La privatización de la vivienda pública en los últimos años ha afectado a la mayor parte de los casi 2,5 millones de viviendas protegidas construídas desde 1981, cuando se aprobó el primer plan. A partir del 2012 se desplomó la construcción de vivienda social y, de 50.000 viviendas anuales, se pasó a apenas 9.200 en 2022.
El objetivo de la nueva ley de vivienda es alcanzar en 20 años el 20% de vivienda asequible, que ahora no llega al 2%. Como primer paso, el Gobierno se ha comprometido a crear en los próximos años 184.000 viviendas de alquiler social de promoción pública y privada.
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