pero que en la práctica se paga siempre, aunque hayan perdido valor. El alto tribunal entiende que no es legal cobrar un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica.

  • El cliente, obligado a ir a la Justicia si no le reconocen la cláusula como abusiva
  • El Gobierno aprueba el procedimiento extrajudicial pactado con PSOE y C's
  • Las entidades tendrán tres meses para resolver las reclamaciones interpuestas
  • Lo cobrado de más se pagará en efectivo, pero se podrán acordar otras fórmulas
  • El dinero devuelto no tributa, pero habrá que regularizar las deducciones
  • La banca deberá comunicar a todos los afectados la existencia del mismo
  • Será obligatorio para la entidad, pero voluntario para los consumidores
  • El Ejecutivo ultima un real decreto ley para articular este sistema
  • El PSOE se abstendrá para facilitar su tramitación en el Congreso
  • OCU: "Será la banca quién decida realmente quién y cuánto cobran"

El importe que pagan anualmente los propietarios de viviendas, locales y terrenos en concepto del impuesto de bienes inmuebles, el IBI, subirá a partir del pasado 1 de enero de este 2017 en 1.895 municipios españoles, mientras que baja en 557 localidades. La variación se deriva de la actualización del catastro para 2.452 municipios. Si el Ayuntamiento correspondiente revisó el catastro por última vez antes de 2004, se pagará entre un 3% y un 8% más. Burgos es la provincia con más municipios en los que subirá la referencia catastral, con 151 ayuntamientos, seguida por Ávila y Teruel. Entre las beneficiadas, Guadalajara y Valencia, dos de las provincias más afectadas además por el 'boom' de la construcción. La medida tendrá un impacto de 24 millones de euros, según el Gobierno.