Algunos medios hablan, estos días, de la "tormenta perfecta" a la que se enfrenta el PSOE en este fin de curso, marcado por el cierre de un ciclo electoral y por los frentes judiciales. El último tiene un nombre propio: José Luis Rodríguez Zapatero. Por primera vez, un expresidente del Gobierno está llamado a declarar como imputado -será el 2 de junio- por el "caso Plus Ultra". El juez le sitúa -en su contundente auto de 85 páginas- al frente de una trama "estable y jerarquizada" relacionada con el rescate de 53 millones de euros, en plena pandemia, de una aerolínea que, en estos momentos, está negociando un nuevo plan de viabilidad. Investigado por el presunto cobro de comisiones como intermediario, Rodríguez Zapatero tendrá que responder a la acusación de supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Asimismo, estaría presuntamente implicado en otros negocios. Por ejemplo, en el acceso al petróleo de Venezuela por sus contactos con los dirigentes de ese país. El ex secretario general socialista lo ha negado todo y asegura haber actuado siempre "con absoluto respeto a la legalidad". Para Esteban Urreiztieta, subdirector de El Mundo "es verdad que el auto se basa en conversaciones de terceros. Lo que pasa es que estamos en la fase de instrucción. No es exigible a un juez que está investigando, que ha empezado a investigar un caso, que tenga las pruebas definitivas". A principios de semana, agentes de la UDEF registraban su oficina y las de otras tres empresas. Entre ellas, la agencia de comunicación de sus hijas. Anna López, doctora en Ciencias Políticas, subraya que la imputación "erosiona simbólicamente un referente en un cambio en España, en temas como la memoria histórica, derechos LGTBI o igualdad". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control en el Congreso, cerraba filas en torno a Zapatero: "toda la colaboración con la justicia, todo mi respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo". Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "solo hay que leer el auto para saber que sin su consejo de ministros no habría podido delinquir ni Zapatero ni Ábalos ni Cerdán". La noticia supone un enorme jarro de agua fría para el PSOE, justo en un momento en el que el partido suma cuatro derrotas autonómicas consecutivas. En Andalucía, la ex vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se quedaba por debajo del mínimo histórico. "Se asoma al peor dato en unas autonómicas en cuanto al número de escaños", señala Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, "y es un partido que lo fue todo en Andalucía". Los populares, con Juanma Moreno al frente, perdió la mayoría absoluta y, ahora, después de negarlo prácticamente durante toda la campaña, todo apunta a que tendrá que negociar con Vox para seguir gobernando. "Me cuesta trabajo imaginar al presidente de Andalucía, a Moreno, asumiendo eso de la prioridad nacional de Vox", asegura Morillo, pero "cuando hay un gobierno en juego, quizás serían capaces de saltarse líneas rojas". Según Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla, "no tiene más remedio que negociar y seguramente tendrá que incluir en el acuerdo final con Vox algunos de los postulados de Vox". El "lío" está servido.
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