Los mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y el exministro José Luis Ábalos han generado un debate a nivel político. Sobre este tema, en 'Las Mañanas de RNE' hablamos con el catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva-Fenoll.
Lo primero que resalta es que esta investigación va a depender de "quién sea el filtrado" y, en lo que respecta al culpable, “está pendiente en el Tribunal Supremo”. En función de quién esté implicado, "tendría que encargarse un tribunal u otro". Así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque el entrevistado considera que en caso de que el propio magistrado del Tribunal Supremo que está instruyendo el caso vaya contra Ábalos “lo tendrá que aplicar la Sala II del Tribunal Supremo”.
Otro de los temas analizados por el catedrático es la solicitud de tres magistrados del Tribunal Constitucional para suspender la tramitación de la ley de amnistía hasta que se pronuncie Europa. Sobre el papel que desempeña el poder judicial, Nieva-Fenoll afirma: "Este órgano no puede dilatar la aplicación de la ley de amnistía ni situarse al margen de lo que ha dicho el Parlamento". Posteriormente añade: "No podemos hacer que el funcionamiento de un Estado dependa de lo que puedan decidir políticamente sus tribunales" e insiste en que "es absolutamente evidente que la discrepancia con el contenido de la ley de amnistía es puramente política".
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha lamentado que se ponga en duda la legitimidad de la corte de garantías: "Me preocupa muchísimo, porque cuestionar al TC es cuestionar a la Constitución. Cuestionar la legitimidad para poder dictar sentencias que sometan a los poderes públicos es, de alguna manera, cuestionar también el sistema democrático. Por lo tanto, me preocupo".
Conde-Pumpido planteó impedir que la Audiencia de Sevilla acudiese al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con una cuestión prejudicial contra la decisión del TC que anuló parcialmente las condenas a los expresidentes Chaves y Griñán. El presidente del constitucional ha confirmado que "no hay intención alguna" de impedir esa consulta, pero sí que se estudiara "si existe algún conflicto constitucional".
