El Constitucional admite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la ley de concordia valenciana
- La norma derogaba la ley de memoria de la Comunitat Valenciana del anterior gobierno de PSPV, Compromís y Podem
- El Ejecutivo impulsó el recurso porque considera que la ley de PP y Vox puede "menoscabar" derechos de las víctimas
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El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la llamada ley de concordia, aprobada por PP y Vox en la Comunitat Valenciana, y ha acordado suspender la vigencia y aplicación de varios de sus artículos.
El Consell impulsó la ley en abril de 2024, cuando la presentó ante Les Corts, y paralizó de facto todos los procedimientos en marcha de la vigente normativa en materia de memoria, aprobada por el anterior gobierno de PSPV, Compromís y Podem, salvo las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil que estaban en vigor.
En su recurso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alegó que los artículos impugnados podrían ser contrarios a los artículos 10 y 15 de la Constitución "por el menoscabo a los derechos de las víctimas". Apartados que reconocen, entre otros asuntos, el derecho de la ciudadanía española a "la dignidad de la persona" así como a la "integridad física y moral". Por otro lado, el recurso entiende que la norma autonómica "plantea vulneraciones de competencias estatales establecidas en la Constitución, así como del deber de colaboración".
Artículos recurridos
En concreto, el jefe del Ejecutivo recurrió el apartado 3 del artículo 1 de la norma, donde se "reconoce el mismo régimen de protección y reconocimiento a las víctimas de la Segunda República y del terrorismo que a las víctimas a las que hace referencia la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática".
Igualmente, recurrió el artículo 2, sobre los "derechos de las víctimas y sus familiares", donde se mencionan las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas; la reparación y preservación de su memoria, "evitando cualquier intento de revanchismo o manipulación de nuestra historia que aliente el enfrentamiento entre españoles"; el acceso a los documentos en poder de las administraciones públicas valencianas para la investigación de los sucesos que rodearon los actos de violencia descritos; o la investigación de los hechos delictivos perseguibles realizados contra las víctimas del terrorismo que no hubieran sido resueltos.
Asimismo, se recurrió el artículo 3, sobre la Unidad Valenciana de la Concordia, con inciso en los apartados 1 y 5, que mencionan las obligaciones establecidas en el artículo segundo; y la disposición transitoria segunda, que indica que la tramitación de los procedimientos en materia de memoria democrática iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de esta ley decaerán de manera automática, a excepción de los procesos de exhumación.
El recurso también se interpuso contra la disposición derogatoria por la que se suspendía la aplicación de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de memoria democrática de la Comunitat Valenciana.
El Consell defendió la ley para "proteger a todas las víctimas"
En julio de 2024, cuando el pleno de la cámara autonómica sacó adelante la ley impulsada por los 'populares' y los de Abascal, entonces socios en la Comunitat, el Gobierno central anunció que recurriría la nueva norma ante el Constitucional. "Lo vamos a hacer igual que con la ley aragonesa" con el objetivo de apelar "al Tribunal de los Derechos Constitucionales del país, porque la Constitución protege los derechos de las víctimas del franquismo", declaró entonces la ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, indicó por su parte que "la diferencia" entre la ley de memoria democrática del Botànic con la nueva es que el Consell de PP y Vox ratificaba "los derechos de todas las víctimas de violencia política". "Nosotros ratificamos los derechos de todas las víctimas de violencia política, de todas", remarcó. Un argumento que no gustó a Compromís y a PSPV, quienes rápidamente mostraron su rechazo.
Ahora, el TC, tras haber invocado el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de los preceptos explicados desde la fecha de interposición del recurso, el pasado 29 de abril, para las partes del proceso, y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para los terceros.
La decisión del Constitucional ha recibido críticas por parte de Vox. La formación ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por querer que su "régimen sea perpetuo". A su juicio, la suspensión de la ley de concordia se traduce como "un abuso de poder por parte del gobierno". El objetivo de la norma, apunta, es "la de amparar la reconciliación ya alcanzada en España y acabar con el sectarismo ideológico de la izquierda".
Por su parte, el líder del partido, Santiago Abascal, ha apuntado al Tribunal Constitucional porque considera que su presidente es un "títere" de Pedro Sánchez. También ha repartido los reproches con el Partido Popular porque cree que esta decisión legal no se hubiera producido sin el pacto entre 'populares' y socialistas para designar al actual presidente del órgano judicial, Cándido Conde-Pumpido. Abascal considera este acuerdo un "episodio vergonzante más del bipartidismo".
