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Hablamos con Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y presidenta de Fundació Sentit Comú

Colau: "Este Gobierno no ha hecho el máximo esfuerzo por la vivienda"

Ada Colau ha reclamado al Gobierno que el próximo decreto de vivienda sea "de máximos y no “de mínimos", y ha defendido que el PSOE debe cumplir su compromiso de hacer "el máximo esfuerzo" para garantizar el derecho a la vivienda. La exalcaldesa de Barcelona ha considerado que el desahucio de Maricarmen ha evidenciado un "fracaso colectivo", y ha pedido recuperar la moratoria para personas vulnerables, prorrogar los alquileres y regular los contratos de temporada. "Lo importante es que ha habido una lección popular a la impotencia de la política institucional”, ha señalado.

Colau ha defendido además la creación de un fondo público para adquirir viviendas en manos de fondos de inversión y evitar nuevos desahucios de personas vulnerables. Sobre la posibilidad de que Junts no apoye las medidas, ha reclamado que las iniciativas se presenten igualmente y que cada grupo parlamentario "se retrate" en el Congreso. También ha criticado la actuación del Ministerio de Vivienda ante los últimos desahucios, y ha sostenido que "no se ha hecho todo lo suficiente" para proteger a las personas afectadas.

Preguntada por su futuro político, Colau ha descartado volver a la política activa. Ha explicado que "no soy candidata a nada", y que no tiene intención de "liderar nada", aunque ha asegurado que seguirá defendiendo el derecho a la vivienda y que, si puede contribuir a que las izquierdas se organicen para frenar el avance de la extrema derecha, lo hará. "He defendido el derecho a la vivienda durante décadas, toda mi vida", ha afirmado.

La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, explica que de momento "aún no tiene alternativa habitacional" y agradece las muestras de solidaridad hacía su caso, ya sea con las protestas por toda España como particulares que les han ofrecido alternativas. Espera que este caso sirva de ejemplo ante la realidad de los desahucios porque no todos los casos son tan mediáticos: "Espero que este caso sirva de ejemplo y sea el motor que ponga de relieve una realidad vergonzosa". Lamenta que no se legisla para "garantizar el derecho a la vivienda" y que lo que se ha hecho hasta ahora solo han sido "parches".

Sobre el caso de Maricarmen asegura que Urbagestión "nunca ha querido negociar" y eso que han ofrecido hasta pagar la renta que ellos querían y y no ha servido la mediación de Casa 47, la empresa pública del Gobierno. Explica también que la jueza podría haber paralizado la ejecución del desahucio en base a las peticiones de la ONU y los escritos que pedían más tiempo para que tuvieran una alternativa habitacional pero también apunta a que la ley lo permite y que "tampoco podía prevaricar".

Beatriz Duro, es la abogada de Maricarmen, una mujer de 87 años a quien tras 4 intentos han desahuciado de su casa en Madrid, donde vivía desde hace 70 años. Tenía una renta antigua pero el edificio había sido comprado por un fondo de inversión que había situado el alquiler en más de 2.600 euros, inasumible para ella con su pensión. Maricarmen ha salido en camilla de su casa e ingresada en el Hospital Gregorio Marañón. Duro lamenta que la empresa propietaria "nunca ha querido negociar" incluso con personas que se han ofrecido a pagar el alquiler: "Se han negado a cualquier solución que no fuera el desahucio". También explica que también se han negado a dar más margen para garantizar una "salida digna" y que todo se ha quedado en casa. En principio debería tener una alternativa habitacional en una residencia.

El veto del Congreso en abril al real decreto-ley de prórroga extraordinaria de los alquileres ha dejado en un vacío jurídico y un escenario de incertidumbre a miles de alquilados en España.

Si el casero aceptó expresamente la prórroga durante el tiempo en que el decreto estuvo en vigor, esa aceptación es vinculante y obliga al propietario a mantener el acuerdo por los dos años adicionales con el tope del 2% de actualización.

Si se envió un burofax solicitando la ampliación pero el propietario no llegó a aceptarla antes de la derogación de la norma, o si el contrato vencía tras el fin de la vigencia del decreto, la petición carece de respaldo legal definitivo. Este es el escenario más confuso y abre la puerta a litigios y a la oposición del casero cuando se produzca el vencimiento del contrato.

Fotografía: Mario Guti vía Getty

Con los alquileres disparados, las residencias de estudiantes cobran interés entre universitarios e inversores.

Hasta 20 han abierto en todo el país en el último curso: ya son más de un millar. Un negocio al alza durante en un lustro, impulsado por el creciente coste del alquiler de pisos para estudiantes.

El atractivo de España como destino universitario aumenta una demanda difícil de atender por los elevados precios del alquiler y el déficit de camas.

En algunos lugares, el coste de los pisos compartidos se acerca al de la residencia privada. Si a eso se suma los servicios que incluye (suministros, limpieza o zonas comunes), ya no se aleja tanto su coste del alquiler tradicional.

FOTO: GETTY IMAGES

Casi 60 familias jóvenes contarán a partir de mañana con una vivienda de alquiler asequible en Valladolid. Un proceso que ha sido largo y que se ha hecho realidad hoy en un acto al que ha asistido la directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda, Maribel Vergara, también la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Un acto en el que la vicepresidenta segunda ha expresado el compromiso de la Junta con la vivienda para impulsar la disponibilidad de suelo, las ayudas, el alquiler, la compra o la rehabilitación y ha abogado por hacerlo manera "coordinada" y "colaborativa, es nuestra prioridad".

La actuación, destinada a facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda asequible, eficiente y de calidad, supone una inversión total de 8,15 millones de euros, de los cuales 2,6 millones de euros se financian por la Unión Europea con fondos NextGeneration y 5,55 millones de euros son aportados por la Junta de Castilla y León.

Por su parte, la directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio ha señalado que el Gobierno ha contribuido con 2,7 millones a la promoción de Los Viveros y ha destacado que el Ejecutivo central apuesta por que la vivienda como "base de la estabilidad, la seguridad y la salud" y ha añadido que trabajará para que la vivienda sea "ante todo un derecho y no un bien de mercado".

En el acto también han participado dos jóvenes que han contado lo que supone para ellos haber sido beneficiarios de este alquiler asequible que ronda los cuatrocientos euros al mes y se puede prolongar durante siete años.

El alto precio de la vivienda coloca a más jóvenes al borde de la pobreza. Casi el 20%, de los jóvenes realiza un sobresfuerzo para pagar la vivienda ya que destina más del 40% de sus ingresos a costearla. Supone el doble de la media nacional.

Además, la falta de vivienda pública les empuja al alquiler en el mercado libre, la forma más cara de vivir.

En España, solo el 3,2% de la vivienda es pública. Habría que destinar otras 900.000 para alcanzar la media europea que roza el 8%.

Con las viviendas construidas en los últimos cinco años apenas alcanzan para alojar a la mitad de los nuevos hogares que se han creado, según el estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

FIRMA IMAGEN: JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

El precio de la vivienda sigue sin tocar techo. En el primer trimestre, su precio se disparó casi un 14% y el metro cuadrado superó los 2.300 euros de media, cifra que se duplica en lugares como Madrid o Baleares.

Queda patente en un rápido repaso a los anuncios, pero las inmobiliarias admiten que hay vendedores que han inflado tanto el precio que se ven obligados a bajarlo.

Este sobreprecio se suma a los tipos elevados y a unas condiciones hipotecarias que echan para atrás a muchos compradores.

Entre enero y marzo, en los principales mercados de la vivienda, una quinta parte de los anuncios ha bajado el precio de salida, sobre todo, en las propiedades más caras.

Hablamos con Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España

"A los jóvenes ya no les sirve trabajar para poder pagarse el alquiler"

Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España, ha advertido en "Las Mañanas de RNE" que "sólo el 14,5% de los jóvenes puede emanciparse en la actualidad", el peor dato desde que existen registros del organismo. Durante su entrevista, ha asegurado que "ya no sirve con trabajar" porque el precio medio del alquiler "equivale casi al 99% del salario medio de una persona joven". Henry ha denunciado que pagar el alquiler ha elevado el riesgo de pobreza juvenil "a más de un 55%", y ha resumido la situación afirmando que "los jóvenes nos emancipamos cuando dejamos de ser jóvenes".

La presidenta del Consejo de la Juventud de España también ha defendido que "comprar se ha convertido en una utopía", y ha reclamado más urgencia política para afrontar la crisis de vivienda. Henry ha pedido a las administraciones "a construcción de un parque de vivienda pública con una reserva para la gente joven" y la regulación de los precios del alquiler en zonas tensionadas. Además, ha lamentado que "los problemas de la juventud son de segunda división", y ha asegurado que las personas jóvenes sienten que sus propuestas "no se tienen en cuenta como las de otras generaciones".