- "Está haciendo un trabajo extraordinario", ha defendido el ministro Óscar López
- En el socio de coalición optan por el silencio y evitan pronunciarse sobre el tema
- Según han informado fuentes populares en el Congreso, el escrito se ha registrado en nombre de todas las acusaciones
- También piden que el PSOE informe de quiénes han percibido pagos en efectivo y quién no por parte del partido
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han vuelto a enfrentarse este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Sánchez ve al líder del PP "a un tris" de dejar de ser el jefe de la oposición y "cederle sus escaños" a Santiago Abascal (Vox). Feijóo ha llamado a Sánchez "el presidente de la corrupción".
Hoy, el Partido Popular utilizará su mayoría absoluta en el Senado para impulsar un conflicto de atribuciones con el Gobierno por incumplir por tercer año consecutivo su obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, la Cámara Alta va a pedir al Ejecutivo que presente en el Congreso unas nuevas cuentas en el plazo de un mes. De no hacerlo, se abrirá la vía para elevar esta cuestión al Tribunal Constitucional. Analizamos esta cuestión con Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.
El artículo 134 de la Constitución establece que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". ¿Qué consecuencias legales puede tener no hacerlo? Según el catedrático, "el Gobierno ha incumplido flagrantemente esa obligación constitucional los dos últimos años. El debate de presupuestos es la esencia de la democracia parlamentaria".
"El conflicto de atribuciones es desconocido, pero este caso encaja como anillo al dedo", explica Tajadura. "El Constitucional es un árbitro que resuelve conflictos entre poder central y poderes territoriales pero también puede resolver conflictos entre órganos del propio poder central. Y esto es lo que ocurre con el conflicto de atribuciones. De los cuatro órganos constitucionales, uno podría invadir las competencias del otro. Ahí aparece el Constitucional para resolver los conflictos".
"La no presentación del proyecto de Presupuestos, no le damos suficiente importancia pero es un ataque sin precedentes al Parlamento porque lo neutraliza porque no puede hacer sus dos funciones básicas: aprobar los presupuestos, o rechazarlos, y controlar al Gobierno. Entonces el Senado no puede ejercer su función", añade. Entrevista completa en RNE Audio.
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La Fiscalía Provincial de Madrid considera que la exmilitante del PSOE Leire Díez lidera una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "desacreditar a los jefes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción" con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".
Además de la exmilitante socialista, la Fiscalía Provincial apunta al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.
Así consta en el recurso de reforma que el Ministerio Público presentó ante el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid para pedir al juez Arturo Zamarriego que rectificara su decisión de no investigar las denuncias presentadas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda en la causa que mantiene abierta contra Díez.
Imagen: EFE/ Chema Moya
Si hace unos días chocaban por la subida a las cuotas de los autónomos, ahora la vivienda vuelve a enfrentar a los socios de coalición y en Sumar sugieren que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, debería dimitir por no tomar medidas para hacer frente a la crisis habitacional. "Se nos está acabando la paciencia con ella", ha avisado la portavoz de Sumar, Verónica Barbero.
Rodríguez presentó a principios de octubre a las comunidades autónomas un plan Estatal para "consolidar" el parque público de vivienda, rehabilitar inmuebles en barrios urbanos y medio rural, y ayudas para los jóvenes para adquirir una residencia. Además, propuso atajar lo que considera que es la "raíz" del problema: incentivar la construcción para atajar la falta de oferta.
Preguntados en el Gobierno por las declaraciones de Sumar, evitan el choque directo. "En esta legislatura este Gobierno ha demostrado que se toma muy en serio este problema. Nadie tiene duda de que para este Gobierno la vivienda es una prioridad y no vamos a cejar en ese empeño", se ha limitado a defender la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Imagen: Jesús Hellín / Europa Press
Los grupos parlamentarios de la oposición han reaccionado tras conocer que el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha entregado en el Tribunal Supremo un escrito en el que asegura que pagó 20.000 euros en dinero negro al exministro y exdirigente del PSOE José Luis Ábalos para ayudarle a comprar un local en Valencia. Sumar, el socio del PSOE en el Gobierno, ha dicho que darán veracidad a los hechos cuando haya una sentencia, mientras Podemos ha instado al PSOE a "dejar de quitarle importancia a su caso de corrupción". Vox ha asegurado que están "dispuestos a llegar hasta el final" y que seguirán adelante con la querella que han presentado para conocer "hasta qué punto llegan las irregularidades" del PSOE. Foto: La portavoz de Sumar, Verónica Martínez, en rueda de prensa ofrecida este martes en el Congreso, en el marco de las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces. EFE/Zipi.
Sumar reta al PSOE y sugiere que si la ministra de Vivienda no toma medidas dimita: "Se acaba la paciencia con ella"
- Díaz elude hablar de responsabilidades y pide una negociación entre socios "por el bien del país"
- El PSOE evita el choque directo y defienden el trabajo que "se está haciendo": "La vivienda es una prioridad"
- Advierte de que ese delito solo se produciría con "alteraciones sustanciales de la verdad" sobre "hechos determinantes"
- La fiscal puso de manifiesto su rechazo a que se admitiera a trámite de la querella presentada por la organización Hazte Oír
- El empresario ha entregado en el Supremo un escrito y adjuntado documentos para justificar la operación
- El exministro se ha defendido y dice que ya ha dado cuenta al juez sobre el contrato al que alude Aldama
- Abascal pide que investiguen estos delitos después de conocer que el PSOE abonaba dinero en efectivo a Ábalos
- "Los españoles no pueden seguir soportando la corrupción del entorno del presidente", ha sostenido el líder de Vox
- Toma esta decisión después de que Ábalos y Koldo se acogiesen a su derecho a no declarar, sin dar "información alguna"
- Mariano Moreno Pavón y Celia Rodríguez Alonso tendrán que declarar el día 29 de octubre a las 10:00 y a las 12:00
- "Tenemos un parlamento que no es sencillo y eso exige un esfuerzo de diálogo", reconoce el ministro de Relaciones con las Cortes
- El Gobierno no da por roto el diálogo con Junts para conseguir su apoyo de cara a las cuentas públicas
La economía coge fuerza en el debate político. El PSOE intenta tranquilizar a los autónomos y critica las propuestas de Feijóo. Los populares insisten en que la gestión económica del Ejecutivo perjudica a las familias.
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