Este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá junto a los sindicatos a la firma del acuerdo para la subida salarial de los funcionarios. Finalmente será de un 11% en cuatro años, hasta 2028. El acuerdo ha costado varias reuniones y además incluye mejoras laborales. El sindicato Comisiones Obreras no ha decidido si se suma o no a la firma.
Ya en la nómina de diciembre recibirán la subida de todo este año, un 2,5%. En enero el salario aumentará un 1,5%, en 2027 será de un 4,5% y de un 2% en 2028. Además, si el IPC del año que viene alcanza el 1,5%, los funcionarios recibirán medio punto más a principios del 27. UGT afirma que es un buen acuerdo. Según la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, "en 13 meses nueve puntos más en la nomina, se elimina la rasa de reposición, que llevamos décadas reclamando esto".
Por su parte, CSIF aplaude que los funcionarios recuperarán casi un 3% de poder adquisitivo. El secretario general de este sindicato, Miguel Borra, asegura que se ha conseguido "el mejor acuerdo posible para como está el país, con un Gobierno en minoría, los presupuestos bloqueados y mucha incertidumbre política".
CC.OO. es el único que tiene dudas y recuerda que hay puntos sin cumplir del acuerdo anterior, como "la carrera profesional y la jubilación parcial", afirma el secretario general del sindicato, Unai Sordo.
Los sindicatos muestran sus cartas y proponen una subida del salario mínimo de un 7,5%. Hay que tener en cuenta que parte de ese aumento, si nada cambia, se iría vía impuestos a Hacienda. Lo explicamos en "Fin de mes", con Guillermo Hernández.
Las organizaciones sindicales presentes en el ámbito de negociación del Estatuto Marco del personal sanitario se han concentrado frente al Ministerio de Sanidad para reclamar mejores condiciones laborales. En '24 Horas de RNE' hablamos con Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: "Llevamos años negociando con los sindicatos, pero no podemos abstraernos de que el Estatuto Marco tiene como uno de sus actores principales a las CC.AA. y no se puede hacer una normativa a espaldas de ellas".
La vicepresidenta del Sector Nacional de Sanidad de CSIF, Sacramento Rodríguez Arroyo, asegura: "Los trabajadores que sostenemos la sanidad pública tienen que mirar por nosotros porque si no la sanidad se hunde". Desde el CSIF añaden que están desmotivados: "Todo esto está conllevando pérdida de profesionales que se están yendo a la privada, se están yendo a otros países y al final, desgraciadamente, todo esto está repercutiendo en nuestras condiciones laborales, en la calidad que aportamos a los ciudadanos y no queremos eso".
Este martes está previsto que el Gobierno apruebe en el Consejo de Ministros la tramitación urgente del nuevo registro horario impulsado por el Ministerio de Trabajo, que quiere sacarlo adelante a través de un real decreto para que no sea necesario que pase por las Cortes para su aprobación. En Las Mañanas de RNE hemos querido hablar sobre ello con el secretario general de CC. OO., Unai Sordo.
"Es un tema que no hemos negociado lo suficiente", ha comenzado apuntando el dirigente de Comisiones Obreras. Además, ha detallado que en España cada semana "se hacen alrededor de dos millones y medio de horas extra que ni están pagadas ni cotizadas", lo que relaciona con los sistemas de control horario de las empresas, que "no están adaptados a los tiempos". Sordo ha explicado que "la mejora puede ayudar a la reducción efectiva del tiempo de trabajo, al menos del no pagado y no reconocido".
El secretario general del sindicato ha asegurado que, para que el nuevo registro horario no derive en una vigilancia abusiva, lo que permitirá es "facilitar mucho un trabajo más efectivo de la inspección", que debe "dotarse con más recursos y con más cualificación". Si el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral no saliera adelante, Unai Sordo ha aclarado que, desde Comisiones Obreras, lo que harán será "abrir el foco", porque ha recalcado que no solo es importante la reducción del tiempo de trabajo, sino también la de los contratos a tiempo parcial, los despidos… y es por ello por lo que plantearán "un proyecto laboral amplio para lo que quede de legislatura". No obstante, ha avanzado que, si el Consejo de Ministros tumba la propuesta, "exigiremos un nuevo proyecto de ley e iremos a un proceso, sin duda, de movilización".
Cada vez hay más alumnos que necesitan apoyo educativo debido a dificultades en el aprendizaje, déficit de atención o altas capacidades. Son un 75% más que hace seis años, pero los recursos no crecen en la misma proporción. Una de las soluciones que propone el Gobierno es reducir el número de alumnos en las aulas con más niños que necesiten ayuda.
En los centros entienden que es complicado equilibrar las necesidades de todos los alumnos. Según Julia Povo, una tutora del Soporte Intensivo para la Escolarización Inclusiva (SIEI), "a estos alumnos se les intenta prestar la atención para sacar el máximo rendimiento escolar", pero "el hecho de que haya cada vez más alumnos en nuestras clases hace que a veces no podamos prestar toda la atención a quien lo necesita".
Este tipo de alumnos, según Comisiones Obreras (CC.OO.), se ha disparado un 128%, aumentando este tipo de alumnos tres veces más que la inversión para atenderlos. Las propuestas del sindicato son: aumentar el producto interior bruto (PIB) destinado a educación y el presupuesto un 8,5% para llegar a todas estas necesidades con bajadas de ratio, que el alumnado con necesidades educativas especiales cuente el doble, muchos más orientadores para la detección y comedores universales y gratuitos.
El Gobierno, por su parte, ya ha puesto sobre la mesa propuestas para reducir las ratios en zonas vulnerables en las aulas con más necesidades de apoyo. La negociación con sindicatos continúa.
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Fin de mes