El Gobierno ha publicado ya en el BOE los dos decretos de vivienda aprobados este martes, que deben ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso. El primero entrará en vigor el miércoles y, salvo sorpresas, cuenta con apoyos suficientes para salir adelante. Entre otras medidas, prorroga la suspensión de los desahucios hasta finales de 2030, permite ampliar hasta dos años los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y endurece las restricciones a la compra de vivienda por parte de fondos y empresas.
Distinta suerte podría correr el segundo decreto, que establece una prórroga automática de los alquileres. Aunque prevé su entrada en vigor el próximo 15 de noviembre, el Gobierno no dispone por ahora de los apoyos necesarios para aprobarlo, por lo que su aplicación aparece, de momento, en el aire.
La secretaria de Estado de Vivienda, Leire Iglesias, ha estado en La Hora de la 1 para explicar las novedades que incluyen los nuevos decretos de vivienda y de alquiler que ahora tienen que ser aprobados por la Diputación Permanente del Congreso.
Entre ellas ha explicado que el decreto de vivienda suspende hasta 2030 que los fondos buitre puedan desahuciar a personas vulnerables siempre y cuando lo acrediten servicios sociales. También ha asegurado que los fondos de inversión no recibirán ninguna compensación hasta que no "haya garantía de una alternativa habitacional". "La norma también refuerza que las administraciones autonómicas y locales garanticen esa alternativa habitacional", ha asegurado.
Sobre los préstamos de 50.000 euros a interés cero "que pueden corresponderse con la entrada para comprar una vivienda", Iglesias ha explicado que los puede pedir cualquiera a quien un banco le pueda conceder una hipoteca y que la devolución al Estado se realiza una vez se haya amortizado con el banco el crédito hipotecario.
Leire Iglesias también han asegurado que la norma también va a perseguir que se cometa "fraude" con el alquiler de temporada.
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Isabel Rodríguez, Pablo Bustinduy y Yolanda Díaz han respondido a las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de un adelanto electoral si los decretos de vivienda no salen adelante este viernes en el Congreso.
La ministra de Vivienda no se ha referido a la posible cita con las urnas pero sí ha dicho que "el momento de la verdad ha llegado" refiriéndose a las votaciones, el titular de Derechos Sociales ha reconocido que "el run run" de las elecciones "está por todas partes". Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha reconocido haber hablado con Pedro Sánchez, pero ha asegurado que se guarda para ella el contenido de la conversación.
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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que las fuerzas de izquierda están preparadas ante un adelanto electoral y ha recalcado que las próximas elecciones "serán un referéndum" sobre la vivienda.
En una entrevista en La Hora de la 1, ha reconocido que el "run run" de un posible adelanto electoral "está por todas partes", pero que es una decisión que corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"Nuestro programa político tiene un punto esencial que es el derecho a la vivienda", ha insistido, al tiempo que ha advertido de que los diputados que voten este viernes en contra de los dos decretos de vivienda van a quedar retratados "con nombres y apellidos", lo van a pagar "muy caro" y les va a "pasar por encima".
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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy se ha mostrado indignado ante la negativa de Junts a apoyar los decretos de vivienda. En La Hora de la 1 ha asegurado que "quienes voten no hoy estará firmando debajo de cada desahucio que suceda".
El ministro que se encargará de defender el decreto de alquileres en el Congreso ha añadido que "si las derechas votan en contra de unos decretos que son de sentido común, lo van a pagar muy caro y van a perder las próximas elecciones generales que van a ser un referéndum por el derecho a la vivienda".
Preguntado sobre la posibilidad de un adelanto electoral, Bustinduy ha reconocido que "el run run está por todas partes". El titular de Derechos Sociales ha asegurado que "nosotros vamos a estar preparados para cualquier escenario, pero el orden lo tenemos claro: primero la votación de los decretos y que los firmen. Y mientras, que se oiga la voz del pueblo", en referencia a las protestas sociales y acampadas para defender el derecho a la vivienda.
Bustinduy ha terminado explicando que "nuestras organizaciones se van a reunir el domingo para tomar futuras decisiones, pero antes vamos con las votaciones".
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Este viernes entra en vigor el segundo de los decretos aprobados por el Gobierno, que establece la prórroga automática de determinados contratos de alquiler. La medida se suma al paquete de reformas ya publicado en el BOE, aunque su aplicación práctica sigue generando numerosas dudas.
Inquilinos y propietarios tratan de aclarar cómo cambiará su relación contractual y qué margen de actuación tendrán a partir de ahora ante cuestiones como la duración de los contratos, la recuperación de la vivienda o las futuras actualizaciones de renta.
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el real decreto que amplía la protección frente a los desahucios hasta finales de 2030 y prohíbe que fondos o empresas compren viviendas por debajo del 70% de su valor.
Las personas vulnerables y sin alternativa habitacional no podrán ser desalojadas. En caso de impago, las comunidades autónomas se harán cargo del alquiler si no ofrecen una alternativa y el desahucio quedará suspendido. Solo se seguirá adelante con el lanzamiento si el propietario tiene como máximo dos viviendas o es vulnerable.
Foto: Eduardo Parra Eduardo Parra / Europa Press
Beatriz Duro, abogada de Maricarmen Abascal, ha asegurado que su representada está "muy feliz y esperanzada de volver a su casa, de la que nunca debió haber salido", tras alcanzarse un acuerdo con la empresa Urbagestión, propietaria de la vivienda. La anciana, de 87 años, podrá regresar a su domicilio en el barrio de Retiro, en Madrid, cuando reciba el alta del Hospital Gregorio Marañón, donde permanece ingresada seis días después de su desahucio. El acuerdo contempla un contrato de alquiler de ocho años y una renta adaptada a sus ingresos, que no superará los 500 euros mensuales ni el 30% de su pensión.
La letrada ha explicado que el estado de salud de Maricarmen sigue siendo delicado y ha atribuido esta situación a la presión que la que se vio sometida durante el proceso de desahucio. Duro ha calificado como una "imagen de la vergüenza" las escenas del desalojo, cuando la anciana fue sacada a la fuerza de su vivienda en camilla y trasladada en ambulancia al hospital. No obstante, ha señalado que este martes ha podido acompañarla y que la encontró "muy feliz y muy contenta" al conocer que podrá regresar a su hogar.
Asimismo, ha señalado que Maricarmen no quiere que esto sirva únicamente para resolver su situación particular, sino para trasladar el mensaje de que "la lucha sirve" y que es necesario impulsar medidas efectivas que garanticen el derecho a la vivienda.
Beatriz Duro ha afirmado de que Maricarmen es el ejemplo de que "la lucha sirve". Ha lamentado que, después de ser desahuciada, ninguna administración pública le ofreciera una alternativa habitacional a pesar de su situación de vulnerabilidad, lo que ha calificado de "fracaso absoluto" de las instituciones.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos decretos de vivienda que contemplan, entre otras medidas, la prórroga automática de los contratos de alquiler, como exigía Sumar y el Sindicato de Inquilinas, y prohíbe la compra de pisos a los fondos buitre hasta 2028. También la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones o la reducción del IVA al 4% para la construcción de vivienda pública. El Gobierno ha pedido al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este viernes para la convalidación de los dos textos y espera concitar la mayoría suficiente para que ambos salgan adelante, como ha señalado la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
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En el informativo 24 horas de RNE, con Lara Hermoso, estamos en la Puerta del Sol donde estos días acampan cientos de personas exigiendo el derecho a una vivienda digna y que se apruebe el real decreto ya conocido como real decreto Maricarmen.
Hablamos con Teresa Sarmiento, vecina de 73 años del madrileño barrio de Lavapiés que vivía en el número 11 de la calle Argumosa. Después de 30 años viviendo allí, fue desahuciada en 2022. Todo comenzó en 2018, cuando rescindió su contrato de renta antigua, que era de 355 euros al mes. Ella cobra 450 euros de pensión y le pidieron más de 1.000 euros mensuales. Teresa no podía pagar tal cantidad, así que se quedó en el piso y la propiedad la demandó: "He llorado mucho con el caso de esta mujer, de Maricamen. Me ha hecho recordar todo mi pasado", asegura esta vecina.
Actualmente Teresa reside en Torrejón de Ardoz en unos pisos tutelados de la Comunidad de Madrid: "Vivo con una señora de 80 años". Teresa vuelve de vez en cuando a visitar su antiguo barrio pero asegura que Lavapiés "está muriendo con todo lo que está pasando". Teresa manda un mensaje de ánimo a todas las personas que acampan en la Puerta del Sol y asegura que si pudiera, estaría allí.
